pdf Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Campeche y sus Municipios

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LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA
DEL ESTADO DE CAMPECHE Y SUS MUNICIPIOS


CAPÍTULO I
OBJETO, DEFINICIÓN DE LA LEY Y REGLAS DE OPERACIÓN

ARTÍCULO 1.- La presente Ley es de orden público y de observancia general en todo el territorio del Estado de Campeche y tiene por objeto regular y normar las acciones en materia de programación, presupuestación, aprobación, ejercicio, contabilidad gubernamental, emisión de información financiera, control y evaluación de los ingresos y egresos públicos del Estado de Campeche y sus Municipios, y es de observancia obligatoria para todas las Unidades Presupuestales quienes deberán vigilar que la administración de los recursos públicos se realice con base en criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control, y rendición de cuentas, con un enfoque a resultados.

Son sujetos de esta Ley las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, los Poderes Legislativo y Judicial, las personas de derecho público a las que la Constitución Política del Estado de Campeche les otorgue autonomía, las Universidades y demás Instituciones de Educación Superior del Estado a las que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado de Campeche u otras Leyes otorguen también autonomía, así como las dependencias y entidades de las Administraciones Públicas Municipales.

Para los efectos de esta Ley, en singular o plural, se entenderá por:

I. Asociaciones Públicos-Privadas: las previstas en la Ley Federal de Asociaciones Público Privadas, y en la legislación local respectiva;

II. Balance presupuestario: la diferencia entre los Ingresos totales incluidos en la Ley de Ingresos, y los Gastos totales considerados en el Presupuesto de Egresos, con excepción de la amortización de la deuda;

III. Balance presupuestario de recursos disponibles: la diferencia entre los Ingresos de libre disposición incluidos en la Ley de Ingresos más el Financiamiento Neto y los Gastos no etiquetados considerados en el Presupuesto de Egresos, con excepción de la amortización de la deuda;

IV. CACECAM: Consejo de Armonización Contable del Estado de Campeche;

V. Contraloría: La Secretaría de la Contraloría de la Administración Pública del Estado de Campeche;

VI. Criterios Generales de Política Económica: el documento enviado por el Ejecutivo Federal al H. Congreso de la Unión, en los términos del artículo 42, fracción III, inciso a), de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, el cual sirve de base para la elaboración de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación;

VII. Dependencias: Las Secretarías de la Administración Pública del Estado incluyendo a sus órganos desconcentrados;

VIII. Deuda Contingente: cualquier financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por el Estado con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, estatales o municipales y por los propios Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria;

IX. Deuda Pública: cualquier financiamiento contratado por los Entes Públicos;

X. Disciplina Financiera: la observancia de los principios y las disposiciones en materia de responsabilidad hacendaria y financiera, la aplicación de reglas y criterios en el manejo de recursos y contratación de Obligaciones por los Entes Públicos, que aseguren una gestión responsable y sostenible de sus finanzas públicas, generando condiciones favorables para el crecimiento económico y el empleo, y la estabilidad del sistema financiero;

XI. Entes públicos: los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los organismos públicos autónomos del Estado; los Municipios; los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos del Estado y de los Municipios, así como cualquier otro ente sobre el que el Estado y/o los Municipios tengan control sobre sus decisiones o acciones;

XII. Entidades: los Organismos Descentralizados, Empresas de Participación Estatal Mayoritaria y los Fideicomisos Públicos, tanto de carácter estatal como municipal;

XIII. Financiamiento: toda operación constitutiva de un pasivo, directo o contingente, de corto, mediano o largo plazo, a cargo de los Entes Públicos, derivada de un crédito, empréstito o préstamo, incluyendo arrendamientos y factorajes financieros o cadenas productivas, independientemente de la forma mediante la que se instrumente;

XIV. Financiamiento Neto: la diferencia entre las disposiciones realizadas de un Financiamiento y las amortizaciones efectuadas de la Deuda Pública;

XV. Fuente de pago: los recursos utilizados por los Entes Públicos para el pago de cualquier Financiamiento u Obligación;

