pdf Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Campeche

Publicado el 29 Mayo 2024 4907 descargas

LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE
DE VIOLENCIA DEL ESTADO DE CAMPECHE

TÍTULO PRIMERO

CAPÍTULO ÚNICO
DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1.- La presente ley es de orden público e interés social y tiene por objeto prevenir, atender, sancionar y erradicar las violencias contra las mujeres, adolescentes y niñas, así como establecer los principios y mecanismos para el pleno acceso a una vida libre de violencias, además de garantizar el goce y ejercicio de sus derechos humanos y fortalecer el régimen democrático establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la particular del Estado.

Nota: Se reformó mediante decreto 223 de la LXIV Legislatura, publicado en el P.O. del Estado No. 1900 Tercera Sección de fecha 10 de abril de 2023.

ARTÍCULO 2.- Los principios rectores para el acceso de las mujeres, adolescentes y niñas a una vida libre de violencia que deberán ser observados en la elaboración y ejecución de las políticas públicas del Estado son:

I. La igualdad jurídica, sustantiva, de resultados, de género y estructural;
II. La universalidad, la interdependencia, la indivisibilidad, la progresividad y el respeto a los derechos humanos de las mujeres;
III. La no discriminación.
IV. La libertad y autodeterminación de las mujeres;
V. El pluralismo social, la multiculturalidad e interculturalidad de las mujeres;
VI. La perspectiva de género que permite incorporar a la mujer como sujeto social;
VII. La integración plena y total de las mujeres a la vida democrática y productiva del Estado.
VIII. La dignidad de las mujeres.
IX. La debida diligencia
X. La interseccionalidad;
XI. El enfoque diferencial.

Nota: Se reformó la fracción II y se adicionaron las fracciones IV, V, VI y VII mediante decreto 254 de la LXI Legislatura, publicado en el P.O. del gobierno del Estado No.5119 de fecha 14 de noviembre de 2012.
Nota: Se reformaron las fracciones I y II y se adicionó la fracción VIII mediante decreto 147 de la LXIV Legislatura, publicado en el P.O. del Estado No. 1811 Segunda Sección de fecha 24 de noviembre de 2022.
Nota: Se reformó el párrafo primero y la fracción V, y se adicionaron las fracciones IX, X y XI, mediante decreto 228 de la LXIV Legislatura, publicado en el P.O. del Estado No. 1920 Tercera Sección de fecha 11 de mayo de 2023.

ARTÍCULO 2 bis.- Serán principios procesales en la presente Ley, en aquellos procedimientos civiles y penales, que ventilen algún tipo de violencia de género, los siguientes:

I. La gratuidad;
II. La celeridad; y
III. La confidencialidad.

Nota: Se adicionó mediante decreto 254 de la LXI Legislatura, publicado en el P.O. del gobierno del Estado No.5119 de fecha 14 de noviembre de 2012.

ARTÍCULO 2 ter.- Los derechos de las mujeres protegidos por esta Ley son:

I. La vida;
II. La libertad;
III. La igualdad;
IV. La intimidad;
V. La no discriminación;
VI. La integridad física, psicoemocional y sexual de las mujeres; y
VII. El patrimonio

Nota: Se adicionó mediante decreto 254 de la LXI Legislatura, publicado en el P.O. del gobierno del Estado No.5119 de fecha 14 de noviembre de 2012.

ARTÍCULO 2 Quater.- Para los efectos de la presente ley se entenderá por:

I. Ley: La Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Campeche;
II. Programa: El Programa Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres;
III. Sistema: El Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres;
IV. Violencia contra las Mujeres: Cualquier acción u omisión, basada en su género, que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual, política o cualquiera otra forma análoga que lesione o sea susceptible de dañar su dignidad, integridad o libertad, inclusive la muerte, sea en el ámbito privado como en el público;
V. Modalidades de la Violencia: Las formas, manifestaciones o los ámbitos de ocurrencia en que se presenta la violencia contra las mujeres;
VI. Parto Humanizado: Modelo de atención en el que se facilita un ajuste de la asistencia médica a la cultura, creencias, valores y expectativas de la mujer, respetando la dignidad humana, así como sus derechos y los de la persona recién nacida, erradicando todo tipo de violencia física, psicológica e institucional, respetando los tiempos biológicos y psicológicos, evitando prácticas invasivas y suministro de medicación que no estén justificados médicamente;
VII. Víctima: La mujer de cualquier edad a quien se le inflige cualquier tipo de violencia;
VIII. Agresor: La persona que inflige cualquier tipo de violencia contra las mujeres;
IX. Derechos Humanos de las Mujeres: Refiere a los derechos que son parte inalienable, integrante e indivisible de los derechos humanos universales contenidos en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW); la Convención sobre los Derechos de la Niñez; la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad; la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belem do Pará) y demás instrumentos internacionales en la materia;
X. Perspectiva de Género: Es una visión científica, analítica y política sobre las mujeres y los hombres, que tiene como propósito eliminar las causas de la opresión de género como la desigualdad, la injusticia y la jerarquización de las personas basada en el género; promueve la igualdad entre los géneros a través de la equidad, el adelanto y el bienestar de las mujeres; contribuye a construir una sociedad en donde las mujeres y los hombres tengan el mismo valor, la igualdad de derechos y oportunidades para acceder a los recursos económicos y a la representación política y social en los ámbitos de toma de decisiones;
XI. Empoderamiento de las Mujeres: Es un proceso por medio del cual las mujeres transitan de cualquier situación de opresión, desigualdad, discriminación, explotación o exclusión a un estadio de conciencia, inclusión, autodeterminación y autonomía, el cual se manifiesta en el ejercicio del poder democrático que emana del goce pleno de sus derechos y libertades;
XII. Misoginia: Son conductas de odio hacia las mujeres, las adolescentes y las niñas y se manifiestan en actos violentos y crueles contra ellas por el hecho de serlo;
XIII. Muertes evitables: Conjunto de muertes que no deberían haber ocurrido en presencia de servicios de salud eficaces, con exámenes rutinarios para la detección temprana y tratamientos adecuados;
XIV. Interseccionalidad: Herramienta analítica para estudiar, entender y responder a las maneras en que el género se cruza con otras identidades creando múltiples ejes de diferencias que se interceptan en contextos históricos específicos, mismos que contribuyen a experiencias específicas de opresión y privilegio e influyen sobre el acceso de las mujeres y las niñas a derechos y oportunidades;
XV. Interculturalidad: El enfoque intercultural parte del reconocimiento y respeto de las diferencias culturales existentes, bajo la concepción de que las culturas pueden ser diferentes entre sí, pero igualmente válidas, no existiendo culturas superiores ni inferiores. Está orientado a abordar las particularidades de las mujeres de los pueblos indígenas, afrodescendientes y otros grupos étnicos diferenciados y su relación con la sociedad dominante, más allá de la coexistencia de culturas;
XVI. Enfoque diferencial: Tiene como objetivo visibilizar las diferentes situaciones de vulnerabilidad de las mujeres, las adolescentes y las niñas, ya sea por género, edad, etnia o discapacidad; así como las vulneraciones específicas a sus derechos humanos en tanto pertenecientes a grupos sociales o culturales específicos, lo anterior con el objetivo de diseñar y ejecutar medidas afirmativas para la garantía del goce efectivo de los derechos de las mujeres, las adolescentes y las niñas;
XVII. Debida diligencia: La obligación de las personas servidoras públicas de prevenir, atender, investigar y sancionar la violencia contra las mujeres de manera oficiosa, oportuna, competente, independiente, imparcial, exhaustiva y asegurando la participación individual y colectiva de las mujeres, para garantizar el derecho a una vida libre de violencia, a la verdad, la justicia y la reparación integral y transformadora;
XVIII. Refugios: Centros de alta seguridad con atención y protección multidisciplinaria para mujeres, niñas, niños y adolescentes y discapacitados víctimas de violencia; y
XIX. Espacio Público: Áreas, espacios abiertos o predios de los asentamientos humanos destinados al uso, disfrute o aprovechamiento colectivo, de acceso generalizado y libre tránsito.

Nota: Se adicionó mediante decreto 244 de la LXIV Legislatura, publicado en el P.O. del gobierno del Estado No. 1965 Segunda Sección de fecha 13 de julio de 2023.
Nota: Se reforman las fracciones XVII y XVIII y se adiciona la fracción XIX mediante decreto 355 de la LXIV Legislatura, publicado en el P.O. del Estado No. 2177 Cuarta Sección de fecha 29 de mayo de 2024.

ARTÍCULO 3.- La aplicación de la presente ley corresponde al Poder Ejecutivo del Estado, a través de las dependencias y entes públicos estatales que se señalan en esta ley, así como a los Ayuntamientos, en sus respectivos ámbitos de competencia.

