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LEY DE VIALIDAD, TRÁNSITO Y CONTROL VEHICULAR DEL ESTADO DE CAMPECHE


TEXTO VIGENTE

Última Reforma: el 10 de diciembre de 2019.

Actualización: 12  de diciembre  de 2019.


TÍTULO PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES


CAPÍTULO I

GENERALIDADES


Artículo 1.- La presente Ley es de orden público e interés general y tiene por objeto regular y controlar el uso de la vialidad, la infraestructura, los servicios y los elementos inherentes o incorporados a la misma, para garantizar su adecuada utilización, planeación, construcción y aprovechamiento, así como la seguridad de los peatones, conductores y usuarios, y el control en el tránsito de personas y vehículos.


ARTÍCULO 2.- Es de utilidad pública y beneficio general, el establecimiento y uso adecuado de las áreas susceptibles de tránsito vehicular y peatonal; señalización vial y nomenclatura y en general la utilización de los servicios, la infraestructura y los demás elementos inherentes o incorporados a la vialidad en el Estado, en términos de este ordenamiento y demás disposiciones jurídicas y administrativas aplicables.

 

ARTÍCULO 3.- La aplicación de la presente Ley compete al Ejecutivo Estatal a través de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Secretaría de Obras Públicas y Comunicaciones, respecto de las vías de jurisdicción estatal.


Los Ayuntamientos serán los encargados de regular el diseño y tránsito de las vías de comunicación terrestre que les correspondan en términos de la presente ley, así como en aquéllas respecto de la cuales celebren convenios de coordinación con el Ejecutivo del Estado.

 

ARTÍCULO 4.- Los Municipios participarán en la formulación y aplicación de programas de vialidad cuando deban ejecutarse dentro de su territorio.


La participación se realizará a través de las Comisiones Municipales de Vialidad a que se refiere esta Ley.


ARTÍCULO 5.- En todo lo no previsto por esta Ley, serán aplicables de forma supletoria la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Campeche, la Ley de Bienes del Estado de Campeche y sus Municipios y la Ley de Procedimiento Administrativo para el Estado y los Municipios de Campeche, y las demás que se consideren aplicables.


Artículo 6.- Con sujeción a los principios constitucionales de libre tránsito en el territorio del Estado, las autoridades encargadas de la aplicación de la presente Ley, coordinarán sus acciones a efecto de optimizar el uso y conservación de las actuales vías de comunicación terrestre, en beneficio de la población. 


La planeación y ejecución de las acciones en materia de construcción y conservación de vías de comunicación terrestre en el Estado, tendrán como objetivo lograr la efectiva comunicación de todos los centros de población, procurando una especial atención a los asentamientos humanos con un mayor índice de marginación.


El Gobierno del Estado convendrá con el Gobierno Federal la realización de las obras que sean necesarias para lograr la modernización y homogeneización de la infraestructura vial federal que se encuentra dentro del territorio del Estado, así como para que contribuya a una efectiva comunicación del Estado con la red carretera nacional y con las entidades federativas colindantes. En los casos en que el Ejecutivo Estatal lo considere necesario, podrá solicitar la concesión para la construcción, conservación y aprovechamiento de carreteras o puentes de jurisdicción federal.


ARTÍCULO 7.-  El Ejecutivo del Estado podrá establecer tarifas o cuotas de peaje por el uso de carreteras o caminos estatales, a efecto de recuperar las inversiones en la construcción de los mismos y contar con ingresos suficientes para su conservación.  Estas tarifas o cuotas se determinarán en atención al tipo de vehículo.


No serán objeto de tarifa o cuota alguna los vehículos de emergencias que en ejercicio de sus funciones transiten por las vías de cuota estatales.


El Ejecutivo del Estado, previo análisis de las necesidades de los habitantes del lugar donde se ubique la caseta de las vías de cuota, podrá celebrar acuerdos o convenios con los operadores, para que se efectúen los descuentos y reducciones tarifarias que se estimen necesarias. 


ARTÍCULO 8.- La operación y mantenimiento de las carreteras de cuota estatal, podrá realizarla el Ejecutivo del Estado:


I. Directamente a través de la Secretaría de Finanzas y Administración, y de Obras Públicas y Comunicaciones, en sus respectivos ámbitos de competencia;
II. Mediante organismos descentralizados especializados; y
III. A través de particulares mediante concesión o el esquema jurídico-financiero que al efecto se determine.
 

CAPÍTULO II

DE LAS FACULTADES


ARTÍCULO 9.- Para el cumplimiento de la presente Ley y los ordenamientos que de ella emanen, la Secretaría de Obras Públicas y Comunicaciones tendrá, además de las disposiciones contenidas en otras leyes, las siguientes facultades:

 

I. Proveer en el ámbito de su competencia, que la vialidad, su infraestructura, equipamiento auxiliar, servicios y elementos inherentes o incorporados a ella, se utilicen en forma adecuada conforme a su naturaleza, coordinándose en su caso, con las áreas correspondientes para lograr este objetivo;
II. Dictar las medidas necesarias para garantizar el debido cumplimiento del Programa Sectorial de Vialidad del Estado y para su actualización, acorde con las necesidades e infraestructura requeridas;
III. Realizar los estudios necesarios para la creación, redistribución, modificación y adecuación de las vialidades de acuerdo con las necesidades y las condiciones impuestas por la planeación del Estado;
IV. Diseñar las vialidades necesarias y los dispositivos de control de tránsito, con base en los estudios integrales que para tal efecto se realicen y de acuerdo al manual de dispositivos para el control del tránsito;
V. Asesorar a los Ayuntamientos y, en su caso, a solicitud de los mismos, formular los estudios, proyectos y presupuestos para la construcción y evaluación de obras de vialidad;
VI. Presentar al Ejecutivo del Estado, dentro de los primeros seis meses siguientes al inicio del periodo Constitucional de Gobierno, un programa de inversiones en materia de vialidad;
VII. Instrumentar los programas y acciones necesarias con especial referencia a la población infantil escolar, personas con discapacidad, de la tercera edad, y mujeres en periodo de gestación, que les faciliten el transporte y libre desplazamiento en las vialidades, coordinando la instalación de la infraestructura y señalamientos que se requieran para cumplir con dicho fin; y
VIII. Las demás que le confiera esta Ley y los reglamentos que de ella emanen.
 

ARTÍCULO 10.- Para el cumplimiento de la presente Ley y los reglamentos que de ella emanen, la Secretaria de Seguridad Pública tendrá, además de las disposiciones contenidas en otros ordenamientos, las siguientes facultades:

 

I. Garantizar el libre tránsito y la seguridad de las personas;
II. Coordinar y ejercer el mando de los agentes de tránsito y demás elementos de la autoridad vial estatal, organizar y movilizar a los mismos, conforme a las necesidades y requerimientos que demande el interés público;
III. Proveer en el ámbito de su competencia que la vialidad, su infraestructura, equipamiento auxiliar, servicios y elementos inherentes o incorporados a ella, se utilicen en forma adecuada conforme a su naturaleza, coordinándose en su caso, con las áreas correspondientes para lograr este objetivo;
IV. Diseñar en términos de la normatividad aplicable y difundir los dispositivos de información y señalización vial que deben ser utilizados;
V. Publicar y mantener actualizado el manual de dispositivos para el control del tránsito en áreas urbanas y suburbanas;
VI. Procurar dentro del ámbito de sus atribuciones, que la vialidad esté libre de obstáculos u objetos que impidan, dificulten u obstaculicen el tránsito vehicular y peatonal, excepto en aquellos casos debidamente autorizados;
VII. Garantizar la seguridad de las personas que utilicen la vialidad a fin de manifestar sus ideas y/o demandas ante la autoridad competente;
VIII. Celebrar convenios de coordinación con las autoridades federales, municipales, o de las demás entidades federativas, en materia de tránsito y control vehicular;
IX. Expedir las licencias y permisos que para la conducción de vehículos señala la presente ley;
X. Determinar las características que deberán tener las placas y engomados que identifiquen a los vehículos registrados en el Estado;
XI. Proponer a las instancias correspondientes, alternativas que permitan una mejor utilización de las vías públicas, agilizar el tránsito sobre las mismas o disminuir los índices de contaminación ambiental;
XII. Promover la investigación y el desarrollo tecnológico en materia de vialidad y tránsito;
XIII. Actualizar permanentemente el Registro Público de Transito;
XIV. Llevar el registro de los peritos en materia de tránsito y vialidad, acreditados ante las instancias correspondientes;
XV. Instaurar, substanciar, resolver y ejecutar los procedimientos administrativos derivados del ejercicio de sus facultades relacionadas con la vialidad,  tránsito y el control vehicular;
XVI. Aplicar en el ámbito de sus facultades, las sanciones previstas en el presente ordenamiento, previo cumplimiento del procedimiento legal correspondiente;
XVII. Remitir a las personas poniéndolas a disposición de las instancias legales correspondientes a petición de parte, cuando se presuma la comisión de un ilícito, se transgredan los derechos de terceros y de forma oficiosa cuando se dé lugar a conductas de carácter delictivo en la vialidad;
XVIII. Instrumentar en coordinación con otras dependencias y con los Municipios, programas y campañas permanentes de educación vial y cortesía urbana, encaminados a mejorar las condiciones bajo las cuales se presta el servicio de transporte en el Estado, respeto al peatón, así como la prevención de accidentes, a través de la formación de una conciencia social de los problemas viales y una cultura urbana en la población; y
XIX. Implementar campañas de educación vial específica dirigidas a los conductores de motocicletas y bicicletas, para observar las disposiciones de vialidad a que se refiere el presente ordenamiento y su reglamento, con el propósito de evitar accidentes que pongan en riesgo la vida de las personas;
XX. Difundir entre los peatones las disposiciones de vialidad orientadas a la cultura de prevención de accidentes en la vía pública, a fin de ser observadas en todas las vialidades; y
XXI. Las demás que le confiera esta Ley y los reglamentos que de ella emanen.

Nota: Se reformó la fracción XIX y se adicionaron las fracciones XX  y XXI mediante decreto 82 de la LXIII Legislatura, publicado en P.O. 1076 de fecha 10  de diciembre de 2019.


ARTÍCULO 11.- Para el cumplimiento de la presente Ley, los Municipios tendrán, además de las disposiciones contenidas en otros cuerpos legales, las siguientes facultades:


I. Procurar que la vialidad de sus demarcaciones territoriales, su infraestructura, servicios y elementos inherentes o incorporados a éstos, se utilicen adecuadamente conforme a su naturaleza, coordinándose en su caso, con las autoridades correspondientes para lograr este objetivo;
II. Mantener la vialidad libre de obstáculos u objetos que impidan, dificulten u obstaculicen el tránsito vehicular y peatonal, excepto en aquellos casos debidamente autorizados;
III. Realizar los estudios necesarios para la creación, redistribución, modificación y adecuación de las vialidades y dispositivos de control de tránsito de acuerdo con las necesidades y las condiciones establecidas por la planeación del Municipio, pudiendo solicitar tanto a la Secretaría de Obras Públicas y Comunicaciones, como a la Secretaría de Seguridad Pública, el apoyo técnico que requiera en el ámbito de sus competencias;
IV. Autorizar el uso de las vías secundarias para otros fines distintos a su naturaleza o destino, cuando sea procedente, en los términos y condiciones previstas en los reglamentos que al efecto se expidan;
V. Conformar y mantener actualizado un registro de las autorizaciones para el uso de la vialidad, cuando conforme a la normatividad sea procedente;
VI. Conformar y mantener actualizado un inventario de los servicios, infraestructura y demás elementos inherentes o incorporados a la vialidad, vigilando que en su caso, cuenten con las autorizaciones necesarias para el efecto;
VII. Constituir Comités Municipales de Vialidad en materias relativas a la planeación de las vialidades, cuyo funcionamiento se establecerá en el reglamento respectivo;
VIII. Crear comités ciudadanos de vialidad, como medio para captar, dar  seguimiento y atención a las peticiones y demandas ciudadanas, su funcionamiento y conformación se establecerá en el reglamento correspondiente;
IX. Colocar, mantener y preservar en estado óptimo de utilización,  la nomenclatura de la vialidad de sus demarcaciones territoriales;
X. Instrumentar los programas y acciones necesarias con especial referencia a la población infantil escolar, personas con discapacidad, de la tercera edad, y mujeres en periodo de gestación, que les faciliten el transporte y libre desplazamiento en las vialidades, coordinando la instalación de la infraestructura y señalamientos que se requieran para cumplir con dicho fin;
XI. Regular  la operación de los estacionamientos públicos;
XII. Emitir el Reglamento en donde se regulen las facultades otorgadas en materia de vialidad y tránsito;
XIII. Remitir a la Secretaría de Seguridad Pública las actualizaciones para la integración del padrón de estacionamientos públicos, con el número de declaraciones de apertura presentadas y las sanciones que en su caso hayan sido aplicadas;
XIV. Instaurar, substanciar, resolver y ejecutar los procedimientos administrativos derivados del ejercicio de sus facultades relacionadas con la vialidad y el tránsito; y
XV. Las demás que le confiera esta Ley y los reglamentos que de ella emanen.