XVI. Garantía de pago: mecanismo que respalda el pago de un Financiamiento u Obligación contratada;

XVII. Gasto corriente: las erogaciones que no tienen como contrapartida la creación de un activo, incluyendo, de manera enunciativa, el gasto en servicios personales, materiales y suministros, y los servicios generales, así como las transferencias, asignaciones, subsidios, donativos y apoyos;

XVIII. Gasto etiquetado: las erogaciones que realiza el Estado y los Municipios con cargo a las Transferencias federales etiquetadas. En el caso de los Municipios, adicionalmente se incluyen las erogaciones que realizan con recursos del Estado con un destino específico;

XIX. Gasto no etiquetado: las erogaciones que realizan el Estado y los Municipios con cargo a sus Ingresos de libre disposición y Financiamientos. En el caso de los Municipios, se excluye el gasto que realicen con recursos del Estado con un destino específico;

XX. Gasto total: la totalidad de las erogaciones aprobadas en el Presupuesto de Egresos, con cargo a los ingresos previstos en la Ley de Ingresos, las cuales no incluyen las operaciones que darían lugar a la duplicidad en el registro de Gasto;

XXI. Ingresos de libre disposición: los Ingresos locales y las participaciones federales, así como los recursos que, en su caso, reciban del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas en los términos del artículo 19 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y cualquier otro recurso que no esté destinado a un fin específico;

XXII. Ingresos excedentes: los recursos que durante el ejercicio fiscal se obtienen en exceso de los aprobados en la Ley de Ingresos;

XXIII. Ingresos totales: la totalidad de los Ingresos de libre disposición, las Transferencias federales etiquetadas y el Financiamiento Neto;

XXIV. Instituciones Financieras: instituciones de crédito, sociedades financieras de objeto múltiple, casas de bolsa, almacenes generales de depósito, uniones de crédito, instituciones de seguros, sociedades mutualistas de seguros, sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, sociedades financieras populares y sociedades financieras comunitarias y cualquiera otra sociedad autorizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por cualesquiera de las Comisiones Nacionales para organizarse y operar como tales, siempre y cuando la normatividad que les resulte aplicable no les prohíba el otorgamiento de créditos;

XXV. Inversión Pública productiva: toda erogación por la cual se genere, directa o indirectamente, un beneficio social y, adicionalmente, cuya finalidad específica sea:

(i) La construcción, mejoramiento, rehabilitación y/o reposición de bienes de dominio público;

(ii) La adquisición de bienes asociados al equipamiento de dichos bienes de dominio público, comprendidos de manera limitativa en los conceptos de mobiliario y equipo de administración, mobiliario y equipo educacional, equipo médico e instrumental médico y de laboratorio, equipo de defensa y seguridad, y maquinaria, de acuerdo al clasificador por objeto de gasto emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable, o

(iii) La adquisición de bienes para la prestación de un servicio público específico, comprendidos de manera limitativa en los conceptos de vehículos de transporte público, terrenos y edificios no residenciales, de acuerdo al clasificador por objeto de gasto emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable;

XXVI. Ley de Ingresos: la Ley de Ingresos del Estado o de los Municipios, aprobada por la Legislatura local;

XXVII. Obligaciones: los compromisos de pago a cargo de los Entes Públicos derivados de los Financiamientos y de las Asociaciones Público-Privadas;

XXVIII. Obligaciones a corto plazo: cualquier Obligación contratada con Instituciones financieras a un plazo menor o igual a un año;

XXIX. Percepciones extraordinarias: los estímulos, reconocimientos, recompensas, incentivos, y pagos equivalentes a los mismos, que se otorgan de manera excepcional a los servidores públicos, condicionados al cumplimiento de compromisos de resultados sujetos a evaluación; así como el pago de horas de trabajo extraordinarias y demás asignaciones de carácter excepcional autorizadas en los términos de las disposiciones aplicables. Las percepciones extraordinarias no constituyen un ingreso fijo, regular ni permanente, ya que su otorgamiento se encuentra sujeto a requisitos y condiciones variables. Dichos conceptos de pago en ningún caso podrán formar parte integrante de la base de cálculo para efectos de indemnización o liquidación o de prestaciones de seguridad social;