ARTÍCULO 4.- El Estado y los Municipios preverán en sus respectivos presupuestos de egresos los recursos necesarios para implementar los programas y acciones de prevención y atención a las mujeres víctimas de violencia derivados de la presente ley.

ARTÍCULO 5.- Los tipos de violencia contra las mujeres son:

I. Violencia psicológica. - Es cualquier acto u omisión reiterada que dañe la estabilidad psicológica, que puede consistir en negligencia, abandono, insultos, devaluación, marginación, comparaciones destructivas, restricción a la autodeterminación y amenazas, las cuales conllevan a la víctima a la depresión, al aislamiento, a la devaluación de su autoestima e incluso al suicidio;
II. Violencia física. - Es cualquier acto que inflija daño no accidental, usando la fuerza física o algún tipo de arma u objeto que pueda provocar o no lesiones ya sean internas, externas, o ambas;
III. Violencia patrimonial. - Es cualquier acto u omisión que afecta la supervivencia de la víctima. Se manifiesta en la transformación, sustracción, destrucción, retención o distracción de objetos, documentos personales, bienes y valores, derechos patrimoniales o recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades y puede abarcar los daños a los bienes comunes o propios de la víctima;
IV. Violencia económica.- Toda acción u omisión que afecta de manera directa o indirecta a la economía, a través de limitaciones encaminadas a controlar el ingreso de sus percepciones económicas, en la restricción, limitación y/o negación injustificada para obtener recursos económicos, percepción de un salario menor por igual trabajo, explotación laboral, exigencia de exámenes de no gravidez, así como la discriminación para la promoción laboral, incumplimiento de las responsabilidades alimentarias, exclusión o discriminación en la toma de decisiones financieras o en la disposición de los recursos compartidos sin la voluntad de la víctima;
V. Violencia sexual.- Es cualquier acto que degrada o daña el cuerpo y/o la sexualidad de la víctima y que por tanto atenta contra su libertad, dignidad e integridad física. Es una expresión de abuso de poder, que se puede dar en el espacio público o privado, que implica la supremacía masculina sobre la mujer, al denigrarla y concebirla como objeto;
VI. Violencia Política en contra de las mujeres en razón de género: es toda acción u omisión, incluida la tolerancia, basada en elementos de género y ejercida dentro de la esfera pública o privada, que tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de una o varias mujeres, el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo, labor o actividad, el libre desarrollo de la función pública, la toma de decisiones, la libertad de organización, así como el acceso y ejercicio a las prerrogativas correspondientes a una precandidatura, candidatura o a un cargo público;
VII. Violencia Obstétrica.- Es toda acción u omisión por parte del personal médico y de salud, que dañe, lastime, denigre o cause la muerte a la mujer durante el embarazo, parto y puerperio; así como la negligencia en su atención médica que se exprese en un trato deshumanizado, en un abuso de medicalización y patologización de los procesos naturales, trayendo consigo pérdida de autonomía y capacidad de decidir libremente sobre sus cuerpos y sexualidad; considerando como tales la omisión de la atención oportuna y eficaz de las emergencias obstétricas; practicar el parto por vía de cesárea, existiendo condiciones para el parto natural; el uso de métodos anticonceptivos o esterilización sin que medie el consentimiento voluntario, expreso e informado de la mujer; así como obstaculizar sin causa médica justificada el apego precoz del niño o niña con su madre, negándole la posibilidad de cargarlo y amamantarlo inmediatamente después de nacer;
VIII. Violencia Digital.- Son los actos de acoso, hostigamiento, amenaza, insultos, vulneración de datos e información privada, divulgación de la información apócrifa, mensajes de odio, difusión de contenido sexual sin consentimiento, textos, fotografías, vídeos y/o datos personales u otras impresiones gráficas o sonoras, verdaderas o alteradas, o cualquier otra acción que sea cometida a través de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, plataformas de internet, redes sociales, correo electrónico, aplicaciones, o cualquier otro espacio digital que atente contra la integridad, dignidad, intimidad, libertad, vida privada o vulnere algún derecho humano de las mujeres; y
IX. Violencia mediática. Es todo acto a través de cualquier medio de comunicación, que de manera directa o indirecta promueva estereotipos sexistas, haga apología de la violencia contra las mujeres y las niñas, produzca o permita la producción y difusión de discurso de odio sexista, discriminación de género o desigualdad entre mujeres y hombres, que cause daño a las mujeres y niñas de tipo psicológico, sexual, físico, económico, patrimonial o feminicida.
La violencia mediática se ejerce por cualquier persona física o moral que utilice un medio de comunicación para producir y difundir contenidos que atentan contra la autoestima, salud, integridad, libertad y seguridad de las mujeres y niñas, que impide su desarrollo y que atenta contra la igualdad.
X. Violencia Vicaria: Cualquier acto u omisión cometido por parte de quien mantenga o haya mantenido una relación afectiva o sentimental con la víctima y que tenga por objeto por sí o por interpósita persona infligir a los hijos e hijas de ésta un daño, menoscabo o sufrimiento de cualquier naturaleza con el propósito de causarle una afectación o daño físico, psicológico, emocional, patrimonial o de cualquier otra índole a la víctima;
XI. Violencia Química. - Es aquella que pretende causar daño físico irreversible que lastime, altere y/o cause alguna discapacidad, mediante la acción de arrojar ácido o sustancia corrosiva, cáustica, irritante, tóxica o inflamable o cualquier otra sustancia que, en determinadas condiciones, pueda provocar lesiones ya sean internas, externas, o ambas.
Dicha acción envuelve una carga simbólica, porque con esta el agresor pretende causar de forma deliberada y permanente dolor, sufrimiento o humillación a la víctima, causándole daños físicos, psicológicos y emocionales;
XII. Violencia por Acoso. - Es la agresión reflejada en cualquier acto expresivo, verbal o físico, motivada u orientada por discriminación con base en el género, que pretenda coaccionar a la persona acosada con molestias o requerimientos que la coloquen intencionalmente en una situación de riesgo, incluso en aquellos casos donde no exista subordinación, pero el acosador cometa un ejercicio abusivo del poder que ponga a la víctima en estado de indefensión;
XIII. Violencia Institucional. - Son los actos u omisiones de las personas que tengan el carácter de servidores públicos que discriminen o tengan como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, así como su acceso al disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los diferentes tipos de violencia; y
XIV. Cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean susceptibles de dañar la dignidad, integridad o libertad de las mujeres.

Nota: Se reformó la fracción VI y se adiciona la fracción VII mediante decreto 126 de la LXI Legislatura publicado en el P.O. del Estado No. 5502 de fecha 11 de junio de 2014.
Nota: Se reformó la fracción VII y se adicionó una fracción VIII mediante decreto 255 de la LXI Legislatura, publicado en el P.O. del Estado No. 5778 de fecha 21 de julio de 2015.
Nota: Se reformaron las fracciones VI y VIII y se adicionó una fracción IX mediante decreto 133 de la LXIII Legislatura, publicado en el P.O. del del Estado No. 1183 Tercera Sección de fecha 27 de mayo de 2020.
Nota: Se reformó la fracción IX y se adicionó una fracción X mediante decreto 46 de la LXIV Legislatura, publicado en el P.O. del gobierno del Estado No. 1658 Tercera Sección de fecha 8 de abril de 2022.
Nota: Se reformó la fracción X y se adicionó una fracción XI mediante decreto 150 de la LXIV Legislatura, publicado en el P.O. del Estado No. 1818 Segunda Sección de fecha 5 de diciembre de 2022.
Nota: Se reformó la fracción XI y se adicionó una fracción XII mediante decreto 271 de la LXIV Legislatura, publicado en el P.O. del Estado No. 2048, Tercera Sección, de fecha 14 de noviembre de 2023.
Nota: Se reformaron las fracciones IV y XII y, se adicionaron las fracciones XIII y XIV mediante decreto 338 de la LXIV Legislatura, publicado en el P.O. del Estado No. 2115, Cuarta Sección, de fecha 23 de febrero de 2024.
Nota: Se reformó la fracción V mediante decreto 355 de la LXIV Legislatura, publicado en el P.O. del Estado No. 2177, Cuarta Sección de fecha 29 de mayo de 2024.

TÍTULO SEGUNDO
MODALIDADES DE LA VIOLENCIA EN CONTRA DE LAS MUJERES

CAPÍTULO I
DE LA VIOLENCIA EN EL ÁMBITO FAMILIAR

ARTÍCULO 6.- La violencia familiar es el acto de poder u omisión intencional, dirigido a dominar, someter, controlar o agredir de manera física, verbal, psicoemocional, patrimonial, económica y sexual a las mujeres, dentro o fuera del domicilio familiar, cuyo agresor tenga o haya tenido relación de parentesco por consanguinidad o afinidad, de matrimonio, concubinato o mantengan o hayan mantenido una relación de hecho.