TÍTULO SEGUNDO

DE LA COORDINACIÓN ENTRE EL ESTADO

Y LOS MUNICIPIOS EN MATERIA DE VIALIDAD


CAPÍTULO PRIMERO

DE LA COMISIÓN ESTATAL DE VIALIDAD


ARTÍCULO 12.- Se establece la Comisión Estatal de Vialidad como instancia de planeación en materia de vialidades, así como de consenso y coordinación en la ejecución de acciones relativas a éstas.


ARTÍCULO 13.- En el seno de la Comisión Estatal de Vialidad del Estado, se formulará el Programa Sectorial de Vialidad considerando los objetivos, políticas, metas y previsiones establecidas en el Plan Estatal de Desarrollo, así como los planes y programas estatales y municipales de desarrollo, urbanos y de conservación del ambiente.


ARTÍCULO  14.- Corresponde a la Comisión Estatal de Vialidad:


I. Formular estudios técnicos relativos al establecimiento o modificación de vialidades u obras de infraestructura auxiliar;
II. Dar a conocer los estudios a que se refiere la fracción anterior al Ejecutivo del Estado;
III. Conocer y en su caso, colaborar en la formulación de estudios técnicos que realicen las Comisiones Municipales de Vialidad; y
IV. Recomendar la realización de acciones para la modernización de vialidades.

ARTÍCULO 15.- En el seno de la Comisión Estatal de Vialidad, los Ayuntamientos propondrán políticas y medidas para la regulación, modernización, y planeación de las vialidades en el Estado.


ARTÍCULO 16.- La Comisión Estatal de Vialidad estará integrada por los titulares de las Secretarías de Obras Públicas y Comunicaciones, de Seguridad Pública, de Finanzas y Administración y de Ecología, un representante de la Universidad Autónoma de Campeche, un representante de la Universidad Autónoma de Carmen y un representante del Instituto Tecnológico de Campeche.


Será presidida por el Secretario de Obras Públicas y Comunicaciones, el cual nombrará a la persona que fungirá como Secretario Técnico.


Asimismo, participarán con voz y voto los presidentes municipales de los Ayuntamientos en cuya demarcación territorial incidan los planes y programas de vialidad a tratar.


ARTÍCULO 17.- El Reglamento de esta Ley determinará lo relativo a la organización y funcionamiento de la Comisión Estatal de Vialidad, así como la participación en su caso, de otros titulares de dependencias estatales o municipales.


CAPÍTULO SEGUNDO

DE LOS CONSEJOS MUNICIPALES DE VIALIDAD


ARTÍCULO 18.- En cada uno de los Municipios, el Ayuntamiento establecerá un Consejo Municipal de Vialidad como instancia de planeación y de coordinación con el Gobierno del Estado en materia de vialidad.


ARTÍCULO 19.- Corresponde a cada uno de los Consejos Municipales de Vialidad:


I. La planeación de las vialidades del Municipio;
II. Formular estudios técnicos relativos al establecimiento o modificación de vialidades u obras de infraestructura auxiliar;
III. Dar a conocer los estudios a que se refiere la fracción anterior a la Comisión Estatal de Vialidad;
IV. Conocer y, en su caso, colaborar en la formulación de estudios técnicos que realice la Comisión Estatal de Vialidad; y
V. Recomendar la realización de acciones para la modernización de vialidades.

ARTÍCULO 20.- Cada  Consejo Municipal  de Vialidad se conformará con el respectivo:


I. Presidente Municipal, quien lo presidirá;
II. Director de Desarrollo Urbano Municipal;
III. Director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal;
IV. Director de Obras Públicas Municipal;
V. A propuesta del Presidente Municipal, dos representantes de Instituciones Académicas, dos representantes de la Sociedad Civil y según sea el caso, dos representantes de Colegios de Profesionistas vinculados al tema de vialidad; y
VI. Funcionarios de la Administración Pública Municipal que determine el Reglamento Municipal correspondiente.

ARTÍCULO 21.- El Reglamento Municipal determinará lo relativo a la organización y funcionamiento de la  Comisión Municipal de Vialidad, así como la participación, en su caso, de otros titulares de dependencias municipales.

TÍTULO TERCERO

DERECHOS Y OBLIGACIONES EN MATERIA DE  TRÁNSITO


CAPÍTULO I

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE USUARIOS,

PEATONES Y PASAJEROS

 

ARTÍCULO 22.- Esta Ley y los ordenamientos que de ella emanan, otorgan el derecho de preferencia a los peatones y los usuarios, en el momento de transportarse o transitar por las diferentes vialidades del Estado, por lo que se establecerán las medidas necesarias, a fin de garantizar al usuario la prestación del servicio público de transporte de pasajeros con estricto apego a la normatividad aplicable, y asimismo para que en las vialidades se implementen los mecanismos o infraestructura que garanticen su seguridad personal.

 

ARTÍCULO 23.- Las autoridades de la administración pública, en el ámbito de su competencia, deberán garantizar mediante la infraestructura e instalación de los señalamientos viales necesarios, la estancia y el tránsito seguro de los usuarios y peatones en las vialidades. Asimismo, evitará que las vialidades, su infraestructura, servicios y demás elementos inherentes o incorporados a éstas, sean obstaculizadas o invadidas.


ARTÍCULO 24.- Para el propósito señalado en el artículo que antecede, las autoridades de la administración pública, en el ámbito de su competencia, deberán garantizar que la vialidad, la nomenclatura y la señalización, se mantengan en buen estado.


Para efectos del párrafo que antecede el mantenimiento de las vialidades y la nomenclatura será responsabilidad de los Municipios y de la Secretaría de Obras Públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias.

 

ARTÍCULO 25.- Las dependencias y entidades de la administración pública, en el ámbito de su competencia, deberán informar a la población, a través de los medios masivos de comunicación, sobre el desarrollo de manifestaciones, actos o circunstancias que alteren en forma momentánea, transitoria o permanente la vialidad. Asimismo, deberán proponer alternativas para el tránsito de las personas o vehículos.

 

ARTÍCULO 26.- Cualquier persona tiene derecho a denunciar ante la autoridad competente, alguna irregularidad en cuanto al uso de la vialidad, así como la carencia, deficiencia o mal estado de la nomenclatura y señalización vial.

 

ARTÍCULO 27.- La Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de Obras Públicas y Comunicaciones y los Municipios, en el ámbito de su competencia, promoverán las acciones necesarias para que las vialidades peatonales existentes se mantengan en buen estado, con el fin de proporcionar a los usuarios y peatones, el tránsito seguro por éstas, llevando a cabo las medidas necesarias para que en las vialidades se establezcan facilidades para el acceso de la población infantil, escolar, personas con discapacidad, de la tercera edad y mujeres en periodo de gestación.


ARTÍCULO 28.- Cuando con motivo de espectáculos, eventos u obras destinadas al público se determine que una vialidad de tránsito vehicular sea destinada temporalmente al tránsito peatonal, la autoridad competente informará oportunamente a través de los medios de comunicación los días y horarios en que se restringirá el paso de vehículos por las mismas.


ARTÍCULO 29.- Los peatones, usuarios y pasajeros están obligados al transitar por las vialidades o hacer uso de los servicios de transporte público o privado, a respetar las disposiciones de esta Ley y sus reglamentos, así como otros ordenamientos que emitan las autoridades en materia de tránsito y vialidad.


El reglamento de esta Ley precisará las obligaciones de los peatones, usuarios y pasajeros de los servicios de transporte público y privado, considerando temas como el cruce de calles y avenidas,  el uso de pasos y puentes peatonales, el uso de las vías de tránsito peatonal, el ascenso y descenso de las unidades de transporte público y privado solo en los lugares permitidos, obediencia a las señales y dispositivos de tránsito, uso de dispositivos de seguridad como cinturones y sillas especiales para niños en el asiento trasero del vehículo, y demás que se consideren necesarias.


ARTÍCULO  30.- Los agentes de tránsito tienen la obligación de brindar la información que les sea requerida por los peatones nacionales o extranjeros para la localización de calles, dependencias, sitios turísticos, hoteles o, en su caso, carreteras o entronques de las mismas, que faciliten y agilicen su ubicación y tránsito dentro y fuera del Estado o Municipio.


CAPÍTULO II

DE LAS OBLIGACIONES DE LOS CONDUCTORES DE VEHÍCULOS

 

ARTÍCULO 31.- Es obligación de los conductores de vehículos de transporte público o privado, mercantil o particular, obtener y portar consigo, la licencia o permiso para conducir, tarjeta y placas de circulación vigentes, así como portar en el parabrisas el engomado que contiene el chip de radiofrecuencia y tener su comprobante de inscripción o actualización, emitido por el Registro Público Vehicular del Estado, y la demás documentación establecida por esta Ley y otras disposiciones jurídicas y administrativas aplicables, de acuerdo con las categorías, modalidades y tipo de servicio.


El propietario de vehículo automotor que permita que éste sea conducido por personas que carezcan de licencia o permiso para ello, será solidariamente responsable de los daños que lleguen a ocasionar con motivo de la conducción del vehículo.


Nota: Se reformó mediante decreto 175 de la LXI Legislatura, publicado en P.O. 5625 Segunda Sección de fecha 5 de diciembre de 2014.


ARTÍCULO 32.- La Secretaría de Seguridad Pública determinará las características de las licencias y permisos de conducir, cuidando en todo momento que cuente con por lo menos cinco sellos de seguridad que eviten su falsificación, firma y huella para garantizar la identidad del conductor, la autorización mediante firma electrónica por el titular de la dependencia, así como los demás datos de seguridad que se consideren necesarios.


Artículo 33.- Los conductores de vehículos se clasifican en:


I. Automovilistas: Estos son quienes cuentan con la licencia o permiso para conducir automóviles y camionetas, cuya capacidad sea hasta de dos toneladas de carga o quince pasajeros; siempre que tales vehículos no estén destinados a la prestación de un servicio público de transporte;
II. Motociclistas: Estos son los conductores de vehículos de propulsión motriz, de dos, tres  o cuatro ruedas, sin importar su capacidad, tamaño o cilindrada;
III. Choferes: Estos son los conductores de vehículos destinados a la prestación del servicio de transporte, mediante salario y que manejan a las órdenes de un patrón un vehículo de servicio particular; y
IV. Choferes de transporte público: Estos son los conductores de cualquier tipo de vehículo destinado al servicio público de transporte colectivo o individual.