XXX. Percepciones ordinarias: los pagos por sueldos y salarios, conforme a los tabuladores autorizados y las respectivas prestaciones, que se cubren a los servidores públicos de manera regular como contraprestación por el desempeño de sus labores cotidianas en los Entes Públicos, así como los montos correspondientes a los incrementos a las remuneraciones que, en su caso, se hayan aprobado para el ejercicio fiscal;

XXXI. Presupuesto de Egresos: el Presupuesto de Egresos del Estado o Municipios, aprobado por la Legislatura local o el H. Ayuntamiento, respectivamente;

XXXII. Reestructuración: la celebración de actos jurídicos que tengan por objeto modificar las condiciones originalmente pactadas en un Financiamiento;

XXXIII. Refinanciamiento: la contratación de uno o varios Financiamientos cuyos recursos se destinen a liquidar total o parcialmente uno o más Financiamientos previamente contratados;

XXXIV. Secretaría: La Secretaría de Finanzas de la Administración Pública del Estado de Campeche;

XXXV. Transferencias federales etiquetadas: los recursos que reciben de la Federación el Estado y los Municipios, que están destinados a un fin específico, entre los cuales se encuentran las aportaciones federales a que se refiere el Capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal, la cuota social y la aportación solidaria federal previstas en el Título Tercero Bis de la Ley General de Salud, los subsidios, convenios de reasignación y demás recursos con destino específico que se otorguen en términos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y el Presupuesto de Egresos de la Federación;

XXXVI. Unidades de Administración: Coordinaciones Administrativas o Direcciones que tengan a su cargo servicios administrativos y/o financieros o cualquier otra unidad administrativa con esas funciones;

XXXVII. Unidades Evaluadoras: Al área de planeación, evaluación o la unidad administrativa ajena a la operación de los programas presupuestarios u otros programas en quien recaigan estas atribuciones, la cual será la designada para coordinar la contratación, operación y supervisión de las evaluaciones, así como responsable de supervisar la calidad y cumplimiento normativo de las evaluaciones, y coordinarse con la Contraloría y la Secretaría, en el ámbito de su competencia para el buen desarrollo de todas las etapas del proceso de evaluación, considerando como etapas elementales la definición del proyecto, la contratación, la supervisión y seguimiento de la evaluación entre otras; y

XXXVIII. Unidades Presupuestales: Las Dependencias y Entidades de la Administración Pública del Estado, los Poderes Legislativo y Judicial, las personas de derecho público a las que la Constitución Política del Estado de Campeche les otorgue autonomía, así como las universidades y demás instituciones de educación superior del Estado a las que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado de Campeche u otras Leyes otorguen también autonomía. Así como las dependencias y entidades de las administraciones públicas municipales.

ARTÍCULO 2.- Los Municipios y sus Entes Públicos deberán observar las disposiciones establecidas en esta Ley que, en lo conducente, resulten aplicables a su orden de gobierno a través de sus dependencias y entidades que realicen funciones análogas a las del Estado, con las particularidades que, en su caso, esta misma Ley establezca.

ARTÍCULO 3.- La aplicación e interpretación de esta Ley estará a cargo del Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaría.

ARTÍCULO 4.- La programación de Gasto público estatal tendrá su base en las directrices y planes de desarrollo económico y social que formule el Ejecutivo del Estado. Para su integración al Presupuesto, la Secretaría dictará las disposiciones procedentes.

ARTÍCULO 5.- El gasto público comprenderá las erogaciones por concepto de gasto corriente, inversión física, inversión financiera y pagos de pasivos o deuda pública, y por concepto de responsabilidad patrimonial que realicen las Unidades Presupuestales.

Las dependencias y entidades deberán planear, programar, presupuestar, controlar y evaluar sus actividades respecto al gasto público. Tratándose de las entidades, deberán efectuar sus actividades de acuerdo con el sector programático que les corresponda en términos del Acuerdo de Sectorización que emita el Ejecutivo o del respectivo acuerdo, decreto o Ley de su creación.

Las Unidades Presupuestales responsables de Gasto están obligadas a rendir cuentas por la administración de los recursos públicos en los términos de esta Ley y demás disposiciones aplicables.