Para proteger a las víctimas de violencia familiar, como parte de la obligación del Estado, de garantizar a las mujeres su seguridad y el ejercicio pleno de sus derechos humanos considerando la interseccionalidad, la interculturalidad y el enfoque diferenciado. Para ello, deberán tomar en consideración:

I. Proporcionar atención, asesoría jurídica y tratamiento psicológico especializados y gratuitos a las víctimas, que favorezcan su empoderamiento y reparen el daño causado por dicha violencia;
II. Brindar servicios reeducativos integrales, especializados y gratuitos al agresor para erradicar las conductas violentas a través de una educación que elimine los estereotipos de supremacía masculina, y los patrones machistas que generaron su violencia;
III. Evitar que la atención que reciba la víctima y el agresor sea proporcionada por la misma persona y en el mismo lugar. En ningún caso podrán brindar atención, aquellas personas que hayan sido sancionadas por ejercer algún tipo de violencia;
IV. Evitar procedimientos de mediación o conciliación por ser inviables en una relación de sometimiento entre el agresor y las víctimas;
V. Favorecer la separación y alejamiento del agresor con respecto a la víctima; y
VI. Favorecer la instalación y el mantenimiento de refugios para las víctimas y sus hijas e hijos; la información sobre su ubicación será secreta y proporcionarán apoyo psicológico y legal especializados y gratuitos. En ningún caso podrán laborar en los refugios personas que hayan sido sancionadas por ejercer algún tipo de violencia.

En lo relativo a este tipo de violencia se estará a lo dispuesto en la Ley de Prevención y Atención de la Violencia Intrafamiliar para el Estado de Campeche, así como en los Códigos Civil y de Procedimientos Civiles, Penal y de Procedimientos Penales para el Estado de Campeche.

Nota: Se adicionó un párrafo segundo mediante decreto 338 de la LXIV Legislatura, publicado en el P.O. del Estado No. 2115, Cuarta Sección, de fecha 23 de febrero de 2024.

CAPÍTULO II
DE LA VIOLENCIA LABORAL Y DOCENTE

ARTÍCULO 7.- Violencia Laboral y Docente: Se ejerce por las personas que tienen un vínculo laboral, docente o análogo con la víctima, independientemente de la relación jerárquica, consistente en un acto o una omisión en abuso de poder que daña la autoestima, salud, integridad, libertad y seguridad de la víctima, e impide su desarrollo y atenta contra la igualdad.

Puede consistir en un solo evento dañino o en una serie de eventos cuya suma produce el daño. También incluye el acoso o el hostigamiento sexual.

Nota: Se reformó mediante decreto 245 de la LXVI Legislatura, publicado en el P.O. del gobierno del Estado No. 1967 Segunda Sección de fecha 17 de julio de 2023.

ARTÍCULO 8.- Constituye violencia docente: aquellas conductas que dañen la autoestima de las alumnas con actos de discriminación por su sexo, edad, condición social, académica, limitaciones y/o características físicas, que les infringen los docentes y/o académicos o personal administrativo.

Nota: Se reformó mediante decreto 245 de la LXIV Legislatura, publicado en el P.O. del gobierno del Estado No. 1967 Segunda Sección de fecha 17 de julio de 2023.

ARTÍCULO 9.- Constituye violencia laboral: la negativa ilegal a contratar a la víctima o a respetar su permanencia o condiciones generales de trabajo; la descalificación del trabajo realizado, las amenazas, la intimidación, las humillaciones, las conductas referidas en la Ley Federal del Trabajo, la explotación, el impedimento a las mujeres de llevar a cabo el período de lactancia previsto en la ley y todo tipo de discriminación por condición de género.

Nota: Se adicionaron los párrafos segundo y tercero mediante decreto 133 de la LXIII Legislatura, publicado en el P.O. del gobierno del Estado No. 1183 Tercera Sección de fecha 27 de mayo de 2020.
Nota: Se reformó mediante decreto 245 de la LXIV Legislatura, publicado en el P.O. del gobierno del Estado No. 1967 Segunda Sección de fecha 17 de julio de 2023.

ARTÍCULO 9 Bis.- El hostigamiento sexual es el ejercicio del poder, en una relación de subordinación real de la víctima frente al agresor en los ámbitos laboral y/o escolar. Se expresa en conductas verbales, físicas o ambas, relacionadas con la sexualidad de connotación lasciva.

El acoso sexual es una forma de violencia en la que, si bien no existe la subordinación, hay un ejercicio abusivo de poder que conlleva a un estado de indefensión y de riesgo para la víctima, independientemente de que se realice en uno o varios eventos.

Nota: Se adicionó mediante decreto 245 de la LXIV Legislatura, publicado en el P.O. del gobierno del Estado No. 1967 Segunda Sección de fecha 17 de julio de 2023.

ARTÍCULO 9 Ter.- El Estado en función de sus atribuciones, tomará en consideración:

I. Establecer las políticas públicas que garanticen el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia en sus relaciones laborales y/o de docencia;
II. Fortalecer el marco penal y civil para asegurar la sanción a quienes hostigan y acosan;
III. Promover y difundir en la sociedad que el hostigamiento sexual y el acoso sexual son delitos; y
IV. Diseñar programas que brinden servicios reeducativos integrales para víctimas y agresores.

Nota: Se adicionó mediante decreto 345 de la LXIV Legislatura, publicado en el P.O. del gobierno del Estado No. 2134 Cuarta Sección de fecha 22 de marzo de 2024.

ARTÍCULO 9 Quater.- Para los efectos del hostigamiento sexual y del acoso sexual, los Gobiernos Estatal y Municipales deberán:

I. Reivindicar la dignidad de las mujeres y las niñas en todos los ámbitos de la vida;
II. Establecer mecanismos que favorezcan su erradicación en escuelas, instituciones gubernamentales y centros laborales privados o públicos, mediante acuerdos y convenios con instituciones escolares, empresas y sindicatos;
III. Crear procedimientos administrativos claros y precisos en las escuelas y los centros laborales, para sancionar estos ilícitos e inhibir su comisión;
IV. Implementar sanciones administrativas para las y los superiores jerárquicos de la persona hostigadora o acosadora cuando sean omisos en recibir y/o dar curso a una queja;
V. En ningún caso se hará público el nombre de la víctima para evitar algún tipo de sobrevictimización o que sea boletinada o presionada para abandonar la escuela o trabajo;
VI. Para los efectos de la fracción anterior, deberán sumarse las quejas anteriores que sean sobre la misma persona hostigadora o acosadora, guardando públicamente el anonimato de la o las quejosas; y
VII. Proporcionar atención psicológica y legal, especializada y gratuita a quien sea víctima de hostigamiento o acoso sexual.

Nota: Se adicionó mediante decreto 345 de la LXIV Legislatura, publicado en el P.O. del gobierno del Estado No. 2134 Cuarta Sección de fecha 22 de marzo de 2024.

CAPÍTULO III
DE LA VIOLENCIA EN LA COMUNIDAD

ARTÍCULO 10.- Violencia en la Comunidad: Son los actos individuales o colectivos que transgreden derechos fundamentales de las mujeres y propician su denigración, discriminación, marginación o exclusión en el ámbito público.

ARTÍCULO 10 Bis.- Acoso Sexual en Espacios Públicos: Es una forma de violencia que conlleva un abuso de poder respecto de la víctima, sin que medie relación alguna con la persona agresora. Se manifiesta a través de una conducta física o verbal de connotación sexual no consentida ejercida sobre una o varias personas, en espacios y medios de transporte públicos, cuya acción representa una vulneración a los derechos humanos.

Nota: Se adicionó mediante decreto 355 de la LXIV Legislatura, publicado en el P.O. del Estado No. 2177 Cuarta Sección de fecha 29 de mayo de 2024.

CAPÍTULO IV
DE LA VIOLENCIA DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS

ARTÍCULO 11.- Constituye la violencia de funcionarios públicos los actos u omisiones de las personas que tengan este carácter en los términos de las disposiciones relativas de la Constitución Política del Estado y de la Ley Reglamentaria del Capítulo XVII de la Constitución Política del Estado, que discriminen o tengan como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, así como su acceso al disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los diferentes tipos de violencia.

ARTÍCULO 12.- El Estado y los Municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, fomentarán las adecuaciones que correspondan en el ámbito administrativo y procurarán la capacitación que requieran sus servidores públicos, a fin de que en el ejercicio de sus funciones éstos sean capaces de asegurar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.