Artículo 34.- El Reglamento de la presente ley, fijará los requisitos y datos que se exigirán a las personas en general y a las de capacidades diferentes  que pretendan obtener un permiso o licencia, los procedimientos de examen a que serán sometidas a efecto de acreditar su pericia en la conducción de vehículos motorizados y la temporalidad de vigencia de dichos documentos.


Los requisitos que se exijan, tendrán como finalidad identificar adecuadamente al solicitante, recabar sus datos personales, verificar sus condiciones particulares de salud y su pericia en el manejo de vehículos motorizados.


En el caso de la licencia de chofer de transporte público, se deberá practicar adicionalmente exámenes toxicológicos y psicológicos, y establecer la obligación de tomar un curso de capacitación impartido por el área que la Secretaria de Seguridad Pública determine, asimismo se exigirá para la renovación de dicha licencia la acreditación de no haber sido infraccionado en cinco ocasiones durante la vigencia de la licencia y de haber participado en los cursos de capacitación y evaluación que la Secretaría de Seguridad Pública deberá impartir periódicamente.


Artículo 35.- Los menores de dieciocho años de edad, pero mayores de dieciséis años, pueden ser autorizados para la conducción de vehículos motorizados mediante permisos especiales, cuya expedición se condicionará a que su padre, madre o tutor garantice ante la autoridad de tránsito que, para el caso de incidentes o daños a terceros que el menor pudiera ocasionar con motivo de la conducción, éstos serán cubiertos.


Adicionalmente a los requisitos que establezca el Reglamento de esta Ley, se exigirá una constancia por escrito de que el padre o tutor del menor se hace responsable de la conducta y vigilancia del mismo, así como otorgar una garantía de depósito en efectivo, en términos de lo establecido en la Ley de Hacienda del Estado, que responderá, en su caso, inicialmente de los daños que el menor pudiera ocasionar con motivo de la conducción. De no surtirse la hipótesis anterior, así como de no existir pendiente de pago alguna multa por infracción o infracciones en que haya incurrido el menor, la garantía se devolverá al otorgante el vencimiento de la vigencia del permiso, en caso de no renovarse la misma.


ARTÍCULO 36.- Las licencias o permisos para conducir, se extinguen por las siguientes causas:

 

I. Cancelación;
II. Expiración del plazo por el que fue otorgada; y
III. Las que se prevén en las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables.
 

ARTÍCULO 37.- La Secretaría de Seguridad Pública está facultada para cancelar de forma definitiva las licencias o permisos para conducir por las siguientes causas:

 

I. Por resolución de la autoridad judicial competente;
II. Cuando al titular se le sancione en tres ocasiones con la suspensión del permiso o la licencia de conducir;
III. Cuando se compruebe que la información proporcionada para su expedición sea falsa, o bien que alguno de los documentos sea falso o apócrifo, en cuyo caso se dará vista a la autoridad competente; y
IV. Cuando mediante dictamen pericial se compruebe que el conductor ha quedado imposibilitado física o mentalmente para conducir vehículos;
V. Cuando sea sancionado por segunda vez en un periodo de un año, por conducir un vehículo en estado de ebriedad; y
VI. Las que señale el Reglamento.

En el supuesto de haber sido cancelada o durante el término de suspensión del permiso o de la licencia para conducir, no procederá su reexpedición. En el primer caso, el titular deberá reintegrarla en un término de cinco días a partir de la respectiva notificación a la autoridad que la expidió; misma que realizará las anotaciones correspondientes en el Registro Público de Tránsito.


Nota: Se reformó la fracción V y se adicionó una fracción VI mediante decreto 76 de la LXII Legislatura, publicado en el P.O. No. 0275 Segunda Sección de fecha 12 de septiembre de 2016.


ARTÍCULO 38.- La Secretaría de Seguridad Pública está facultada para suspender en forma temporal a los conductores el uso de licencia o permiso para conducir, en los siguientes casos:

 

I. Por resolución de la autoridad judicial competente;
II. Si al conducir un vehículo acumula seis infracciones a la presente Ley o sus Reglamentos en el transcurso de un año; y
III. Cuando el titular sea sorprendido conduciendo en estado de ebriedad o bajo la influencia de estupefacientes, psicotrópicos u otras sustancias tóxicas; y
IV. Los que señale el Reglamento.

La suspensión, en el caso de la fracción I, será por el tiempo que indique la sentencia; en los otros casos, podrá ser de uno a tres meses. En el expediente del titular de la licencia o permiso, se anotarán las suspensiones en que incurra. El titular de la licencia estará obligado a entregarla a la autoridad en un plazo no mayor de cinco días naturales.


En el caso de la fracción III, el conductor sancionado deberá acudir ante el Consejo Estatal Contra las Adicciones, a recibir información y orientación para concientizarlo contra el consumo de bebidas alcohólicas y de cualquier otra sustancia psicoactiva, lo que será requisito para la reexpedición del permiso o licencia para conducir.  El Consejo Estatal Contra las Adicciones expedirá la constancia respectiva.


Nota: Se adicionó un tercer párrafo mediante decreto 76 de la LXII Legislatura, publicado en el P.O. No. 0275 Segunda Sección de fecha 12 de septiembre de 2016.


ARTÍCULO 39.- A ninguna persona se le reexpedirá un permiso o licencia para conducir, cuando se encuentre en los siguientes casos:

 

I. Cuando el permiso o la licencia para conducir esté suspendida o cancelada;
II. Cuando la autoridad compruebe que el solicitante ha sido calificado con incapacidad mental o física, que le impida conducir vehículos y no compruebe mediante certificado médico haberse rehabilitado;
III. Cuando la documentación exhibida sea falsa o proporcione informes falsos, en la solicitud correspondiente;
IV. Cuando le haya sido cancelado un permiso o concesión de transporte público por causas imputables a su persona; y
V. Cuando así lo ordene la autoridad judicial o administrativa; y
VI. Los que señale el Reglamento.
 

Artículo 40.- Una vez que la autoridad de tránsito, tenga conocimiento de que han ocurrido cualesquiera de las causas que ameritan la suspensión o cancelación administrativa de una licencia o permiso de manejo, citará al titular, indicándole lugar, fecha y hora, para la celebración de una audiencia, cuyo objeto le será informado.


Artículo 41.- El interesado, en la audiencia, podrá ofrecer las pruebas que estime convenientes a su derecho; si requiere de tiempo para desahogarlas o para allegárselas, se le fijará un plazo no menor de tres días naturales ni mayor de ocho.


Dentro de los tres días hábiles siguientes a la celebración de la audiencia o fenecido el plazo probatorio, la autoridad emitirá su resolución.


Artículo 42.- La citación para la audiencia y la notificación de la resolución se harán saber por escrito al interesado. Ambas, se le remitirán al domicilio que aparezca anotado en su licencia.


ARTÍCULO 43.- La resolución que sea dictada por la autoridad podrá ser impugnada  por el particular en la forma y términos que señala  la Ley de Procedimiento Administrativo para el Estado y los Municipios de Campeche.


Artículo 44.- De la resolución que quede firme se tomará nota en los registros correspondientes. El titular de una licencia o permiso cancelado o suspendido está obligado a entregarlo a la autoridad de tránsito respectiva.


El uso indebido de licencias o permisos cancelados o suspendidos, hará acreedor al responsable de la imposición de las sanciones que para el caso establezcan las disposiciones de la legislación penal.

 

ARTÍCULO 45.- El Reglamento de esta Ley establecerá las obligaciones a las que se sujetarán los conductores de vehículos motorizados y de tracción humana o animal en su tránsito por las vialidades,  considerando como mínimo los siguientes rubros:


I. Documentación necesaria para conducir un vehículo;
II. Uso de dispositivos como cinturones de seguridad y sillas especiales para niños, prohibiéndose el transporte de niños y mascotas en brazos del conductor o acompañantes;
III. Indicaciones de los agentes de tránsito, así como de dispositivos electrónicos, gráficos, sonoros y de tiempo que regulan el tránsito por las vialidades;
IV. Conocimiento del significado de las señalizaciones, así como su clasificación;
V. Respeto al peatón y a las vialidades de tránsito peatonal, prohibiendo arrojar objetos o basura desde el interior de los vehículos hacia las vialidades;
VI. Carriles de conducción, condiciones para rebasar vehículos, cambios de dirección, preferencias de paso, aplicación del método de cruce de uno por uno en cruceros y uso de dispositivos luminosos del vehículo;
VII. Prohibición de uso de teléfonos celulares a menos que el vehículo cuente con dispositivo de manos libres, y en general el uso de cualquier dispositivo electrónico o mecánico que distraiga la atención del conductor así como la instalación de televisores o pantallas para reproducir imágenes en la parte interior delantera del vehículo;
VIII. Prohibición de instalar faros deslumbrantes al vehículo que pongan en riesgo la seguridad de los demás conductores y peatones;
IX. Ningún vehículo podrá circular en el Estado si se obstruye la visibilidad del conductor o hacia el interior del vehículo debido a la intensidad del polarizado, oscurecido o ahumado de los vidrios o por la colocación de cualquier otro aditamento. Quedando prohibida la instalación de lo antes señalado en el cristal delantero. Quedan  exceptuados los vehículos conducidos o al servicio de personas que padezcan enfermedades o afecciones de la piel que deban evitar  exponerse directamente a la luz solar. Bastará la exhibición del justificante expedido por médico especialista o institución de salud pública, ante la autoridad que lo requiera para que opere esta excepción;
X. Prohibición de transitar con más pasajeros de los permitidos de acuerdo a la características del vehículo motorizado y que se señalaran en la tarjeta de circulación correspondiente;
XI. Prohibición de instalar claxon, bocinas, escapes y en general dispositivos que emitan un sonido estridente y que provoquen contaminación auditiva; y
XII. Todas las demás que se consideren necesarias.

Las autoridades de tránsito implementarán programas para dar la debida difusión a estas obligaciones.


Nota: Se reformó la fracción IX mediante decreto 81 de la LXIII Legislatura, publicado en el P.O. No. 1052, de fecha 5 de noviembre de 2019.


CAPÍTULO III

DE LAS MANIFESTACIONES PÚBLICAS EN LA VIALIDAD

 

ARTÍCULO 46.- Tienen el derecho de utilizar las vialidades, quienes habitan o transitan en el territorio del Estado, por lo que los particulares o autoridades no podrán limitar el tránsito de peatones y vehículos.

 

ARTÍCULO 47.– La Secretaría de Seguridad Pública tendrá la obligación de brindar las facilidades necesarias para la manifestación pública, de los grupos o individuos que den aviso.

 

Para la realización de desfiles, caravanas, manifestaciones, peregrinaciones o cualquier otro tipo de concentración humana de carácter político, religioso, deportivo, recreativo o social, cuya finalidad sea lícita y que pueda perturbar el tránsito en las vialidades, la paz y tranquilidad de la población, es necesario que se dé aviso por escrito a la Secretaria de Seguridad Pública, con por lo menos 48 horas de anticipación a la realización de la misma, a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 25 del presente ordenamiento.

 

ARTÍCULO 48.- Los desfiles, caravanas, manifestaciones, peregrinaciones o cualquier otro tipo de concentración humana de carácter político, religioso, deportivo, recreativo o social que se efectúen, podrán utilizar las vialidades, excepto cuando sea la única ruta de acceso al punto de concentración, siempre y cuando sea de manera momentánea y que no bloqueen servicios de emergencia o accesos a hospitales o clínicas.

 

ARTÍCULO 49.- La Secretaría de Seguridad Pública tomará las medidas necesarias para evitar el bloqueo en vías primarias de circulación, apegándose a lo dispuesto por la normatividad aplicable.

 

Los lineamientos referentes a este capítulo, se establecerán en el Reglamento correspondiente.