ARTÍCULO 6.- La Secretaría operará un sistema informático de planeación, programación, presupuestación y seguimiento de recursos gubernamentales a fin de optimizar y simplificar las operaciones de registro presupuestal y de trámite de pago, además de concentrar la información presupuestaria, financiera y contable de la Administración Pública Estatal con la participación que, en su caso, corresponda a la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental.

ARTÍCULO 7.- Las cantidades que se recauden por cualesquiera de las dependencias, órganos desconcentrados con carácter de autoridad fiscal y entidades estatales, no podrán destinarse a fines específicos, salvo los casos que expresamente determinen las Leyes y hasta por los montos que, previo dictamen de la Secretaría, se requieran para atender necesidades de los servicios a los cuales estén destinados.

CAPÍTULO II
DE LAS COMISIONES INTERSECRETARIALES

ARTÍCULO 8.- La Comisión Intersecretarial de Gasto-Financiamiento, así como la Comisión Intersecretarial de Convenios y Auditorías Gubernamentales serán las instancias de asesoría y seguimiento permanente del Ejecutivo en las señaladas materias incluidas en su denominación.

El Ejecutivo del Estado podrá crear las Comisiones Intersecretariales que considere necesarias para optimizar la aplicabilidad de esta Ley y expedirá las normas para la integración y funcionamiento de las mismas.

CAPÍTULO III
DE LAS GARANTÍAS

ARTÍCULO 9.- Las garantías que los particulares o terceros otorguen a favor del Estado se harán efectivas a través de la Secretaría o, en su caso, por el órgano desconcentrado subordinado jerárquicamente a ésta con carácter de autoridad fiscal.

Será responsabilidad de las Dependencias, Entidades o autoridad respectiva conservar en su contabilidad los originales de las garantías que se otorguen a favor del Estado y vigilar su vigencia a efecto de que cuando se haga exigible su cobro, se lo soliciten por escrito a la instancia referida en el párrafo anterior adjuntándole el original de la garantía, así como toda la documentación original que sea necesaria en términos de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.

Los Poderes Legislativo y Judicial y las personas de derecho público a las que la Constitución Política del Estado de Campeche les otorgue autonomía, así como las universidades y demás instituciones de educación superior del Estado a las que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado de Campeche u otras Leyes otorguen también autonomía, por conducto de sus respectivas unidades de administración, establecerán en el ámbito de su competencia los requisitos aplicables a las garantías que se constituyan a su favor.

Corresponderá a las dependencias y entidades fijar las bases, forma, monto y porcentaje a las que deberán sujetarse las garantías que deban constituirse por terceros, cumpliendo con los requisitos mínimos siguientes:

a) Su monto deberá ser suficiente para cubrir el importe principal de la obligación garantizada y los accesorios causados durante la vigencia del contrato;

b) Sea acorde con los términos de la obligación garantizada; y

c) Cumpla con todos los requisitos de forma que establezcan las disposiciones aplicables.

ARTÍCULO 10.- El Estado así como los Municipios, y las dependencias y entidades estatales y municipales no estarán obligados a otorgar garantías ni efectuar depósitos o fianzas para el cumplimiento de obligaciones con cargo a sus presupuestos de egresos.

CAPÍTULO IV
DE LOS FIDEICOMISOS PÚBLICOS NO PARAESTATALES

ARTÍCULO 11.- La Secretaría podrá constituir fideicomisos públicos no paraestatales, a fin de destinar recursos o derechos a fines específicos, para lo cual deberá contar, en su caso, con las autorizaciones que correspondan en atención al tipo de recursos o derechos que se aporten o afecten al patrimonio del fideicomiso.

En todo caso, la Secretaría deberá llevar un registro de los fideicomisos no paraestatales que constituya, en el que se asienten los siguientes datos:

a) Fecha de constitución;

b) Fines;

c) Recursos o derechos afectados al patrimonio del fideicomiso;

d) En su caso, datos de las autorizaciones para la aportación o afectación de los recursos o derechos al fideicomiso;

e) Duración;

f) Fideicomisarios; y

g) Otros datos que, en cada caso, la Secretaría considere pertinentes.