ARTÍCULO 13.- El Estado y los Municipios promoverán las acciones conducentes para prevenir, atender, investigar y sancionar las conductas violentas en contra de las mujeres ejercidas por servidores públicos, así como aquellas que, en su caso, sean necesarias a fin de que se repare el daño inflingido (sic) a las víctimas, de conformidad con lo dispuesto por las disposiciones jurídicas aplicables.

CAPÍTULO V
DE LA VIOLENCIA FEMINICIDA

ARTÍCULO 14.- La violencia feminicida es la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, las adolescentes y las niñas, producto de la violación de sus derechos humanos, en los ámbitos público y privado, que pueden conllevar impunidad social y del Estado. Se manifiesta a través de conductas de odio y discriminación que ponen en riesgo sus vidas o culminan en muertes violentas como el feminicidio, el suicidio y el homicidio, u otras formas de muertes evitables y en conductas que afectan gravemente la integridad, la seguridad, la libertad personal y el libre desarrollo de las mujeres, las adolescentes y las niñas.

En los casos de feminicidio se aplicarán las sanciones previstas en la legislación penal sustantiva.

Nota: Se reformó mediante decreto 224 de la LXIV Legislatura, publicado en el P.O. del Estado No. 1900 Tercera Sección de fecha 10 de abril de 2023.

ARTÍCULO 15.- Cuando se presenten casos de violencia feminicida, el Gobierno del Estado y los Municipios dispondrán de las medidas que sean adecuadas para garantizar la seguridad de las mujeres, el cese de la violencia en su contra y eliminar las situaciones de desigualdad en que se encuentren, sin perjuicio de que puedan proponer a la Secretaría de Gobierno la emisión de declaratorias de alertas de violencia de género, a fin de que se adopten las medidas y acciones preventivas de seguridad y justicia que procedan.

ARTÍCULO 16.- El Gobierno del Estado y los Municipios coadyuvarán con la Federación en la implementación de las medidas y acciones que se determinen en la declaratoria de alerta de violencia de género y participarán en los grupos interinstitucionales y multidisciplinarios que se formen para dar seguimiento a las acciones y medidas señaladas.

CAPÍTULO V BIS
DE LA VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA LAS MUJERES
EN RAZÓN DE GÉNERO
Nota: Se adicionó mediante decreto 126 de la LXI Legislatura, publicado en el P.O. del gobierno del Estado No. 5502 de fecha 11 de junio de 2014.
Nota: Se reformó la denominación mediante decreto 133 de la LXIII Legislatura, publicado en el P.O. del gobierno del Estado No. 1183 Tercera Sección de fecha 27 de mayo de 2020.

ARTÍCULO 16 BIS. La violencia política contra las mujeres en razón de género, es toda acción u omisión, incluida la tolerancia, basada en elementos de género y ejercida dentro de la esfera pública o privada, que tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de una o varias mujeres, el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo, labor o actividad, el libre desarrollo de la función pública, la toma de decisiones, la libertad de organización, así como el acceso y ejercicio a las prerrogativas correspondientes a una precandidatura, candidatura o a un cargo público.

Se entenderá que las acciones u omisiones se basan en elementos de género, cuando se dirijan a una mujer por su condición de mujer; le afecten desproporcionadamente o tengan un impacto diferenciado en ella.

Puede manifestarse en cualquiera de los tipos de violencia reconocidos en esta Ley y puede ser perpetrada indistintamente por agentes estatales, por superiores jerárquicos, colegas de trabajo, personas dirigentes de partidos políticos, militantes, simpatizantes, precandidatas, precandidatos, candidatas o candidatos postulados por los partidos políticos o representantes de los mismos; medios de comunicación y sus integrantes, por un particular o por un grupo de personas particulares.

La violencia política contra las mujeres puede expresarse, entre otras, a través de las siguientes conductas:

I. Incumplir las disposiciones jurídicas nacionales e internacionales que reconocen el ejercicio pleno de los derechos políticos de las mujeres;
II. Restringir o anular el derecho al voto libre y secreto de las mujeres, u obstaculizar sus derechos de asociación y afiliación a todo tipo de organizaciones políticas y civiles, en razón de género;
III. Ocultar información u omitir la convocatoria para el registro de candidaturas o para cualquier otra actividad que implique la toma de decisiones en el desarrollo de sus funciones y actividades;
IV. Proporcionar a las mujeres que aspiran u ocupan un cargo de elección popular información falsa o incompleta, que impida su registro como candidata o induzca al incorrecto ejercicio de sus atribuciones;
V. Proporcionar información incompleta o datos falsos a las autoridades administrativas, electorales o jurisdiccionales, con la finalidad de menoscabar los derechos políticos de las mujeres y la garantía del debido proceso;
VI. Proporcionar a las mujeres que ocupan un cargo de elección popular, información falsa, incompleta o imprecisa, para impedir que induzca al incorrecto ejercicio de sus atribuciones;
VII. Obstaculizar la campaña de modo que se impida que la competencia electoral se desarrolle en condiciones de igualdad;
VIII. Realizar o distribuir propaganda política o electoral que calumnie, degrade o descalifique a una candidata basándose en estereotipos de género que reproduzcan relaciones de dominación, desigualdad o discriminación contra las mujeres, con el objetivo de menoscabar su imagen pública o limitar sus derechos políticos y electorales;
IX. Difamar, calumniar, injuriar o realizar cualquier expresión que denigre o descalifique a las mujeres en ejercicio de sus funciones políticas, con base en estereotipos de género, con el objetivo o el resultado de menoscabar su imagen pública o limitar o anular sus derechos;
X. Divulgar imágenes, mensajes o información privada de una mujer candidata o en funciones, por cualquier medio físico o virtual, con el propósito de desacreditarla, difamarla, denigrarla y poner en entredicho su capacidad o habilidades para la política, con base en estereotipos de género;
XI. Amenazar o intimidar a una o varias mujeres o a su familia o colaboradores con el objeto de inducir su renuncia a la candidatura o al cargo para el que fue electa o designada;
XII. Impedir, por cualquier medio, que las mujeres electas o designadas a cualquier puesto o encargo público tomen protesta de su encargo, asistan a las sesiones ordinarias o extraordinarias o a cualquier otra actividad que implique la toma de decisiones y el ejercicio del cargo, impidiendo o suprimiendo su derecho a voz y voto;
XIII. Restringir los derechos políticos de las mujeres con base a la aplicación de tradiciones, costumbres o sistemas normativos internos o propios, que sean violatorios de los derechos humanos;
XIV. Imponer, con base en estereotipos de género, la realización de actividades distintas a las atribuciones propias de la representación política, cargo o función;
XV. Discriminar a la mujer en el ejercicio de sus derechos políticos por encontrarse en estado de embarazo, parto, puerperio, o impedir o restringir su reincorporación al cargo tras hacer uso de la licencia de maternidad o de cualquier otra licencia contemplada en la normatividad;
XVI. Ejercer violencia física, sexual, simbólica, psicológica, económica o patrimonial contra una mujer en ejercicio de sus derechos políticos;
XVII. Limitar o negar arbitrariamente el uso de cualquier recurso o atribución inherente al cargo que ocupe la mujer, incluido el pago de salarios, dietas u otras prestaciones asociadas al ejercicio del cargo, en condiciones de igualdad;
XVIII. Obligar a una mujer, mediante fuerza, presión o intimidación, a suscribir documentos o avalar decisiones contrarias a su voluntad o a la ley;
XIX. Obstaculizar o impedir el acceso a la justicia de las mujeres para proteger sus derechos políticos;
XX. Limitar o negar arbitrariamente el uso de cualquier recurso o atribución inherente al cargo político que ocupa la mujer, impidiendo el ejercicio del cargo en condiciones de igualdad;
XXI. Imponer sanciones injustificadas o abusivas, impidiendo o restringiendo el ejercicio de sus derechos políticos en condiciones de igualdad, o
XXII. Cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean susceptibles de dañar la dignidad, integridad o libertad de las mujeres en el ejercicio de un cargo político, público, de poder o de decisión, que afecte sus derechos políticos electorales.

La violencia política contra las mujeres en razón de género se sancionará en los términos establecidos en la legislación electoral, penal y de responsabilidades administrativas.

Nota: Se adicionó mediante decreto 126 de la LXI Legislatura, publicado en el P.O. del gobierno del Estado No. 5502 de fecha 11 de junio de 2014.
Nota: Se reformó mediante decreto 133 de la LXIII Legislatura, publicado en el P.O. del gobierno del Estado No. 1183 Tercera Sección de fecha 27 de mayo de 2020.