CAPÍTULO IV

DE LA VIGILANCIA DEL TRÁNSITO


ARTÍCULO 50.- La vigilancia del tránsito y la seguridad en las vialidades corresponde a la Secretaría de Seguridad Pública en la ciudad residencia de los poderes del Estado y a los Municipios en sus respectivas demarcaciones territoriales, a través de sus agentes de tránsito.


Lo anterior sin perjuicio de los convenios que puedan celebrarse para asumir por parte del Estado la función del servicio.


ARTÍCULO 51.- Los agentes de tránsito deberán detener la marcha de cualquier vehículo cuando el conductor de éste se encuentre cometiendo alguna infracción a las disposiciones contenidas en esta Ley, su Reglamento y demás disposiciones aplicables.


ARTÍCULO 52.- La autoridad competente podrá, retirar los vehículos de circulación y asegurarlos en los depósitos vehiculares autorizados o certificados por la Secretaría de Seguridad Pública y Protección a la Comunidad, en los supuestos previstos en las fracciones II, III, IV, VIII, IX, XIII y XV de este artículo, así también la autoridad competente inmovilizará los vehículos para circular, como medida de seguridad para evitar afectación al orden público e interés social, cuando se traten de las hipótesis a que se refieren las fracciones I, V, VI VII, X, XI, XII, XIV, XVI, XVII y XVIII de este numeral:


I. A un conductor se le encuentre cometiendo violaciones a las disposiciones legales de tránsito y su comportamiento sea de agresividad física o verbal hacia el agente de tránsito;
II. Al ocurrir un accidente de tránsito y se produzcan hechos que puedan configurar un delito;
III. El conductor sea sorprendido prestando el servicio público de transporte en cualquiera de sus modalidades, sin contar con concesión o permiso;
IV. Por interferir, obstaculizar o impedir deliberadamente el tránsito de vehículos en las vías de circulación;
V. Emitan humo ostensiblemente contaminante.
VI. Cuando no porten una o ambas placas de circulación; las que ostente no se encuentren vigentes o no coincidan con la tarjeta de circulación, ni con la base de datos del Registro de Tránsito;
VII. Sus conductores no presenten para su revisión, la tarjeta de circulación o ésta se encuentre vencida; o se carezca de la misma y no se acredite haber cubierto el pago de derechos por tenencia o uso de vehículos;
VIII. Permanezcan notoriamente abandonados en la vía pública;
IX. Se encuentren estacionados en los lugares prohibidos;
X. Se utilicen para realizar competencias vehiculares de alta velocidad en vías públicas;
XI. Sean conducidos sin licencia o permiso correspondiente, estos se encuentren vencidos, aquellos no lo autoricen a manejar ese vehículo, los mismos estén suspendidos o hayan sido cancelados;
XII. Cuando el conductor se encuentre consumiendo bebidas alcohólicas en la vía pública en el interior del vehículo estacionado en la vía pública o en estacionamientos públicos, así como en aquellos vehículos que se encuentren en circulación;
XIII. Circulen ocultando las placas del vehículo, o bien portándolas alteradas o modificadas;
XIV. Cuando su conductor se encuentre en notorio estado de ebriedad o influjo de drogas;
XV. Cuando circulen utilizando cromática, torretas o sirenas de unidades de vehículos de emergencia, patrullas o servicio público, sin la autorización correspondiente; sin perjuicio de las sanciones que procedan conforme a otras disposiciones;
XVI. Cuando sean utilizados para Impartir clases de manejo sin contar con el permiso correspondiente;
XVII. Por no portar en el parabrisas el engomado con chip de radiofrecuencia y no tener su comprobante de inscripción o actualización emitido por el Registro Público Vehicular del Estado, o teniendo el chip no pueda ser leído con los dispositivos RFID o porque se detecte que ha sido dañado intencionalmente para impedir la lectura, y;
XVIII. En los demás casos que señale esta Ley y su Reglamento.

Sin perjuicio de las responsabilidades que corresponda, si la infracción da lugar a un delito, el infractor será puesto a disposición del Ministerio Público por los agentes de tránsito que tengan conocimiento del caso.


Nota: Se reformó el párrafo primero y la fracción XVII y se adicionó la fracción XVIII mediante decreto 175 de la LXI Legislatura, publicado en el P.O. 5625 Segunda Sección de fecha 5 de diciembre de 2014.


ARTÍCULO 53.- Las autoridades de tránsito podrán ordenar que se practiquen revisiones a los vehículos del servicio público o particular, a fin de comprobar si cuentan con el equipo y documentación reglamentaria.

TÍTULO  CUARTO

DE LA CAPACITACIÓN VIAL

 

CAPÍTULO I

DE LA CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN VIAL


ARTÍCULO 54.- La Secretaría de Seguridad Pública y los Municipios promoverán las acciones necesarias en materia de educación vial para peatones, conductores, usuarios y población en general, haciendo uso de los diferentes medios de comunicación y los avances tecnológicos, en coordinación con las entidades de la administración pública, los concesionarios y permisionarios, en su caso, mediante la celebración de convenios.

 

Así mismo, coordinaran con las dependencias y entidades correspondientes, el diseño e instrumentación de programas permanentes de seguridad, educación vial y prevención de accidentes, que tengan como propósito fundamental crear en los habitantes del Estado, conciencia, hábitos y cultura de respeto a los ordenamientos legales, en materia de tránsito y vialidad.


ARTÍCULO 55.- Los programas de educación vial que se impartan deben referirse cuando menos, a los siguientes temas:

 

I. Vialidad;
II. Normas básicas para el peatón;
III. Normas básicas para el conductor;
IV. Prevención de accidentes de tránsito;
V. Señalización o dispositivo para el control de tránsito;
VI. Primeros auxilios;
VII. Educación ambiental en relación con el tránsito de vehículos; y
VIII. Nociones de mecánica automotriz.

ARTÍCULO 56.- La Secretaría de Seguridad Pública establecerá en coordinación con las autoridades competentes, los programas y cursos de capacitación, a los cuales deberán sujetarse periódicamente los conductores de vehículos de transporte  en todas sus modalidades.

 

Los concesionarios y permisionarios están obligados a la actualización permanente en materia de educación vial para el personal que se desempeñe como conductor de los vehículos que tengan bajo su responsabilidad, considerando los contenidos, la forma y periodicidad que se establezca.


ARTÍCULO 57.- Los centros educativos que se dediquen a la formación, enseñanza y capacitación de conductores de vehículos particulares, se sujetarán a las disposiciones que emita la Secretaría respecto de su funcionamiento y de la impartición de los cursos a que refiere la ley.


CAPÍTULO II

DE LAS ESCUELAS DE MANEJO

 

ARTÍCULO 58.- La persona física o moral que pretenda dedicarse a impartir cursos y clases de manejo, deberá obtener ante la Secretaría de Seguridad Pública, el permiso y la certificación correspondiente, previo al cumplimiento de los requisitos establecidos por ésta y el pago de los derechos correspondientes.

 

ARTÍCULO 59.- La escuela de manejo independientemente de su condición o régimen jurídico, deberá contar con instalaciones y vehículos adecuados con dispositivos de seguridad que determine la Secretaría de Seguridad Pública, para llevar a cabo la impartición de los cursos o clases teórico-prácticas sobre manejo y mecánica básica, para todas aquellas personas que pretendan obtener una licencia o permiso para conducir, así como contemplar los cursos de actualización para conductores dedicados al servicio de transporte de personas o de carga en cualquiera de sus modalidades.


ARTÍCULO 60.- Las personas físicas o morales dedicadas a impartir cursos o clases de manejo deben obtener y mantener vigente póliza de seguros de cobertura amplia para sus vehículos.

 

Deberán llevar un registro de la cantidad de cursos, número de participantes o clases, y reportarlo a la Secretaría de Seguridad Pública cada tres meses.


El incumplimiento a lo anterior o a los requisitos establecidos, motivará la suspensión del permiso correspondiente, previo procedimiento administrativo que cumpla con las garantías del debido proceso.


Para volvérsele a otorgar el permiso se deberán subsanar previamente las irregularidades detectadas.

TÍTULO QUINTO

DEL CONTROL VEHICULAR


CAPÍTULO I

GENERALIDADES


ARTÍCULO 61.- El Ejecutivo del Estado, en el Reglamento de esta Ley, establecerá la clasificación que corresponda a los vehículos que deban registrarse, la cual se realizará con base en los siguientes criterios:


I. Por su peso, en ligeros o pesados;
II. Por su tipo, en;
a) Bicicletas y triciclos;
b) Bicimotos hasta de cincuenta centímetros cúbicos;
c) Motocicletas, motonetas y cuatrimotos de más de cincuenta centímetros cúbicos y motocicletas adaptadas para personas con discapacidad;
d) Triciclos automotores;
e) Automóviles;
f) Camionetas;
g) Vehículos de transporte colectivo;
h) Camiones unitarios;
i) Remolques y semirremolques; y
j) Diversos.
III. Por su naturaleza, en:
a) De fuerza motriz;
b) De propulsión humana;
c) De tracción animal;
d) Equipo especial movible.- aquél que no se encuentra comprendido en los artículos anteriores y que en forma eventual transita sobre las vías públicas;
IV. Por el servicio que prestan, en:
a) De servicio particular;
b) De servicios privado;
c) De servicio mercantil; y
d) De servicio público.

En el Reglamento se podrán establecer las subclasificaciones necesarias, de conformidad con las características propias de cada tipo de vehículos.


Nota: Se reformó el inciso c) de la fracción II  mediante decreto 76 de la LXII Legislatura, publicado en el P.O. No. 0275 Segunda Sección de fecha 12 de septiembre de 2016.


ARTÍCULO 62.-  Para los efectos de esta Ley, se entiende por vehículo  motorizado aquél que normalmente está destinado a desplazarse en el medio terrestre, con propulsión propia, que se encuentre por su naturaleza destinado al transporte o traslado de personas o cosas, y sujeto a la obligación de obtener permiso de circulación para transitar.


Los remolques, acoplados, casas rodantes u otros similares, que carezcan de propulsión pero que circulen por vías públicas, también se considerarán como vehículos motorizados para los efectos de esta Ley.


Artículo 63.-  Para registrar un vehículo en el Estado y obtener la tarjeta de circulación del mismo, su propietario o tenedor deberá residir en la Entidad, acreditar la legítima adquisición o tenencia del vehículo, presentar el vehículo a inspección y formular una solicitud por escrito ante la autoridad de tránsito respectiva, en la que señale su nombre y domicilio, la descripción del vehículo en la que se incluya su marca, modelo, modalidad, color, números de motor y de serie, así como realizar su inscripción o actualización en el Registro Público Vehicular. El solicitante deberá señalar si se trata de un vehículo nuevo o usado, y en este último caso, los datos de su registro anterior.


El Reglamento de esta Ley, señalará de manera enunciativa, los documentos y medios de prueba que faciliten a los solicitantes el cumplimiento de los requisitos anteriores


Nota: Se reformó mediante decreto 175 de la LXI Legislatura, publicado en P.O. 5625, segunda sección de fecha 5 de diciembre de 2014.


Artículo 64.- Las personas que deseen obtener el registro y tarjeta de circulación de automóviles, autobuses para transporte de pasajeros y camiones de carga destinados al servicio público, además de cumplir con los requisitos antes señalados, deberán presentar el permiso o concesión otorgada por la autoridad correspondiente para la explotación del servicio de que se trate y realizar su trámite de inscripción o actualización en el Registro Público Vehicular


Nota: Se adicionó un segundo párrafo mediante decreto No. 66 de la LX Legislatura publicado en el P.O. No. 4659 de fecha 22/diciembre/2010.

Nota: Se reformó mediante decreto 175 de la LXI Legislatura, publicado en P.O. 5625 segunda sección de fecha 5 de diciembre de 2014.