La Secretaría deberá supervisar que la institución fiduciaria aplique el patrimonio fideicomitido de conformidad con las estipulaciones contractuales pactadas en el contrato de fideicomiso, para lo cual, se deberá estipular la posibilidad de que solicite informes, periódicos o eventuales, al fiduciario sobre la situación que guarda el patrimonio del fideicomiso y su aplicación.

ARTÍCULO 12.- Los fideicomisos públicos no considerados entidades sólo podrán constituirse con la autorización de la Secretaría. Quedan exceptuados de esta autorización aquellos fideicomisos que constituyan las entidades no apoyadas presupuestariamente.

Las dependencias por conducto de la Secretaría, en su carácter de fideicomitente única de la Administración Pública Centralizada, y las entidades, sólo podrán constituir los fideicomisos públicos sin estructura orgánica.

El propósito de los fideicomisos señalados en el párrafo anterior, deberá relacionarse invariablemente con alguna de las áreas prioritarias o estratégicas indicadas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado de Campeche, en las Leyes estatales, o decretos, o bien con las áreas prioritarias que se establezcan en el Plan Estatal de Desarrollo, en los programas que deriven del mismo, en las previstas en las disposiciones de carácter general emitidas por el Ejecutivo Estatal, o las tendientes a la satisfacción de los intereses del Estado y necesidades populares.

CAPÍTULO V
DE LAS LEYES DE INGRESOS Y DE PRESUPUESTO DE EGRESOS

ARTÍCULO 13.- El gasto total se sustentará en las Leyes de Ingresos y de Presupuesto de Egresos del Estado, las que se formularán con apoyo en programas que señalen metas y unidades responsables de su ejecución. Ambas se elaborarán por año de calendario, se basarán en costos estimados y se apegarán al Plan Estatal de Desarrollo y a los programas que de él deriven.

El gasto total propuesto por el Ejecutivo del Estado, y el propuesto por los HH. Ayuntamientos de los Municipios, en sus correspondientes proyectos de Presupuesto de Egresos, será aquél que apruebe el H. Congreso del Estado o los HH. Ayuntamientos, respectivamente, para que se ejerza durante el ejercicio fiscal y deberá contribuir al Balance presupuestario sostenible.

Las dependencias y entidades elaborarán sus respectivos proyectos de presupuestos de egresos, conforme a sus necesidades, a lo establecido en esta Ley, en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y en las normas que para tal efecto emita el Consejo Nacional de Armonización Contable, con base en objetivos, parámetros cuantificables e indicadores del desempeño, y deberán ser congruentes con el Plan Estatal de Desarrollo y los programas derivados del mismo.

Los proyectos de presupuestos de egresos de las Unidades Presupuestales serán debidamente integrados por la Secretaría en un solo documento que conformará la iniciativa de Ley de Presupuesto de Egresos del Estado, la cual se enviará al H. Congreso del Estado, por conducto del Ejecutivo, para su análisis, discusión y aprobación. Para tales efectos, las Unidades Presupuestales enviarán sus respectivos proyectos a la Secretaría a más tardar el 30 de septiembre del año inmediato anterior al que deban ejercerse.

ARTÍCULO 14.- El Estado y sus Municipios deberán generar Balances presupuestarios sostenibles. Se cumple con esta premisa, cuando al final del ejercicio fiscal y bajo el momento contable del devengado dicho balance es mayor o igual a cero. Igualmente, el Balance presupuestario de recursos disponibles es sostenible, cuando al final del ejercicio fiscal y bajo el momento contable devengado dicho balance es mayor o igual a cero.