ARTÍCULO 16 TER. El gobierno estatal y los municipales, así como los organismos autónomos, deberán garantizar e impulsar la defensa del pleno ejercicio de los derechos políticos de las mujeres. Para tal fin, los dos órdenes de gobierno y sus respectivos poderes, en el ámbito de sus competencias, deberán:

I. Realizar las reformas necesarias a sus ordenamientos jurídicos a fin de garantizar a las mujeres una vida libre de violencia en el ámbito político, con disposiciones que garanticen la protección de las mujeres que incursionan en las actividades políticas y sancionen las acciones u omisiones que impidan o dificulten su participación.
II. Establecer políticas públicas que garanticen a las mujeres el derecho a una vida libre de violencia en el ámbito político.
III. Establecer acciones a fin de que las mujeres conozcan y hagan uso de las instituciones y los instrumentos legales que existen para defender sus derechos político electorales y, si son víctimas de discriminación o violencia, denuncien, demanden, impugnen.
IV. Documentar los casos de violencia contra las mujeres en la actividad política.
V. Impulsar la investigación en el tema.
VI. Procurar que en la designación de integrantes de los órganos colegiados de autoridad se encuentren representados de manera paritaria ambos géneros.

Nota: Se adicionó mediante decreto 126 de la LXI Legislatura, publicado en el P.O. del gobierno del Estado No. 5502 de fecha 11 de junio de 2014.
Nota: Se reformó mediante decreto 254 de la LXII Legislatura, publicado en el P.O. del gobierno del Estado No. 0626 Segunda Sección de fecha 16 de febrero de 2018.

CAPITULO V TER
DE LA VIOLENCIA DIGITAL Y MEDIÁTICA
Nota: Se adicionó mediante decreto 46 de la LXIV Legislatura, publicado en el P.O. del gobierno del Estado No. 1658 Tercera Sección de fecha 8 de abril de 2022.

ARTÍCULO 16 Quáter.- El Estado, los Municipios, así como las autoridades jurisdiccionales, en el ámbito de sus competencias garantizarán a las mujeres el derecho a una vida libre de violencia digital y mediática y tomarán en consideración los daños que éstas puedan generar en las víctimas.

Nota: Se adicionó mediante decreto 46 de la LXIV Legislatura, publicado en el P.O. del gobierno del Estado No. 1658 Tercera Sección de fecha 8 de abril de 2022.

ARTÍCULO 16 Quinquies.- Cuando se trate de violencia digital o mediática para garantizar la integridad de la víctima, la Fiscalía, la jueza o el juez, ordenarán de manera inmediata, las medidas de protección necesarias, determinando vía electrónica o mediante escrito a las empresas de plataformas digitales, de medios de comunicación, redes sociales o páginas electrónicas, personas físicas o morales, la interrupción, bloqueo, destrucción, o eliminación de imágenes, audios o videos relacionados con la investigación previa satisfacción de los requisitos de Ley.

En este caso se deberá identificar plenamente al proveedor de servicios en línea a cargo de la administración del sistema informático, sitio o plataforma de Internet en donde se encuentre alojado el contenido y la localización precisa del contenido en Internet, señalando el Localizador Uniforme de Recursos.

Nota: Se adicionó mediante decreto 46 de la LXIV Legislatura, publicado en el P.O. del gobierno del Estado No. 1658 Tercera Sección de fecha 8 de abril de 2022.

ARTÍCULO 16 Sexies.- La autoridad que ordene las medidas de protección contempladas en este artículo deberá solicitar el resguardo y conservación lícita e idónea del contenido que se denunció de acuerdo con las características del mismo. Las plataformas digitales, medios de comunicación, redes sociales o páginas electrónicas darán aviso de forma inmediata al usuario que compartió el contenido, donde se establezca de forma clara y precisa que el contenido será inhabilitado por cumplimiento de una orden judicial.

Una vez impuestas las medidas de protección correspondientes se estará al procedimiento previsto por el Código Nacional de Procedimientos Penales.

Nota: Se adicionó mediante decreto 46 de la LXIV Legislatura, publicado en el P.O. del gobierno del Estado No. 1658 Tercera Sección de fecha 8 de abril de 2022.

ARTÍCULO 16 Septies.- La violencia digital será sancionada en la forma y términos que establezca el Código Penal para el Estado de Campeche.

Nota: Se adicionó mediante decreto 46 de la LXIV Legislatura, publicado en el P.O. del gobierno del Estado No. 1658 Tercera Sección de fecha 8 de abril de 2022.

TÍTULO TERCERO
DEL SISTEMA ESTATAL PARA PREVENIR, ATENDER, SANCIONAR
Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

CAPÍTULO I
DEL OBJETO E INTEGRACIÓN DEL SISTEMA ESTATAL

ARTÍCULO 17.- El Estado y los Municipios se coordinarán para establecer el Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, el cual tiene por objeto la conjunción de esfuerzos, instrumentos, políticas, servicios y acciones interinstitucionales para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres.

ARTÍCULO 18.- El Sistema Estatal se conformará por los titulares, o las personas que estos designen de:

I. La Secretaría de Gobierno;
II. La Secretaría de Bienestar, quien lo presidirá;
III. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana;
IV. La Fiscalía General del Estado;
V. La Secretaría de Educación;
VI. La Secretaría de Salud;
VI Bis. La Secretaría de Desarrollo Económico;
VII. El Instituto de la Mujer del Estado, quien ocupará la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal;
VII Bis.La Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda;
VIII. DIF Estatal;
IX. Los organismos y dependencias instituidos en el ámbito municipal para la protección de los derechos de la mujer y los mecanismos para el adelanto de las mujeres;
X. La Delegación Estatal de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas;
XI. El Instituto Electoral del Estado de Campeche, a través de la o el Consejero Presidente o de la persona que designe para representarlo;
XII. El Poder Legislativo, a través del Diputado o Diputada que presida la Comisión Permanente de Igualdad de Género del Congreso del Estado;
XIII. El Poder Judicial, a través de una magistrada designada por el Consejo de la Judicatura;
XIV. Representante del Tribunal Electoral del Estado de Campeche;
XV. La o el titular de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche;
XVI. Tres mujeres representantes de organizaciones civiles especializadas, con probada currícula en trabajo relativo a los Derechos Humanos de las Mujeres y un mínimo de experiencia de tres años, designadas por el Congreso a propuesta de las Comisiones Permanentes Unidas de Igualdad de Género, de Derechos Humanos y Asuntos de Familia y la de Atención a Grupos Vulnerables del Congreso del Estado; y
XVII. Dos mujeres especializadas en los derechos humanos de las mujeres, representantes de instituciones académicas y de investigación, designadas por el Congreso del Estado, a propuesta de las Comisiones Unidas de Igualdad de Género y de Derechos Humanos y de Asuntos de Familia.

Los cargos a que se refieren las fracciones XVI y XVII serán honoríficos y las personas que los ocupen durarán tres años en ellos.

Nota: Se reformó mediante decreto 133 de la LXIII Legislatura, publicado en el P.O. del gobierno del Estado No. 1183 Tercera Sección de fecha 27 de mayo de 2020.
Nota: Se reformó la fracción XI y adicionaron las fracciones XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, y un párrafo segundo, mediante decreto 46 de la LXIV Legislatura, publicado en el P.O. del gobierno del Estado No. 1658 Tercera Sección de fecha 8 de abril de 2022.
Nota: Se reformaron las fracciones I, II y III y se adicionaron las fracciones VI Bis y VII Bis, mediante decreto 228 de la LXIV Legislatura, publicado en el P.O. del gobierno del Estado No. 1920 Tercera Sección de fecha 11 de mayo de 2023.

ARTÍCULO 19.- La Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal elaborará el Reglamento para el funcionamiento del mismo y lo presentará a sus integrantes para su consideración y aprobación en su caso.