Artículo 65.- Para el supuesto en que los propietarios o tenedores de vehículos no reúnan los requisitos para obtener el registro correspondiente, las autoridades en materia de tránsito podrán expedir permisos provisionales que permitan su circulación hasta por treinta días naturales, excepto para aquellos a que se refiere el artículo que antecede. 


En el supuesto de pérdida o deterioro accidental de una o ambas placas, el propietario o tenedor del vehículo podrá obtener un permiso provisional para circular sin las mismas, el cual tendrá vigencia por quince días, en tanto se expida la reposición respectiva.


En cualquiera de los supuestos anteriores, el solicitante del permiso provisional deberá cubrir los derechos correspondientes, así como acreditar la propiedad del vehículo o su legítima posesión.  El Reglamento de la presente Ley, establecerá la documentación que será exigible a los propietarios o tenedores de los vehículos a efecto de acreditar los requisitos anteriores.


Artículo 66.- Cuando se cambie la carrocería, en condiciones que alteren las características originales del vehículo o el motor de algún vehículo, el propietario del mismo está obligado a notificar dichas modificaciones y a presentar el vehículo ante la autoridad de tránsito para su inspección.


Artículo 67.-  En caso de deterioro o pérdida de la tarjeta de circulación, se expedirá un duplicado, previa solicitud del interesado y pago de los derechos correspondientes.


En caso de deterioro o pérdida del chip de radiofrecuencia, se reinstalará de forma gratuita hasta la segunda ocasión, presentando la documentación requerida y anexando la manifestación hecha ante el Ministerio Público que especifique el motivo del trámite y el comprobante anterior, a partir de la tercera ocasión se realizará el cobro de los derechos que corresponda.


Nota: Se adicionó un párrafo segundo mediante decreto 175 de la LXI Legislatura, publicado en P.O. 5625 segunda sección de fecha 5 de diciembre de 2014.


Artículo 68.-  Para cancelar la inscripción de un vehículo, o para venta o transferencia del mismo, se estará a lo que establezca el Reglamento de esta Ley.


Artículo 69.- Los vehículos registrados en otra entidad federativa podrán circular libremente en el Estado por un término de hasta sesenta días naturales.  Vencido el plazo antes indicado, para continuar transitando en el Estado deberá ser dado de alta en la forma prevista por este capítulo. En caso de su incumplimiento se procederá a la detención de la unidad.


El Reglamento de esta Ley establecerá el procedimiento para dar cumplimiento al párrafo anterior.


ARTÍCULO 70.- Las placas de circulación para transitar en el Estado son:


I. De servicio particular;
II. De servicio público;
III. De demostración;
IV. De vehículos de emergencias; y
V. Distintivas de personas con capacidades diferentes.

El Reglamento de esta Ley determinará todo lo concerniente al proceso de matriculación de vehículos.


CAPÍTULO II

DEL REGISTRO PÚBLICO DE TRÁNSITO


ARTÍCULO 71.- Estará a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública el Registro Público de Tránsito, la cual tiene encomendada el desempeño de la función registral en todos sus órdenes, de acuerdo con esta Ley y demás disposiciones jurídicas y administrativas aplicables.

 

ARTÍCULO 72.- El Registro Público de Tránsito se integrará, cuando menos, por los siguientes rubros:

 

I. Licencias y permisos de conducir;
II. Vehículos matriculados en el Estado;
III. Alta de vehículos nuevos en el padrón vehicular;
IV. Alta de vehículos usados en el padrón vehicular, provenientes de las entidades federativas, así como de procedencia extranjera; en estos últimos, la Secretaría antes de autorizar el trámite  podrá realizar consultas ante las instancias competentes para corroborar la legal estancia en el país de los mismos;
V. Baja de vehículos del padrón vehicular;
VI. Reposición de tarjeta de circulación, de calcomanía  o de placas de circulación;
VII. Cambio de propietario, domicilio o motor;
VIII. Permiso para circular sin placas, tarjeta de circulación o calcomanía;
IX. Registro de incidentes de tránsito,  de infracciones, sanciones y delitos;
X. Registro de operadores no aptos y de aquellos solicitantes de permisos o licencias para conducir que se encuentren en la misma situación; y
XI. Todos los demás que se establezcan en el Reglamento de esta Ley.
 


TÍTULO SEXTO

DE LAS VIALIDADES


CAPÍTULO I

GENERALIDADES

 

ARTÍCULO 73.- La vialidad y el tránsito en el Estado, se sujetarán a lo previsto en esta Ley, los reglamentos que de ella emanen y demás disposiciones aplicables, y a las políticas establecidas por la administración pública estatal y municipal, de acuerdo con las siguientes bases:

 

I. La aplicación de políticas que tiendan a una mejor utilización de vialidad, así como del tránsito de personas y vehículos;
II. Las limitaciones y restricciones que se establezcan con objeto de preservar el ambiente y salvaguardar el orden público en la vialidad;
III. Las limitaciones y restricciones que se establezcan para el tránsito de vehículos en la vialidad, con objeto de mejorar la circulación y salvaguardar la seguridad de personas;
IV. El registro de vehículos, la expedición de identificación de los mismos, control de la infraestructura, servicios y elementos inherentes o incorporados a la vialidad, bajo la vigilancia, verificación y supervisión de las autoridades competentes, a fin de que reúnan las condiciones y requisitos que establezcan las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables;
V. La determinación de lineamientos para permitir el aprovechamiento de la vialidad, siempre y cuando, se cumpla con las disposiciones aplicables en materia de construcción y diseño, así como las medidas de seguridad para el tránsito de vehículos y peatones;
VI. La verificación que realicen los centros autorizados sobre emisión de contaminantes, a vehículos automotores;
VII. El retiro de la vialidad de los vehículos y objetos que ilícitamente obstaculicen, limiten o impidan el uso adecuado de la vialidad o pongan en peligro el tránsito de personas o vehículos; y
VIII. La determinación de lineamientos para permitir el estacionamiento de vehículos en la vialidad y fuera de ella, de acuerdo con el uso de suelo autorizado y las disposiciones aplicables en materia de construcción, así como las medidas de auxilio, protección civil y emergencia que se adopten en relación con el tránsito de vehículos o peatones, en situaciones de fuerza mayor, caso fortuito, accidentes o alteración del orden público.
 

ARTÍCULO 74.- Se entiende por vialidad el conjunto integrado de vías de uso común que conforman la traza urbana de la ciudad, cuya función es facilitar el tránsito eficiente y seguro de personas y vehículos.


La vía pública en lo referente a la vialidad se integra de un conjunto de elementos cuya función es permitir el tránsito de vehículos y peatones, así como facilitar la comunicación entre las diferentes áreas o zonas de actividad.

 

ARTÍCULO 75.- Las vías públicas en lo referente a la vialidad se clasifican en:

 

I.- Vías de tránsito vehicular: Espacio físico destinado exclusivamente al tránsito de vehículos; considerado como componente de la vialidad:

a) Vías primarias: Espacio físico cuya función es facilitar el flujo del tránsito vehicular continuo o controlado por semáforo, entre distintas zonas del lugar, de extensa longitud y con volúmenes de tránsito considerables;
1. Vía de circulación continua: vía primaria cuyas entradas y salidas están situadas en puntos específicos, cuentan con carriles de aceleración y desaceleración; en algunos casos, cuentan con calles laterales de servicio a ambos lados de los arroyos centrales separados por camellones, flujo vehicular continuo.
2. Vía periférica: vía primaria de circulación continua perimetral, dispuestas en anillos concéntricos que intercomunican la estructura vial en general.
b) Vías secundarias: espacio físico cuya función es facultar el flujo del tránsito vehicular no continuo, que puede o no  ser controlado por semáforos entre distintas zonas de la ciudad:
 

1. Avenida secundaria o calle colectora: Vía secundaria que liga las vías primarias con las calles locales; tiene características geométricas más reducidas, pueden tener un tránsito intenso de corto recorrido, movimientos de vueltas, estacionamiento, ascenso y descenso de pasaje, carga y descarga y acceso a las propiedades colindantes;
2. Calle local: Vía secundaria que se utiliza para el acceso directo a las propiedades y está ligada a las calles colectoras; los recorridos del tránsito son cortos y los volúmenes son bajos; generalmente son de doble sentido:
3. Callejón: Vía secundaria de un solo tramo, en el interior de una manzana con dos accesos;
4. Privada: Vía secundaria localizada en el área común de un predio y de uso colectivo de las personas propietarias o poseedoras del predio; y
5. Terracería: Vía secundaria abierta a la circulación vehicular y que no cuenta con ningún tipo de recubrimiento.
 

II.- Vías de tránsito peatonal: Conjunto de espacios que integran el uso de suelo, destinándolo al tránsito de personas y alojamiento de instalaciones o mobiliario urbano y por lo tanto en ellos, no debe circular ningún tipo de vehículo:

a) Calle peatonal: tiene como función el permitir el desplazamiento libre y autónomo de las personas, dando acceso directo a las propiedades colindantes, a espacios abiertos, a sitios de gran concentración de personas, pueden ser exclusivas de una zona de interés histórico o turístico;
b) Acera: Vía peatonal de la corona de una calle destinada al tránsito de personas, generalmente comprendida entre la vía de circulación de vehículos y el alineamiento de las propiedades;
c) Pasaje: Vía peatonal cubierta en el interior de un predio, con circulación exclusivamente para peatones;
d) Andador: Vía peatonal  de dimensiones reducidas que puede estar rodeada de áreas verdes, de uso exclusivo para peatones;
e) Camellón: Espacio construido para dividir dos vialidades, sean o no del mismo sentido de circulación;
f) Portal: Vía peatonal de circulación cubierta y abierta lateralmente, exclusivamente para peatones; y
g) Paso peatonal: espacio en el cual los peatones tienen derecho de paso sobre las vías de tránsito vehicular, pueden consistir en elevaciones de la propia vialidad o en espacios sombreados que se caracterizan por sus rayas longitudinales paralelas al flujo del tráfico, alternando un color claro  y uno oscuro, puede ser controlado mediante semáforo, pero en todo caso el peatón tiene derecho de preferencia y es obligación de los conductores el detenerse y permitir el cruce. 
III.- Ciclo vías: Vía pública exclusiva para circulación en bicicleta:

a) Ciclo vías confinadas: Ciclo vía confinada en las fajas separadoras de las vías primarias; y
b) Ciclo vías secundarias: Ciclo vía diseñada en cualquier vía pública, sin estar confinada propiamente.
 

ARTÍCULO 76.- Los usuarios de la vía pública deberán abstenerse de todo acto que pueda constituir un obstáculo para el libre tránsito de peatones y vehículos, poner en peligro a las personas y causar daños a propiedades públicas o privadas, quedando en consecuencia prohibido el uso de la vía pública para construcción, depósito de materiales, publicidad o labores manuales de cualquier tipo sin contar con autorización de la autoridad competente.


ARTÍCULO 77.- En el Reglamento de esta Ley se establecerá la regulación de las vialidades, especificando de manera particular las velocidades máximas y mínimas permitidas, las preferencias de paso en calles o avenidas, circulación en cruceros y glorietas, incorporación a vías primarias o secundarias, rebase de vehículos, conservación de distancias entre vehículos, señalizaciones y las demás que se consideren necesarias para el adecuado tránsito en las vialidades.


Asimismo, incorporará lineamientos relativos a normas específicas de circulación para los vehículos de transporte de pasajeros y de carga, en particular de las restricciones para limitar el transito vehículos de carga de materiales y residuos peligrosos de peso y dimensiones excesivas, de carga en general, de madrinas con vehículos sin rodar, de grúas y plumas industriales, de fondos y valores y demás que por sus características puedan dañar las vialidades.


ARTÍCULO 78.- En las zonas en donde se establezcan centrales de carga-descarga, zonas industriales o de abasto, las autoridades municipales promoverán la habilitación de vías periféricas, así como el establecimiento de estacionamientos adecuado.