El Financiamiento Neto que, en su caso, se contrate por el Estado o sus Municipios y se utilice para el cálculo del Balance presupuestario de recursos disponibles sostenible, deberá estar dentro del Techo de Financiamiento Neto que resulte de la aplicación del Sistema de Alertas, de acuerdo con el artículo 46 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

Debido a razones excepcionales, las iniciativas de Leyes de Ingresos y de Presupuesto de Egresos Estatal podrán prever un Balance presupuestario de recursos disponibles negativo. En estos casos el Ejecutivo del Estado deberá dar cuenta al H. Congreso del Estado de los siguientes aspectos:

I. Las razones excepcionales que justifican el Balance presupuestario de recursos disponibles negativo, conforme a lo dispuesto en el siguiente artículo;

II. Las fuentes de recursos necesarias y el monto específico para cubrir el Balance presupuestario de recursos disponibles negativo; y

III. El número de ejercicios fiscales y las acciones requeridas para que dicho Balance presupuestario de recursos disponibles negativo sea eliminado y se restablezca el Balance presupuestario de recursos disponibles sostenible.

Debido a razones excepcionales a que se refiere este artículo, el H. Congreso del Estado de Campeche podrá aprobar un Balance presupuestario de recursos disponibles negativo para el Municipio respectivo. Para tal efecto, el tesorero municipal o su equivalente, será responsable de cumplir lo previsto en las fracciones I a la III de este artículo.

El Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaría, reportará en informes trimestrales y en la Cuenta Pública que entregue al H. Congreso y a través de su página oficial de Internet, el avance de las acciones hasta en tanto se recupere el presupuesto sostenible de recursos disponibles.

En caso de que el H. Congreso del Estado modifique la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de tal manera que genere un Balance presupuestario de recursos disponibles negativo, deberá motivar su decisión, sujetándose a las fracciones I y II de este artículo. A partir de la aprobación del Balance presupuestario de recursos disponibles negativo a que se refiere este párrafo, el Ejecutivo del Estado deberá dar cumplimiento a lo previsto en la fracción III y el párrafo anterior de este artículo.

ARTÍCULO 15.- Se podrá incurrir en un Balance presupuestario de recursos disponibles negativo cuando:

I. Se presente una caída en el Producto Interno Bruto nacional en términos reales, y lo anterior origine una caída en las participaciones federales con respecto a lo aprobado en el Presupuesto de Egresos de la Federación, y ésta no logre compensarse con los recursos que, en su caso, reciban del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas en los términos del artículo 19 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria;

II. Sea necesario cubrir el costo de la reconstrucción provocada por los desastres naturales declarados en los términos de la Ley General de Protección Civil, o

III. Se tenga la necesidad de prever un costo mayor al 2% de Gasto no etiquetado observado en el Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal inmediato anterior, derivado de la implementación de ordenamientos jurídicos o medidas de política fiscal que, en ejercicios fiscales posteriores, contribuyan a mejorar ampliamente el Balance presupuestario de recursos disponibles negativo, ya sea porque generen mayores ingresos o menores gastos permanentes; es decir, que el valor presente neto de dicha medida supere ampliamente el costo de la misma en el ejercicio fiscal que se implemente.

ARTÍCULO 16.- Para la formulación de la iniciativa de Ley de Presupuesto de Egresos del Estado, las dependencias y entidades elaborarán sus correspondientes proyectos atendiendo a los principios de racionalidad, austeridad y disciplina de Gasto público teniendo como base el Plan Estatal de Desarrollo y los programas que de él se deriven, y los remitirán a la Secretaría de conformidad con las normas y montos que el Ejecutivo oportunamente establezca y les dé a conocer, por conducto de la propia Secretaría.

ARTÍCULO 17.- El Estado y los municipios deberán considerar en su correspondiente Presupuesto de Egresos, las previsiones de gasto necesarias para hacer frente a los compromisos de pago que se deriven de los contratos de Asociación Público-Privadas celebrados o por celebrarse durante el siguiente ejercicio fiscal.

Para el caso de Asociaciones Público-Privadas con recursos federales, se observará lo dispuesto en el artículo 4 fracción IV de la Ley Federal de Asociaciones Público-Privadas.

ARTÍCULO 18.- La Secretaría, al hacer la integración de los proyectos de presupuestos de egresos, cuidará que simultáneamente se defina el tipo o fuente de recursos para su financiamiento y que se ajusten a las previsiones del proyecto de Ley de Ingresos Estatal.