CAPÍTULO II
DEL PROGRAMA ESTATAL PARA PREVENIR, ATENDER, SANCIONAR
Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

ARTÍCULO 20.- La formulación del Programa Estatal será coordinada por el Instituto Estatal de la Mujer. El Programa Estatal deberá ser congruente con el Plan Estatal de Desarrollo y el Plan Nacional de Desarrollo y contendrá las acciones con perspectiva de género para:

I. Impulsar y fomentar el conocimiento y el respeto a los derechos humanos de las mujeres;
II. Transformar los modelos socioculturales de conducta de mujeres y hombres, incluyendo la formulación de programas y acciones de educación formales y no formales, en todos los niveles educativos y de instrucción, con la finalidad de prevenir, atender y erradicar las conductas estereotipadas que permiten, fomentan y toleran la violencia contra las mujeres;
III. Educar y capacitar en materia de derechos humanos de las mujeres al personal encargado de la procuración de justicia, policías y demás funcionarios encargados de las políticas de prevención, atención, sanción y eliminación de la violencia contra las mujeres;
IV. Promover la capacitación en materia de derechos humanos de las mujeres, al personal encargado de la impartición de justicia, a fin de dotarles de instrumentos que les permitan juzgar con perspectiva de género;
V. Brindar los servicios especializados y gratuitos para la atención y protección a las víctimas, por medio de las autoridades y las instituciones públicas o privadas;
VI. Fomentar y apoyar programas de educación pública y privada, destinados a concientizar a la sociedad sobre las causas y las consecuencias de la violencia contra las mujeres;
VII. Diseñar programas de atención y capacitación a víctimas y victimarios que les permita participar plenamente en todos los ámbitos de la vida;
VIII. Promover que los medios de comunicación no fomenten la violencia contra las mujeres y que favorezcan la erradicación de todos los tipos de violencia, para fortalecer el respeto a los derechos humanos y la dignidad de las mujeres;
IX. Garantizar la investigación y la elaboración de diagnósticos estadísticos sobre las causas, la frecuencia y las consecuencias de la violencia contra las mujeres, con el fin de evaluar la eficacia de las medidas desarrolladas para prevenir, atender, sancionar y erradicar todo tipo de violencia;
X. Publicar semestralmente la información general y estadística sobre los casos de violencia contra las mujeres para integrar el Banco Estatal de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres;
XI. Promover la cultura de denuncia de la violencia contra las mujeres en el marco de la eficacia de las instituciones para garantizar su seguridad y su integridad;
XII. Diseñar un modelo integral de atención a los derechos humanos y ciudadanía de las mujeres que deberán instrumentar las instituciones, los centros de atención y los refugios que atiendan a víctimas;
XIII. Vigilar que los usos y costumbres sociales no atenten contra los derechos humanos de las mujeres; y
XIV. Impulsar políticas para el adelanto y desarrollo de las mujeres cuyo objeto sea mejorar su calidad de vida y contribuir al logro de la igualdad sustantiva.

Nota: Se adicionó una fracción XIII mediante decreto 126 de la LXI Legislatura, publicado en el P.O. del gobierno del Estado No. 5502 de fecha 11 de junio de 2014.
Nota: Se reformaron las fracciones XI, XII y XIII y, se adicionó una fracción XIV mediante decreto 338 de la LXIV Legislatura, publicado en el P.O. del gobierno del Estado No. 2115 Cuarta Sección de fecha 23 de febrero de 2024.

ARTÍCULO 21.- Se procurará la participación de los sectores público, social y privado, especialmente de los organismos sociales en la formulación, ejecución y evaluación del Programa Estatal.

TÍTULO CUARTO
DE LA COMPETENCIA EN MATERIA DE PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y
ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA EN CONTRA DE LAS MUJERES

CAPÍTULO I
DE LA COMPETENCIA ESTATAL

ARTÍCULO 22.- El Gobierno del Estado se coordinará con la Federación para integrar y consolidar el Sistema Nacional y participará en la formulación y ejecución del Programa Nacional.

Asimismo, adoptará todas las medidas y acciones previstas en la presente ley para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.

ARTÍCULO 23.- Las dependencias y entes públicos estatales previstos en esta ley deberán:

I. Tomar medidas y realizar las acciones necesarias, en coordinación con las demás autoridades del Sistema Estatal, para alcanzar los objetivos previstos en la presente ley;
II. Ejecutar y dar seguimiento a las acciones del Programa Estatal, con la finalidad de evaluar su eficacia y rediseñar las acciones y medidas para avanzar en la eliminación de la violencia contra las mujeres;
III. Impulsar la participación de los sectores sociales y privados y de las organizaciones sociales, en la ejecución del Programa Estatal;
IV. Promover investigaciones sobre las causas y las consecuencias de la violencia contra las mujeres;
V. Promover una cultura de respeto a los derechos humanos de las mujeres;
VI. Promover ante las autoridades competentes la adopción de las medidas de protección previstas en esta ley y demás disposiciones aplicables que requiere la mujer que haya sido víctima de violencia;
VII. Proporcionar a las instancias encargadas de realizar estadísticas, la información necesaria para la elaboración de éstas;
VIII. Promover programas de información a la población en la materia;
IX. Recibir de las organizaciones sociales propuestas y recomendaciones sobre la prevención, atención y sanción de la violencia contra mujeres, a fin de mejorar los mecanismos para su erradicación;
X. Establecer, utilizar, supervisar y mantener todos los instrumentos y acciones encaminados al mejoramiento del Sistema y del Programa Estatales;
XI. Impulsar la creación de refugios para la atención y protección de las víctimas, conforme al modelo de atención diseñado por el Sistema Estatal;
XII. Difundir por todos los medios de comunicación el contenido de esta Ley;
XIII. Celebrar convenios de cooperación, coordinación y concertación con los sectores públicos social y privado en la materia;
XIV. Impulsar acciones para el otorgamiento de financiamientos preferentemente a mujeres, en especial, a jefas de familia o aquellas que sean o hayan sido víctimas de violencia, a fin de garantizar su derecho a la vivienda, mejorar su calidad de vida y la de sus familias, así como disminuir la brecha de género en esta materia.
XV. Promover y garantizar espacios y transportes públicos seguros, libres de todo tipo de violencia contra las mujeres, las adolescentes y las niñas; y
XVI. Las demás previstas en esta ley y en otras disposiciones aplicables.

Nota: Se reformaron las fracciones XIII y XIV y se adicionó la fracción XV, mediante decreto 228 de la LXIV Legislatura, publicado en el P.O. del gobierno del Estado No. 1920 Tercera Sección de fecha 11 de mayo de 2023.
Nota: Se reformaron las fracciones XV y XVI, mediante decreto 355 de la LXIV Legislatura, publicado en el P.O. del Estado No. 2177 Cuarta Sección de fecha 29 de mayo de 2024.

ARTÍCULO 24.- La Secretaría de Gobierno tendrá a su cargo:

I. A propuesta del Instituto de la Mujer formular las bases de coordinación entre las autoridades estatales y municipales para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres;
II. Coordinar y dar seguimiento a las acciones del Gobierno del Estado en materia de protección, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres;
III. Coordinar y dar seguimiento a los trabajos de promoción y defensa de los derechos humanos de las mujeres, que lleven a cabo las dependencias y entidades de la administración pública estatal;
IV. Realizar a través del Instituto de la Mujer, un diagnóstico estatal y otros estudios complementarios de manera periódica con perspectiva de género sobre todas las formas de violencia contra las mujeres, en todos los ámbitos, que proporcione información objetiva para la elaboración de políticas gubernamentales en materia de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres;
V. Derogada;
VI. Las demás previstas en esta ley y en otras disposiciones aplicables.

Nota: Se reformó el primer párrafo y se derogó la fracción V mediante decreto 133 de la LXIII Legislatura, publicado en el P.O. del gobierno del Estado No. 1183 Tercera Sección de fecha 27 de mayo de 2020.
Nota: Se reformó el párrafo primero, mediante decreto 228 de la LXIV Legislatura, publicado en el P.O. del gobierno del Estado No. 1920 Tercera Sección de fecha 11 de mayo de 2023.

ARTÍCULO 25.- La Secretaría de Bienestar será la encargada de:

I. Presidir el Sistema Estatal, así como fomentar el desarrollo social desde la visión de protección integral de los derechos humanos de las mujeres con perspectiva de género, para garantizarles una vida libre de violencia;
II. Formular la política de desarrollo social del Estado considerando el adelanto de las mujeres y su plena participación en todos los ámbitos de la vida;
III. Promover políticas de igualdad de condiciones y oportunidades entre mujeres y hombres, para eliminar desventajas de género; y
IV. Las demás previstas en esta ley y demás disposiciones aplicables.

Nota: Se reformó el primer párrafo y la fracción I mediante decreto 133 de la LXIII Legislatura, publicado en el P.O. del gobierno del Estado No. 1183 Tercera Sección de fecha 27 de mayo de 2020.
Nota: Se reformó el párrafo primero, mediante decreto 228 de la LXIV Legislatura, publicado en el P.O. del gobierno del Estado No. 1920 Tercera Sección de fecha 11 de mayo de 2023.

ARTÍCULO 26.- La Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, tendrá a su cargo:

I. Diseñar la política integral para la prevención de delitos violentos contra las mujeres, en los ámbitos público y privado;
II. Procurar la capacitación del personal de la policía que está bajo su mando para atender los casos de violencia contra las mujeres;
III. Establecer las acciones y medidas necesarias que para la reeducación de la sociedad mediante programas de prevención del delito; y
IV. Las demás previstas en esta ley y en otras disposiciones aplicables.