CAPÍTULO II

PLANEACIÓN Y DISEÑO DE VIALIDADES


ARTÍCULO 79.- Están sujetas a las disposiciones de este apartado, las personas físicas o morales, públicas o privadas que, en el territorio del Estado, realicen acciones, inversiones, obras de construcción, ampliación y mantenimiento de vialidades.


ARTÍCULO 80.- En materia de planeación y diseño de vialidades de los centros de población, las atribuciones del Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Obras Publicas y Comunicaciones,  serán:


I. Elaborar el Programa Sectorial de Vialidad del Estado en coordinación con los Ayuntamientos y en el seno de la Comisión Estatal de Vialidad;
II. Gestionar la  publicación en el Periódico Oficial del Estado, e inscripción de los programas sectoriales de vialidad  que expidan las autoridades competentes, en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio; 
III. Participar y opinar en la elaboración, ejecución, control, modificación, actualización y evaluación de los Programas Sectoriales de Vialidad  para los centros de población;
IV. Asesorar a los ayuntamientos, y en su caso a solicitud de los mismos formular los estudios, proyectos y presupuestos para construcción y evaluación de obras de vialidad;
V. Promover en coordinación con los Ayuntamientos, la adquisición de derechos de vía para la construcción de vialidades futuras conforme a los programas de desarrollo urbano; y
VI. Las demás que le otorgue esta Ley y disposiciones aplicables.

ARTÍCULO 81.- Los Ayuntamientos tendrán las siguientes atribuciones en materia de planeación y diseño de vialidades en los centros de población:


I. Participar y opinar en la elaboración, ejecución, control, modificación, actualización y evaluación del Programa Sectorial  de Vialidad del Estado;
II. Formular, aprobar, ejecutar, y evaluar los Programas Sectoriales de Vialidad en el ámbito de su jurisdicción;
III. Asegurar la congruencia de los programas a que se refiere la fracción II de este artículo, con el Programa Sectorial de Vialidad del Estado, haciendo al efecto las proposiciones que estimen pertinentes;
IV. Gestionar la publicación en el Periódico Oficial del Estado y el registro de los Programas Sectoriales de Vialidad  de su jurisdicción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio;
V. Otorgar o negar autorizaciones o licencias de construcción en base a lo dispuesto por esta ley, los reglamentos derivados de ella y demás disposiciones aplicables.;
VI. Expedir los reglamentos y las disposiciones administrativas que fueren necesarias, de conformidad  con esta ley;
VII. Las demás que les otorguen la presente Ley y disposiciones legales relativas.

ARTÍCULO 82- La planeación, diseño y regulación de las acciones en materia de vialidad de los centros de población se efectuará a través de:


I. El sistema de Programas de la Planeación Urbana señalados en el artículo 10 de la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Campeche; y
II. Los programas, proyectos y normas técnicas de carácter sectorial en materia de vialidad como:
a) El Programa Estatal de Vialidad;
b) Los Programas sectoriales de vialidad de jurisdicción municipal;
c) Los Programas y Proyectos de Estructura Vial de centros de población;
d) Los programas, proyectos y normas técnicas  para la infraestructura vial que de esta Ley se deriven para: ingeniería de tránsito de vialidades, trazo geométrico de vialidades, proyecto de derecho de vía, programa y proyecto de estacionamientos, programa de ciclo vías y calles peatonales.

Artículo 83.- Los Programas Sectoriales de Vialidad que apliquen en la jurisdicción municipal contendrán como mínimo:


I. La determinación de los elementos, componentes o acciones que sean materia del programa;
II. La referencia al Sistema de Programas de la Planeación Urbana y de todos aquellos de los que derivan;
III. La integración del proyecto con la estructura urbana;
IV. Las políticas y los objetivos que se persiguen;
V. La descripción del área o sector al que aplican;
VI. La problemática que presenta y el diagnóstico estratégico;
VII. El establecimiento de derechos de vía y servicios públicos; 
VIII. Las especificaciones y normas técnicas relativas al diseño, operación y modificación de los espacios destinados a las vías públicas;
IX. Los esquemas de optimización en la operación de los sistemas de transporte de pasajeros y de carga que apliquen en la zona;
X. La programación de la cartera de proyectos estratégicos, acciones, proyectos, obras o servicios, señalando las etapas y condiciones para su ejercicio;
XI. En general, las medidas e instrumentos para la sujeción de los programas;
XII. Los estudios económicos, financieros y fiscales preliminares, cuando por las características del proyecto se requieran;
XIII. Las obligaciones y responsabilidades de las autoridades y de los usuarios, en su caso; y
XIV. Las memorias descriptivas de los proyectos ejecutivos de desarrollo.

ARTÍCULO 84.-Los programas y proyectos de vialidad en los centros de población en ningún caso podrán plantear objetivos o establecer acciones e inversiones fuera de las áreas urbanas o urbanizables, señalados en la zonificación primaria de los programas de desarrollo urbano. 


ARTÍCULO 85.- Los programas, proyectos y normas técnicas de vialidad serán obligatorios para los particulares y para las autoridades correspondientes, una vez que sean publicados en el Periódico Oficial del Estado e inscritos en el Registro Público de la Propiedad.


ARTÍCULO 86.- La persona física o moral, pública o privada, que pretenda realizar obras, acciones, servicios o inversiones que modifiquen el funcionamiento de las vialidades existentes o futuras deberá solicitar un dictamen de impacto vial, que le expida la autoridad competente.


Los municipios, en sus respectivos reglamentos, establecerán el procedimiento a seguir para el trámite de dictamen de impacto vial.´


ARTÍCULO 87.- Para el análisis de la solicitud a que se refiere el artículo anterior, la autoridad correspondiente tomará en consideración, entre otros, los siguientes aspectos:


I. Compatibilidad con los programas de la Planeación Urbana;
II. Usos de suelo autorizados;
III. Destino de la obra;
IV. Distribución y densidad de población en la zona;
V. La estructura vial y el sistema de transporte de la zona; y
VI. Las afectaciones a  otras redes de infraestructura.

ARTÍCULO 88.- No serán válidos los dictámenes de impacto vial que se expidan en contravención a lo establecido por los programas señalados en el artículo 82 de esta Ley.


ARTÍCULO 89.- La determinación oficial de las adecuaciones a la vía pública, la realizará el Ayuntamiento, ésta incluirá las restricciones y acciones que se deberán respetar en cuanto al impacto en las redes viales, las áreas de estacionamiento, los derechos de vía, el sistema de transporte, el establecimiento de servicios e instalaciones, así como de infraestructura básica urbanística para la accesibilidad y libre desplazamiento de las personas con discapacidad.


CAPÍTULO III

DE LA INFRAESTRUCTURA Y ELEMENTOS

INCORPORADOS A LA VIALIDAD

 

ARTÍCULO 90.- La vialidad es susceptible de incorporación de infraestructura y elementos, siempre y cuando, se cumpla con la normatividad aplicable.

 

ARTÍCULO 91.- La nomenclatura, señalización, infraestructura, servicios y demás elementos inherentes o incorporados a la vialidad, deberán ser instalados en la forma que mejor garanticen su uso adecuado y la seguridad de los peatones y conductores.

 

Las autoridades de la administración pública estatal y municipal dentro del ámbito de sus facultades, establecerán las políticas y mecanismos para evitar actividades en la vialidad, que interfieran con la seguridad de los peatones y conductores.

 

ARTÍCULO 92.- La incorporación de infraestructura y elementos a la vialidad se sujetará a las siguientes prioridades:

 

I. Los necesarios para proporcionar servicios públicos a la población;
II. Los relacionados con la señalización vial y la nomenclatura;
III. Los que menos afecten, obstaculicen u obstruyan su uso adecuado;
IV. Los relacionados con la publicidad y la preservación del entorno; y
V. Los demás elementos susceptibles legal y materialmente de incorporación.
 

ARTÍCULO 93.- Ninguna obra relacionada con las vías públicas podrá efectuarse, si constituye obstáculos o barreras arquitectónicas  o si con la misma se pone en riesgo el patrimonio cultural o natural del Estado.


CAPÍTULO IV

DE LAS AUTORIZACIONES DE INCORPORACIÓN A LA VIALIDAD

 

ARTÍCULO 94.- Para incorporar infraestructura, servicios o cualquier elemento a la vialidad, es necesario contar con autorización expedida por la autoridad municipal.


Los particulares únicamente podrán incorporar elementos a la vialidad, previa obtención de la autorización correspondiente.

 

ARTÍCULO 95.- Las autorizaciones para la incorporación de elementos a la vialidad, se otorgarán a las personas físicas o morales que reúnan los siguientes requisitos:

 

I. Presentar solicitud por escrito, especificando las características, dimensiones y especificaciones del elemento a incorporar;
II. En caso de las personas morales, acreditar su existencia legal y la personalidad jurídica vigente del representante o apoderado;
III. Presentar fotografías, diagramas o fichas técnicas del elemento, según corresponda;
IV. Exhibir un croquis de localización del lugar exacto en el que se pretende ubicar el elemento;
V. Indicar la naturaleza del elemento y la finalidad de su incorporación a la vialidad;
VI. Mencionar el número de elementos similares incorporados por el solicitante en la demarcación territorial de que se trate;
VII. Acreditar el pago de los derechos correspondientes; y
VIII. Demostrar el cumplimiento de los demás requisitos establecidos en las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables.
 

ARTÍCULO 96.- Satisfechos los requisitos señalados en el artículo anterior, la autoridad municipal en un plazo no mayor de treinta días hábiles, resolverá en definitiva sobre la procedencia del otorgamiento de la autorización.

 

ARTÍCULO 97.- En el otorgamiento o modificación de las autorizaciones para la incorporación de elementos a la vialidad, la autoridad municipal deberá tomar en cuenta el Programa Estatal de Vialidad, los Programas de Desarrollo Urbano estatales y municipales y la opinión de la Secretaría de Obras Públicas y Comunicaciones.


La Secretaría de Obras Pública y Comunicaciones deberá emitir su opinión en un término no mayor a diez días hábiles, en caso de no emitirla se entenderá en sentido afirmativo.


ARTÍCULO 98.- Las autorizaciones que otorguen los Municipios tendrán una vigencia de un año y serán refrendables, siempre y cuando subsistan las condiciones bajo las cuales fueron otorgados y el interesado exhiba el pago de derechos correspondientes dentro de los diez días hábiles previos a la conclusión de la vigencia.

 

La falta de presentación de la constancia del pago de derechos por concepto de refrendo, implicará la extinción automática de la autorización, sin necesidad de resolución alguna.

 

ARTÍCULO 99.- Si existiere algún inconveniente legal o material para el refrendo de la autorización, la autoridad municipal deberá hacerlo del conocimiento del interesado dentro de los quince días hábiles anteriores a su vencimiento. Si transcurrido dicho plazo la autoridad municipal no ha realizado observación o notificación alguna y fue exhibido el comprobante de pago en los términos señalados, se entenderá que el refrendo es favorable sin necesidad de certificación.

 

ARTÍCULO 100.- Se consideran causas de extinción de las autorizaciones, las siguientes:

 

I. Vencimiento del término o del refrendo, si dentro de los diez días hábiles previos a la conclusión de la vigencia, no se presenta el pago respectivo;
II. Renuncia del titular;
III. Desaparición de su finalidad, del bien u objeto de la autorización o modificación de las condiciones bajo las cuales fue otorgado;
IV. Revocación;
V. Las que se especifiquen en el documento que materialice la autorización; y
VI. Las señaladas en las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables.
 

ARTÍCULO 101.- Son causas de revocación de las autorizaciones:

 

I. El incumplimiento por parte del titular de la autorización, de cualquiera de las obligaciones que se establezcan en el mismo;
II. Enajenar de cualquier forma los derechos en ellos conferidos, sin la aprobación previa y por escrito de la autoridad municipal;
III. No cubrir las indemnizaciones por daños causados a terceros, con motivo del elemento que ampare la autorización;
IV. Cuando se exhiba documentación apócrifa o se proporcionen informes o datos falsos; y
V. Cuando el Titular se haya hecho acreedor a dos sanciones en un periodo de un año, por incumplir cualquiera de las obligaciones o condiciones establecidas en esta Ley, en la autorización o en las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables.
 

ARTÍCULO 102.- Cuando se actualice la extinción de la autorización por alguno de los supuestos previstos en este ordenamiento, la autoridad municipal otorgará por escrito al interesado, un plazo de entre diez y treinta días, de acuerdo con las circunstancias del caso, para el retiro de los elementos respectivos; salvo en aquellos casos en que la preservación de éstos, ocasione daños a terceros, represente algún peligro para la población, impida la prestación de servicios públicos u obstaculice el uso de vialidades, en donde el retiro deberá realizarse en el término que señale la autoridad antes mencionada.


Si habiendo transcurrido el plazo otorgado no se realiza el retiro, independientemente de la sanción procedente, lo llevará a cabo la autoridad municipal a costa del titular de la autorización.

 

ARTÍCULO 103.- Para la incorporación de infraestructura, servicios o elementos a la vialidad por parte de las dependencias, instituciones y entidades de la administración pública, es necesario presentar la constancia de autorización expedida por el Municipio, previo cumplimiento de los requisitos necesarios para el efecto.

 

ARTÍCULO 104.- La constancia de autorización se otorgará a las dependencias y entidades de la administración pública una vez cubiertos los siguientes requisitos:


I. Documento que exprese las características, dimensiones y especificaciones del elemento a incorporar;
II. Presentar fotografías, diagramas o fichas técnicas del elemento, según corresponda;
III. Exhibir un croquis de localización del lugar exacto en el que se pretende ubicar el elemento, especificando todos y cada uno de los elementos adicionales con que cuenta la vía al momento de la solicitud, en una longitud o diámetro de un kilómetro, respectivamente;
IV. Indicar la naturaleza del elemento y la finalidad de su incorporación a la vialidad; y
V. Mencionar el número de elementos similares incorporados por la dependencia, institución o entidad solicitante, en la demarcación territorial de que se trate.

ARTÍCULO 105.- Las dependencias y entidades son responsables de la infraestructura y elementos que relacionados con sus atribuciones, se incorporen a la vialidad, así como de su mantenimiento, preservación y retiro, cuando sea procedente.


Quedando restringida la colocación de topes o reductores de velocidad mediante la instalación de medias esferas metálicas identificadas comúnmente como boyas, conchas o tortugas

 

ARTÍCULO 106.- La autoridad municipal notificará a las dependencias, instituciones o Entidades de la Administración Pública, cuando sea necesario el mantenimiento, preservación o retiro de los elementos o infraestructura incorporada a la vialidad.


ARTÍCULO 107.- Cuando se realice alguna modificación o incorporación de infraestructura o servicios a la vialidad, el encargado de ejecutarlo estará obligado a instalar dispositivos de seguridad y auxiliares para el control del tránsito en el lugar de la obra, así como en una zona de influencia no menor a 50 metros, cuando los trabajos interfieran en el tránsito seguro de peatones y vehículos.


CAPÍTULO V

DEL PROCEDIMIENTO PARA EL RETIRO DE ELEMENTOS

U OBJETOS DE LA VIALIDAD

 

ARTÍCULO 108.- Los elementos, servicios e infraestructura incorporados a la vialidad serán retirados de ésta, por las siguientes causas:

 

I. No contar con la autorización legalmente expedida para el efecto;
II. Cuando los elementos o infraestructura provoquen daños a terceros, impliquen un riesgo inminente o algún peligro para la población;
III. En el caso de que habiendo requerido legalmente al titular de la autorización, no se hubiese retirado en los plazos correspondientes; y
IV. Cuando se alteren en cualquier forma las condiciones de otorgamiento de la autorización, el diseño, estructura y/o construcción original de los elementos o infraestructura, sin autorización expresa y por escrito de la autoridad municipal.
 

ARTÍCULO 109.- Para el retiro de elementos o infraestructura de la vialidad que hayan sido materia de autorización, y se haya vencido la misma, la autoridad municipal deberá elaborar un acta circunstanciada ante la presencia de dos testigos.

 

ARTÍCULO 110.- A más tardar dentro de los tres días siguientes, se notificará al interesado el retiro, poniendo a su disposición los elementos o infraestructura y haciéndole saber que cuenta con un término de quince días para recogerlos, previo pago de los gastos de ejecución y de la multa correspondiente.

 

ARTÍCULO 111.- De no recogerse los elementos en el término mencionado en el artículo que antecede, pasarán a propiedad del erario del Municipio.

 

ARTÍCULO 112.- Independientemente de las sanciones procedentes, el titular de la autorización deberá pagar los derechos u honorarios, generados por el servicio de ejecución del retiro de elementos y/o derechos generados por el almacenaje.


CAPÍTULO VI

DE LA NOMENCLATURA Y SEÑALIZACIÓN VIAL


ARTÍCULO 113.- La Secretaría de Seguridad Pública y la Secretaría de Obras Públicas y Comunicaciones, en el ámbito de su competencia y en coordinación con los Municipios procuraran que en todas las vialidades del Estado, exista señalización vial, con el objeto de proporcionar una mayor orientación a la población y agilizar la fluidez del tránsito vehicular y peatonal.


ARTÍCULO 114.- Es responsabilidad de los Municipios, la colocación, mantenimiento y preservación de la señalización vial, así como la de la nomenclatura de las vías.

 

ARTÍCULO 115.- La nomenclatura y la señalización vial en el Estado, se ajustarán al manual de dispositivos para el control del tránsito en áreas urbanas y suburbanas, que deberá publicar y mantener actualizado la Secretaría de Seguridad Pública.

 

ARTÍCULO 116.- Además de las normas técnicas, normas oficiales mexicanas y signos o emblemas universales, la nomenclatura y señalización vial deberá ser uniforme, identificable y visible a la distancia necesaria.

 

ARTÍCULO 117.- Los particulares están obligados a respetar la nomenclatura y señalización vial y a realizar un uso adecuado de las mismas, evitando obstruir, limitar, dañar o afectarlas de cualquier manera.

 

ARTÍCULO 118.- A efecto de no saturar las aceras, banquetas y guarniciones, ni deteriorar el entorno urbano o rural, deberá promoverse en donde sea posible y esté permitido por la normatividad, la incorporación de señalización vial sobre la superficie de rodamiento, cuyo diseño, medidas y tipografía deberá contemplarse en el Reglamento respectivo.

 


TÍTULO  SÉPTIMO

DEL ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS


CAPÍTULO I

DEL USO DE LA VÍA PÚBLICA


ARTÍCULO 119.- Para estacionar un vehículo en la vía pública deben observarse las disposiciones contenidas en el Reglamento de esta Ley, así como las que emita la autoridad correspondiente.


ARTÍCULO 120.-  El Reglamento de esta Ley contendrá las disposiciones relativas al estacionamiento de vehículos, considerando por lo menos los siguientes rubros:


I. Orientación del vehículo en el sentido de la circulación, excepto cuando esté ordenado el estacionarse en batería, así como sitios permitidos en calles y avenidas, distancia entre vehículos y de estos con relación a vías de tránsito peatonal;
II. Supuestos de prohibición para estacionar vehículos de uso particular;
III. Supuestos de prohibición para estacionar vehículos de transporte público;
IV. Áreas de estacionamiento para motocicletas, las cuales se acomodarán en batería;
V. Estacionamiento de vehículos de los que desciendan o asciendan personas con capacidades diferentes; y
VI. Los demás que se consideren necesarios.

ARTÍCULO 121.- En todo caso, para indicar las zonas de estacionamiento siempre se utilizarán señales uniformes, claras, visibles y de fácil comprensión, colocadas en forma ordenada.


Artículo 122.- En las zonas de intenso tránsito sólo se permitirá el estacionamiento de vehículos en cordón, y los vehículos deberán quedar dentro de las zonas marcadas para tal efecto.


Las motocicletas sólo podrán estacionarse en las áreas que para tal fin se designen en las vialidades y se acomodarán en batería.


ARTÍCULO 123.- En las zonas de carga y descarga, abasto y otras actividades que demanden los negocios comerciales e industriales, el tiempo máximo de estacionamiento será determinado por la autoridad de tránsito.


Artículo 124.- El funcionamiento de parquímetros será bajo vigilancia de los agentes de tránsito o vialidad.


La autoridad, establecerá restricciones de estacionamiento en las vías de circulación, en las zonas que por sus características así lo ameriten, incentivando la creación de estacionamientos en las áreas aledañas a dichas vías.


CAPÍTULO II

ESTACIONAMIENTOS


ARTÍCULO 125.- Corresponde a los Municipios, llevar a cabo el registro de estacionamientos y la emisión del Reglamento y manuales técnicos para regular su establecimiento y operación, de conformidad con lo establecido en este ordenamiento y demás disposiciones jurídicas aplicables.

 

ARTÍCULO 126.- Se considerarán estacionamientos privados los espacios en áreas de propiedad privada destinados al almacenaje de vehículos para satisfacer las necesidades que generan las actividades de la industria, comercio y servicios, que no requiere permiso o licencia para su funcionamiento.


Se considerarán estacionamientos públicos a los lugares de propiedad privada construido o acondicionado expresamente para ofrecer al público en general, el servicio de  estacionamiento, mediante el pago de una tarifa autorizada por el Ayuntamiento y cuya operación requiere licencia o permiso, así como los lugares de propiedad municipal en el cual el Municipio, por sí o a través de un particular, presta el servicio público de estacionamiento a la ciudadanía en general.


ARTÍCULO 127.- Los estacionamientos de propiedad municipal o administrados por el Municipio, así como los prestadores del servicio público de estacionamientos que operen bajo cualquier figura y que requieran de autorización municipal para su funcionamiento, deberán contar con las instalaciones necesarias para garantizar la seguridad de las personas y los vehículos.

 

Asimismo, deberán disponer de espacios exclusivos para el uso de personas con capacidades diferentes; debiendo instalar los señalamientos, rampas, escaleras o elevadores necesarios, para dar un trato preferente y seguro a este segmento de la población.


Asimismo, dispondrán de espacios exclusivos para el estacionamiento de motocicletas.

 

Las dependencias del Gobierno del Estado y las de los Municipios, que brinden servicio público de estacionamiento, deberán instalar el mobiliario adecuado, para brindar servicio preferencial a las personas con discapacidad.

 

ARTÍCULO 128.- Las autoridades municipales podrán examinar en todo tiempo, que las instalaciones y la construcción reúnan las condiciones señaladas en el artículo que antecede y que tengan a su servicio personal capacitado.

TÍTULO OCTAVO

DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES


CAPÍTULO I

EN MATERIA DE TRÁNSITO Y CONTROL VEHICULAR


Artículo 129.-  Para la imposición de las sanciones derivadas de la trasgresión de las disposiciones de la presente Ley en materia de tránsito y control vehicular, los agentes de tránsito procederán en la forma que establezca el Reglamento de esta Ley.


Artículo 130.- Las infracciones a la presente Ley, en materia de tránsito y control vehicular serán sancionadas por la autoridad vial, dependiendo de su gravedad, mediante:


I. Amonestación;
II. Retiro de la circulación del vehículo, mediante su aseguramiento y posterior retención en los lugares destinados para tal efecto por la autoridad de tránsito;
III. Sanción económica, por un importe de cuatro a cincuenta días de salario mínimo general diario vigente en la capital del Estado; y
IV. Cancelación o suspensión de la licencia o permiso para conducir.