Nota: Se reformó el párrafo primero, mediante decreto 228 de la LXIV Legislatura, publicado en el P.O. del gobierno del Estado No. 1920 Tercera Sección de fecha 11 de mayo de 2023.

ARTÍCULO 27.- Corresponderá a la Secretaría de Educación:

I. Promover en las políticas educativas los principios de igualdad, equidad y no discriminación entre mujeres y hombres y el respeto pleno a los derechos humanos;
II. Desarrollar programas educativos, en todos los niveles de escolaridad, que fomenten la cultura de una vida libre de violencia contra las mujeres, así como el respeto a su dignidad;
III. Garantizar el derecho de las mujeres a la educación, a la alfabetización y al acceso, permanencia y terminación de estudios en todos los niveles;
IV. Formular y aplicar programas que permitan la detección temprana de los problemas de violencia contra las mujeres en los centros educativos, para que se dé una primera respuesta urgente a las alumnas que sufren algún tipo de violencia;
V. Incorporar en los programas educativos, en todos los niveles de la instrucción, de competencia estatal, el respeto a los derechos humanos de las mujeres, así como contenidos educativos tendientes a modificar los modelos de conducta social y cultural que impliquen prejuicios y que estén basados en la idea de la inferioridad o superioridad de uno de los sexos y en funciones estereotipadas asignadas a las mujeres y a los hombres;
VI. Diseñar y difundir materiales educativos que promuevan la prevención y atención de la violencia contra las mujeres;
VII. Proporcionar acciones formativas a todo el personal de los centros educativos, en materia de derechos humanos de las mujeres y políticas de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres; y
VIII. Garantizar, mediante acciones, que la educación que se imparte en el Estado cumpla con la prohibición de discriminar por razón de género y evitar que las alumnas embarazadas sean expulsadas o sufran menoscabo en su derecho a la educación en los centros educativos, de conformidad con lo establecido en la Ley de Educación del Estado;
IX. Realizar, en coordinación con el Instituto de la Mujer del Estado, campañas de prevención de la violencia en el noviazgo, entre la población de adolescentes y jóvenes estudiantes de la Entidad; y
X. Las demás previstas en esta ley y en otras disposiciones aplicables.

Nota: Se reformó el primer párrafo mediante decreto 133 de la LXIII Legislatura, publicado en el P.O. del gobierno del Estado No. 1183 Tercera Sección de fecha 27 de mayo de 2020.
Nota: Se reformó la fracción VIII y se adicionaron las fracciones IX y X, mediante decreto 228 de la LXIV Legislatura, publicado en el P.O. del gobierno del Estado No. 1920 Tercera Sección de fecha 11 de mayo de 2023.
Nota: Se reformó la fracción IV mediante decreto 245 de la LXIV Legislatura, publicado en el P.O. del gobierno del Estado No. 1967 Segunda Sección de fecha 17 de julio de 2023.

ARTÍCULO 28.- Corresponde a la Secretaría de Salud:

I. Diseñar con perspectiva de género, la política de salud, considerando acciones de prevención y atención de la violencia en contra de las mujeres;
II. Ejecutar con perspectiva de género la política de salud;
III. Capacitar al personal del sector salud para la detección de actos de violencia contra las mujeres, así como para la atención de las víctimas;
IV. Difundir en las instituciones del sector salud, material referente a la prevención y atención de la violencia contra las mujeres;
V. Canalizar a las víctimas a las instituciones que prestan atención y protección especializada a las mujeres, en su caso;
VI. Apoyar a las autoridades encargadas de efectuar investigaciones en materia de violencia contra las mujeres, proporcionando la siguiente información:
a) El número de víctimas que se atiendan en los centros y servicios hospitalarios;
b) Las situaciones de violencia que sufren las mujeres;
c) El tipo de violencia por la cual se atendió a la víctima;
d) Los efectos causados por la violencia en las mujeres; y
e) Los recursos erogados en la atención de las víctimas.
VI Bis. Llevar un registro y remitir a las autoridades competentes la información y estadísticas sobre las personas atendidas en caso de lesiones causadas por ácidos, álcalis, sustancias químicas, corrosivas, cáusticas, irritantes, tóxicas, inflamables, líquidos a altas temperaturas o cualquier otra sustancia, protegiendo en todo momento sus datos personales;
VII. Establecer programas y servicios profesionales y eficaces, con horario de veinticuatro horas en las dependencias públicas relacionadas con la atención de la violencia contra las mujeres;
VIII. Brindar servicios reeducativos integrales a las víctimas y a los agresores, a fin de que logren estar en condiciones de participar plenamente en la vida pública, social y privada;
IX. Participar activamente, en la ejecución del Programa, en el diseño de nuevos modelos de prevención, atención y erradicación de la violencia contra las mujeres, en colaboración con las demás autoridades encargadas de la aplicación de la presente ley;
X. Asegurar que en la prestación de los servicios del sector salud sean respetados los derechos humanos de las mujeres;
XI. Celebrar convenios de cooperación, coordinación y concertación en la materia, y
XII. Las demás previstas en esta ley y en otras disposiciones aplicables.

Nota: Se reformó la fracción VII y se adicionaron las fracciones VIII, IX, X, XI y XII mediante decreto 254 de la LXII Legislatura, publicado en el P.O. del gobierno del Estado No. 0626 Segunda Sección de fecha 16 de febrero de 2018.
Nota: Se adicionó la fracción VI Bis mediante decreto 344 de la LXIV Legislatura, publicada en el P.O. del Estado No.2128 Segunda Sección de fecha 13 de marzo de 2024.

ARTÍCULO 28 Bis. La Secretaría de Desarrollo Económico tendrá a su cargo:

I. Introducir en la política económica estatal la perspectiva de género y las acciones afirmativas a favor de las mujeres en situación de vulnerabilidad;
II. Fomentar programas de apoyo a las mujeres; y
III. Las demás previstas en esta Ley y en otras disposiciones aplicables.

Nota: Se adicionó mediante decreto 228 de la LXIV Legislatura, publicado en el P.O. del gobierno del Estado No. 1920 Tercera Sección de fecha 11 de mayo de 2023.

ARTÍCULO 28 Ter. Corresponde a la Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda:

I. Introducir en la política de vivienda estatal la perspectiva de género y las acciones afirmativas a favor de las mujeres en situación de vulnerabilidad;
II. Promocionar programas que propicien la igualdad y no discriminación en el acceso a la vivienda o financiamientos para mujeres; y
III. Las demás previstas en esta ley y en otras disposiciones aplicables.

Nota: Se adicionó mediante decreto 228 de la LXIV Legislatura, publicado en el P.O. del gobierno del Estado No. 1920 Tercera Sección de fecha 11 de mayo de 2023.

ARTÍCULO 29.- Corresponde a la Fiscalía General del Estado, en materia de violencia en contra de las mujeres:

I. Promover la formación y especialización de Agentes del Ministerio Público y de todo el personal encargado de la procuración de justicia en materia de derechos humanos de las mujeres;
II. Proporcionar a las víctimas orientación y asesoría para su eficaz atención y protección;
III. Dictar las medidas necesarias para que la víctima reciba atención médica;
IV. Brindar a las víctimas o al agresor, en su caso, la información integral sobre las instituciones públicas o privadas encargadas de su atención;
V. Proporcionar a las instancias encargadas de realizar estadísticas las referencias necesarias sobre el número de víctimas atendidas;
VI. Brindar protección para salvaguardar la integridad física de las mujeres que denuncien la violencia cometida en su contra;
VII. Brindar procedimientos expeditos y accesibles de procuración de justicia;
VIII. Las demás previstas en esta ley y en otras disposiciones aplicables.