Tratándose de sanciones consistentes en la amonestación, retiro de la circulación de vehículos e imposición de sanciones económicas, serán impuestas por los agentes de tránsito que conozcan de las infracciones que den lugar a su imposición. Lo anterior, de conformidad con el Reglamento de esta Ley o las disposiciones municipales correspondientes.


Cuando la sanción económica no pueda ser cubierta ni exista forma de asegurar su importe, se conmutará por arresto que no podrá exceder de treinta y seis horas.  A propuesta del infractor, las autoridades en materia de tránsito podrán sustituir el arresto, por trabajos en beneficio de la comunidad, en los términos fijados por el Reglamento de la presente Ley o los bandos municipales respectivos.


La cancelación o suspensión del permiso o licencia para conducir, será impuesta por la autoridad vial, previa audiencia del infractor en los términos de esta Ley.


ARTÍCULO 131.- Las sanciones que se señalan en este capítulo, se aplicarán sin perjuicio de las causas de remisión de unidades a los depósitos vehiculares y la responsabilidad civil o penal que resulten de la comisión de la infracción.


Artículo 132.- La elaboración del catálogo de sanciones aplicables corresponde a los Municipios y en la capital del Estado a la Secretaría de Seguridad Pública, quienes los publicarán en el Periódico Oficial del Estado.


CAPÍTULO II

EN MATERIA DE INCORPORACIÓN DE ELEMENTOS A LA VIALIDAD

 

ARTÍCULO 133.- Las infracciones cometidas en contravención de lo previsto en esta Ley respecto con la incorporación de elementos a la vialidad, se sancionarán conforme a lo siguiente:

 

I. A las personas que incorporen elementos a la vialidad, sin contar con la autorización, se le impondrá una multa de treinta a cincuenta días de salario mínimo vigente y el retiro de los mismos;
II. A las personas que no retiren los elementos incorporados a la vialidad, habiendo transcurrido el plazo otorgado por la autoridad municipal, se les impondrá una multa de dieciséis a treinta días de salario mínimo vigente y el pago de los gastos de ejecución;
III. A las personas que le den un uso inadecuado, obstruyan o limiten la nomenclatura o señalización vial, se les impondrá una multa de treinta a cincuenta días de salario mínimo vigente;
IV. A las personas que dañen, deterioren o destruyan la nomenclatura o señalización vial, se les impondrá una multa de treinta a cincuenta días de salario mínimo vigente; y
V. A las personas que habiendo sido requeridas, se nieguen a proporcionar la documentación, datos, información y demás elementos inherentes a la autorización de incorporación de elementos a la vialidad, se le impondrá una multa de treinta a cincuenta días de salario mínimo vigente y el retiro de los mismos.
 

Las sanciones que se señalan en este capítulo, se aplicarán sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal que resulten de la comisión de la infracción.


Para la imposición de sanciones se estará a la forma y términos que señala la Ley de Procedimiento Administrativo para el Estado y los Municipios de Campeche.


ARTÍCULO 134.- En caso de reincidencia, la autoridad podrá imponer una multa que oscilará entre el cincuenta por ciento y el cien por ciento adicional de las cuantías señaladas, de acuerdo con la gravedad de la infracción, las circunstancias de ejecución y las condiciones del infractor.


CAPÍTULO III

RECURSOS


Artículo 135.- Las resoluciones e infracciones que sean dictadas en aplicación de las disposiciones de esta Ley podrán ser impugnadas mediante el recurso de revisión establecido en la Ley de Procedimiento Administrativo para el Estado y los Municipios de Campeche, en la forma y términos que éste señala.

TRANSITORIOS

 

PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor a los sesenta días hábiles siguientes a su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

 

SEGUNDO.- A partir de la entrada en vigor de esta Ley queda abrogada la Ley de Vialidad, Comunicaciones y Transportes para el Estado de Campeche publicada en el Periódico Oficial del Estado el 30 de abril de 1987,  derogándose también todas las disposiciones legales y reglamentarias que se opongan a la presente Ley.

 

TERCERO.- El Ejecutivo del Estado deberá publicar el Reglamento de esta Ley en un lapso de noventa días hábiles siguientes a la entrada en vigor de la misma, en tanto no se publique se continuarán aplicando los vigentes.

 

CUARTO.- Los Municipios tendrán el plazo de sesenta días contados a partir de la publicación del Reglamento de esta Ley, para realizar las modificaciones que deban efectuarse a los ordenamientos de carácter municipal, así como para la expedición del reglamento señalado en el artículo 11, fracción XII, de esta Ley, en tanto no se publiquen se continuarán aplicando los vigentes en lo que no se opongan a la presente.

 

QUINTO.- El Registro y el inventario a que se refiere el  Artículo 11 Fracción V y VI  de esta Ley deberán estar conformados a más tardar, un año después de la entrada en vigor de este ordenamiento.

 

SEXTO.- El pago de derechos a que se refiere el artículo 58, se contemplará en las reformas a la Ley de Hacienda del Estado, para entrar en vigor a partir del primero de enero de 2009.

 

SÉPTIMO.- El Registro Público de Tránsito a que se refieren los artículos  71 y 72  de esta Ley, deberá estar actualizado a más tardar, un año después de la entrada en vigor de este ordenamiento.


El  manual de dispositivos para el control del tránsito en áreas urbanas y suburbanas a que refiere el artículo 8, fracción XX de esta Ley, deberá ser emitido y publicado por la Secretaría de Seguridad Pública en un plazo que no excederá de 120 días hábiles siguientes a la entrada en vigor de esta Ley.


OCTAVO.- Los particulares señalados en el artículo 94 de esta Ley, que no cuenten con la autorización respectiva, deberán regularizarse a más tardar el primero de febrero del año 2009.


Dado en el Salón de Sesiones del Palacio Legislativo, en la ciudad de San Francisco de Campeche, Campeche, a los cinco días del mes de junio del año dos mil ocho.- C. Carlos Ernesto Rosado Ruelas, Diputado Presidente.- C. Humberto Javier Castro Buenfil, Diputado  Secretario.- C. María del Carmen Pérez López, Diputada  Secretaria.- Rúbricas.


En cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 48, 49 y 71, fracción XVIII, de la Constitución Política del Estado, lo sanciono, mando se imprima, publique y circule para su debida observancia.


Dado en el Palacio de Gobierno del Estado, en San Francisco de Campeche, Campeche,  a los seis días del mes de junio del año dos mil ocho.- EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO, C.P. JORGE CARLOS HURTADO VALDEZ.- EL SECRETARIO DE GOBIERNO, M. EN D. RICARDO MEDINA FARFÁN.- RUBRICAS.

EXPEDIDA  MEDIANTE  DECRETO NUM. 161,  DE LA LIX LEGISLATURA,  PUBLICADO EN EL P.O. No. 4055  DE FECHA  9 DE JUNIO DE 2008.


DECRETO No. 66 QUE ADICIONÓ UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 64 EXPEDIDO POR LA LX LEGISLATURA, PUBLICADO EN P.O.  4659 DE FECHA 22 DE DICIEMBRE DE 2010.

T R A N S I T O R I O S


Primero.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.


Segundo.- Se derogan todas las disposiciones legales y reglamentarias en lo que se opongan al presente decreto.


Dado en el Salón de Sesiones del Palacio Legislativo, en la ciudad de San Francisco de Campeche, Campeche, a los catorce días del mes de diciembre del año dos mil diez.


C. José Benedicto Barony Blanquet, Diputado Presidente.- C. Gloria del C. Gutiérrez Ocampo, Diputada Secretaria.- C. Guadalupe del C. Canché Molina, Diputada Secretaria.- Rúbricas.-


DECRETO 175 QUE REFORMÓ LOS ARTÍCULOS 31; 52 PÁRRAFO PRIMERO Y SU FRACCIÓN XVII; 63, 64; Y ADICIONÓ UNA FRACCIÓN XVIII AL ARTÍCULO 52 Y UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 67, EXPEDIDO POR LA LXI LEGISLATURA, PUBLICADO EN P.O. 5625, SEGUNDA SECCIÓN, DE FECHA 5 DE DICIEMBRE DE 2014.

T R A N S I T O R I O S


PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor el primero de enero del 2015, previa publicación en el Periódico Oficial del Estado.


SEGUNDO.- El registro vehicular a que se hace referencia será obligatorio hasta el segundo año fiscal siguiente al de la entrada en vigor de este decreto. Hasta en tanto, el Registro Público Vehicular se tramite voluntariamente, estará libre del pago de los derechos a que se refiere este decreto.


TERCERO.- Se derogan todas las disposiciones legales y reglamentarias que se opongan al contenido del presente decreto.


Dado en el Salón de Sesiones del Palacio Legislativo, en la ciudad de San Francisco de Campeche, Campeche, a los catorce días del mes de octubre del año dos mil catorce.- C. Pablo Hernán Sánchez Silva, Diputado Presidente.- C. Marcos Alberto Pinzón Charles, Diputado Secretario.- C. Yolanda del Carmen Montalvo López, Diputada Secretaria.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DECRETO 76,  QUE REFORMÓ  LA FRACCIÓN V Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN VI AL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 37; SE ADICIONA UN TERCER PÁRRAFO AL ARTÍCULO 38 Y SE REFORMA EL INCISO C) DE LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 61, EXPEDIDO POR LA LXII LEGISLATURA, PUBLICADO EN EL P.O. No. 0275 SEGUNDA SECCIÓN DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2016.

TRANSITORIOS


PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor a los treinta días siguientes  de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.


SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones legales y reglamentarias que se opongan al presente decreto.


Dado en el Salón de Sesiones del Palacio Legislativo, en la ciudad de San Francisco de Campeche, Campeche, a los dieciséis días del mes de agosto del año dos mil dieciséis.


C. Ramón Martín Méndez Lanz, Diputado Presidente.- C. Laura Baqueiro Ramos, Diputada Secretaria.- C. Pablo Guillermo Angulo Briceño, Diputado Secretario.- Rúbricas.


DECRETO 81, QUE REFORMÓ LA FRACCIÓN IX DEL ARTÍCULO 45, EXPEDIDO POR LA LXIII LEGISLATURA, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO No. 1052 DE FECHA 5 DE NOVIEMBRE DE 2019.


TRANSITORIOS

 

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor quince  días  después de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.


SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones legales y reglamentarias, de igual o menor jerarquía, que se opongan al contenido del presente decreto.


Dado en el Salón de Sesiones del Palacio Legislativo, en la ciudad de San Francisco de Campeche, Campeche, a los dieciséis días del mes de octubre del año dos mil diecinueve.


C. Karla Guadalupe Toledo Zamora, Diputada Presidenta.- C. Carlos César Jasso Rodríguez, Diputado Secretario.- C. Ricardo Sánchez Cerino, Diputado Secretario.- Rúbricas.


DECRETO 82, QUE REFORMÓ LA FRACCIÓN XIX Y ADICIONÓ LAS FRACCIONES XX Y XXI AL ARTÍCULO 10 DE LA LEY DE VIALIDAD, TRÁNSITO Y CONTROL VEHICULAR DEL ESTADO DE CAMPECHE, EXPEDIDO POR LA LXIII LEGISLATURA, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO No. 1076 DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2019.


TRANSITORIOS


PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor quince días después de su publicación en  el Periódico Oficial del Estado.


SEGUNDO.- Se derogan las disposiciones legales y reglamentarias en lo que se opongan al contenido del presente decreto.


Dado en el Salón de Sesiones del Palacio Legislativo, en la ciudad de San Francisco de Campeche, Campeche, a los veinticuatro días del mes de octubre del año dos mil diecinueve.


C. Karla Guadalupe Toledo Zamora, Diputada Presidenta.- C. Carlos César Jasso Rodríguez, Diputado Secretario.- C. Ricardo Sánchez Cerino, Diputado Secretario.- Rúbricas.

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