ARTÍCULO 30.- Corresponde al Instituto de la Mujer del Estado:

I. Fungir como Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal, a través de su titular;
II. Diseñar, la política integral con perspectiva de género orientada a la prevención, atención, sanción y erradicación de los delitos violentos contra las mujeres;
III. Coordinar la elaboración del Programa Estatal con las demás autoridades integrantes del Sistema Estatal;
IV. Formular la propuesta para las bases de coordinación entre las autoridades estatales y municipales para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres;
V. Realizar el diagnóstico estatal y otros estudios complementarios de manera periódica con perspectiva de género sobre todas las formas de violencia contra las mujeres;
VI. Organizar y mantener actualizado el Banco Estatal de Datos e Información sobre casos de violencia contra las mujeres en el que se integren, además de los casos señalados, las investigaciones realizadas por los sectores público, social y privado sobre las causas, características y consecuencias de la violencia en contra de las mujeres; las medidas de prevención, atención y erradicación adoptadas en esta materia y las evaluaciones de las mismas, así como la información que generen las instituciones encargadas de promover en el Estado los derechos humanos de las mujeres;
VII. Proponer a las instancias encargadas de la aplicación de la presente ley, los programas, las medidas y las acciones que se requieran, a fin de erradicar la violencia contra las mujeres en todas las regiones del Estado, considerando las características de los grupos de desventajas, las variables socioculturales, el respeto por las culturas, así como por las lenguas indígenas de la Entidad;
VIII. Colaborar con las instituciones del Sistema Estatal en el diseño y evaluación del modelo de atención a víctimas en los refugios;
IX. Canalizar a las víctimas a programas reeducativos integrales que les permitan participar activamente en la vida pública, privada y social;
X. Promover y vigilar que la atención ofrecida en las diversas instituciones públicas o privadas, sea proporcionada por especialistas en la materia;
XI. Difundir a través de diversos medios, los resultados del Sistema Estatal y del Programa Estatal a los que se refiere esta ley; y
XII. Las demás previstas en esta ley y en otras disposiciones aplicables.

Nota: Se reformó la fracción VII mediante decreto 338 de la LXIV Legislatura, publicado en el P.O. del gobierno del Estado No. 2115 Cuarta Sección de fecha 23 de febrero de 2024.

ARTÍCULO 30 Bis.- Corresponde al Tribunal Superior de Justicia del Estado:

I. Formar, actualizar y especializar a su personal en materia de derechos humanos de las mujeres, perspectiva de género y sensibilización respecto al trato a mujeres víctimas de violencia;
II. Crear sistemas de registro que incorporen indicadores que faciliten el monitoreo de las tendencias socio-jurídicas de la violencia contra las mujeres y de su acceso a la justicia;
III. Instaurar una cultura de igualdad y no discriminación, libre de estereotipos de género, de roles y lenguaje sexista;
IV. Informar sobre los procedimientos judiciales en materia de violencia de género contra las mujeres;
V. Coordinar, dirigir y administrar las órdenes y medidas de protección e informar sobre las circunstancias en cómo se ejecutan;
VI. Alimentar el Banco Estatal de Datos en coordinación con el Instituto de la Mujer del Estado de Campeche;
VI Bis. Procurar procedimientos expeditos y accesibles de impartición de justicia;
VII. Emitir sus resoluciones con base en los derechos humanos de las mujeres, reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Constitución Política del Estado, en los Tratados Internacionales sobre derechos humanos de las mujeres; en la jurisprudencia internacional en la materia y bajo los principios de perspectiva de género, debido proceso y acceso a la justicia;
VIII. Generar mecanismos y promover su implementación para la detección de violencia contra las mujeres; y
IX. Las demás que le señalen otros ordenamientos legales.

Nota: Se adicionó mediante decreto 46 de la LXIV Legislatura, publicado en el P.O. del gobierno del Estado No. 1658 Tercera Sección de fecha 8 de abril de 2022.
Nota: Se adicionó la fracción VI Bis mediante decreto 228 de la LXIV Legislatura, publicado en el P.O. del gobierno del Estado No. 1920 Tercera Sección de fecha 11 de mayo de 2023.

ARTÍCULO 30 Ter. Corresponde al Instituto Electoral del Estado de Campeche:

I. Promover la cultura de la no violencia en el marco del ejercicio de los derechos políticos y electorales de las mujeres;
II. Prevenir y atender la violencia política contra las mujeres en razón de género;
III. Garantizar la igualdad sustantiva y el pleno ejercicio de los derechos políticos y electorales de las mujeres;
IV. Incorporar la perspectiva de género al monitoreo de las pre campañas y campañas políticas, en el ámbito de su competencia;
V. Realizar campañas de difusión de las conductas, acciones u omisiones que conllevan a la violencia política en razón de género; la prevención, formas de denuncia y conciencia sobre su erradicación;
VI. Gestionar ante el Instituto Nacional Electoral la capacitación de su personal y de las personas integrantes de mesas directivas de casilla, en la prevención y en su caso erradicación de la violencia política en razón de género;
VII. Substanciar los procedimientos y remitir al Tribunal Electoral de Campeche para su sanción, de acuerdo con la normatividad aplicable, los expedientes relacionados con las conductas que constituyan violencia política contra las mujeres en razón de género; y
VIII. Las demás que establezcan esta Ley y otras disposiciones aplicables

Nota: Se adicionó mediante decreto 46 de la LXIV Legislatura, publicado en el P.O. del gobierno del Estado No. 1658 Tercera Sección de fecha 8 de abril de 2022.

CAPÍTULO II
DE LA COMPETENCIA DE LOS MUNICIPIOS

ARTÍCULO 31.- Corresponde a los Municipios, en materia de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres:

I. Coordinarse con el Gobierno del Estado en la adopción y consolidación del Sistema Estatal;
II. Instrumentar y articular, en concordancia con la política estatal, su política orientada a erradicar la violencia contra las mujeres;
III. Participar en la ejecución y evaluación de las acciones previstas en el Programa Estatal;
IV. Formular, ejecutar y evaluar el Programa Municipal de Prevención, Atención Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres;
V. Promover, en coordinación con el Gobierno del Estado, cursos de capacitación a las personas que atienden a víctimas;
VI. Apoyar la creación de programas de reeducación integral para los agresores;
VII. Promover programas educativos sobre la igualdad y la equidad entre los géneros para eliminar la violencia contra las mujeres;
VIII. Apoyar la creación de refugios seguros para las víctimas, garantizando que la atención a las mujeres indígenas sea realizada por mujeres y en su propia lengua;
IX. Llevar a cabo programas de información a la población respecto de la violencia contra las mujeres;
X. Celebrar convenios de coordinación y concertación con los sectores público, social y privado en la materia a que se refiere esta Ley;
XI. Garantizar la formación y capacitación a quienes integran la corporación policial para el cumplimiento eficiente de su responsabilidad, teniendo como base los derechos humanos y cualquier protocolo de actuación que proteja a las víctimas;
XII. Promover y garantizar espacios y transportes públicos seguros, libres de todo tipo de violencia contra las mujeres, las adolescentes y las niñas; y
XIII. Las demás previstas en esta ley y en otras disposiciones aplicables.

Nota: Se reformaron las fracciones VIII, X y XI y se adicionó una fracción XII mediante decreto 46 de la LXIV Legislatura, publicado en el P.O. del gobierno del Estado No. 1658 Tercera Sección de fecha 8 de abril de 2022.
Nota: Se reforman las fracciones XI y XII y se adiciona la fracción XIII mediante decreto 355 de la LXIV Legislatura, publicado en el P.O. del Estado No. 2177 Cuarta Sección de fecha 29 de mayo de 2024.

TÍTULO QUINTO
DE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN

CAPÍTULO ÚNICO
DE LAS ÓRDENES DE PROTECCIÓN

ARTÍCULO 32.- Las órdenes de protección son actos de urgente aplicación en función del interés superior de la víctima, son fundamentalmente precautorias y cautelares, deberán otorgarse de oficio o a petición de parte, por las autoridades administrativas, el Ministerio Público o por los órganos jurisdiccionales competentes, en el momento en que tengan conocimiento del hecho de violencia presuntamente constitutivo de un delito o infracción, que ponga en riesgo la integridad, la libertad o la vida de las mujeres o niñas, evitando en todo momento que la persona agresora, directamente o a través de algún tercero, tenga contacto de cualquier tipo o medio con la víctima.

En materia de violencia política de las mujeres en razón de género, el Instituto Electoral del Estado de Campeche y el Tribunal Electoral del Estado de Campeche, podrán solicitar a las autoridades competentes las medidas a que se refiere el presente capítulo.

Nota: Se adicionó un segundo párrafo mediante decreto 133 de la LXIII Legislatura, publicado en el P.O. del gobierno del Estado No. 1183 Tercera Sección de fecha 27 de mayo de 2020.
Nota: Se reformó el párrafo primero mediante decreto 227 de la LXIII Legislatura, publicado en el P.O. del gobierno del Estado No. 1446 Cuarta Sección de fecha 3 de junio de 2021.

ARTÍCULO 32 bis.- Quien en ejercicio de funciones públicas tenga conocimiento de la probable existencia de un hecho que la ley señale como delito en contra de una mujer o niña, está obligado a denunciarlo inmediatamente al Ministerio Público, proporcionándole todos los datos que tuviere, poniendo a su disposición a la persona imputada, si hubiere sido detenida en flagrancia.

Quien tenga el deber jurídico de denunciar y no lo haga, será acreedor a las sanciones correspondientes.