ARTÍCULO 19.- La Ley de Presupuesto de Egresos será la que apruebe el H. Congreso a iniciativa del Ejecutivo, para expensar, durante el periodo de un año contado a partir del 1° de enero del ejercicio fiscal correspondiente, el gasto total que en éste se especifique, así como la clasificación económica, funcional y económico administrativo, y el desglose de las actividades, obras y servicios públicos previstos en los programas a cargo de las Unidades Presupuestales que el mismo y sus anexos señalen.

ARTÍCULO 20.- La Secretaría es la dependencia competente para elaborar los proyectos de Leyes de Ingresos y de Presupuesto de Egresos del Estado, los cuales deberán contener apartados específicos con la información siguiente:

I. Ley de Ingresos:

a) Las fuentes de sus ingresos sean ordinarios o extraordinarios, desagregando el monto de cada una incluyendo los recursos federales que se estime serán transferidos por la Federación a través de los fondos de participaciones y aportaciones federales, subsidios y convenios de reasignación; así como los ingresos recaudados con base en la Ley de Hacienda del Estado de Campeche, Código Fiscal del Estado de Campeche y demás disposiciones legales, reglamentarias y contractuales vigentes, y

b) Las obligaciones de garantía o pago causante de deuda pública u otros pasivos de cualquier naturaleza con contrapartes, proveedores, contratistas y acreedores, incluyendo la disposición de bienes o expectativa de derechos sobre éstos, contraídos directamente o a través de cualquier instrumento jurídico considerado o no dentro de la estructura orgánica de la administración pública correspondiente, y la celebración de actos jurídicos análogos a los anteriores y sin perjuicio de que dichas obligaciones tengan como propósito el canje o refinanciamiento de otras o de que sea considerado o no como deuda pública en los ordenamientos aplicables. Asimismo, la composición de dichas obligaciones y el destino de los recursos obtenidos;

II. Ley de Presupuesto de Egresos:

a) Las prioridades de gasto, los programas y proyectos, así como la distribución del presupuesto, detallando el gasto en servicios personales, incluyendo el analítico de plazas y desglosando todas las remuneraciones; las contrataciones de servicios por honorarios y, en su caso, previsiones para personal eventual; pensiones; gastos de operación, incluyendo gasto en comunicación social; gasto de inversión; así como gasto correspondiente a compromisos plurianuales, proyectos de Asociaciones Público-Privadas y proyectos de prestación de servicios, entre otros;

b) El listado de programas, así como sus indicadores estratégicos y de gestión aprobados, y

c) La aplicación de los recursos conforme a las clasificaciones administrativa, funcional, programática, económica y, en su caso, geográfica y sus interrelaciones que faciliten el análisis para valorar la eficiencia y eficacia en el uso y destino de los recursos y sus resultados.

En el proceso de integración de la información financiera para la elaboración de los presupuestos se deberán incorporar los resultados que deriven de los procesos de implantación y operación del presupuesto basado en resultados y del sistema de evaluación del desempeño, establecidos en términos del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Adicionalmente a lo anterior, se deberá incluir cuando menos lo siguiente:

I. Objetivos anuales, estrategias y metas;

II. Proyecciones de finanzas públicas, considerando las premisas empleadas en los Criterios Generales de Política Económica.

Las proyecciones se realizarán con base en los formatos que emita el Consejo Nacional de Armonización Contable y abarcarán un periodo de cinco años en adición al ejercicio fiscal en cuestión, las que se revisarán y, en su caso, se adecuarán anualmente en los ejercicios subsecuentes;

III. Descripción de los riesgos relevantes para las finanzas públicas, incluyendo los montos de Deuda Contingente, acompañados de propuestas de acción para enfrentarlos;

IV. Los resultados de las finanzas públicas que abarquen un periodo de los cinco últimos años y el ejercicio fiscal en cuestión, de acuerdo con los formatos que emita el Consejo Nacional de Armonización Contable para este fin, y

V. Un estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores, el cual como mínimo deberá actualizarse cada tres años. El estudio deberá incluir la población afiliada, la edad promedio, las características de las prestaciones otorgadas por la Ley aplicable, el monto de reservas de pensiones, así como el periodo de suficiencia y el balance actuarial en valor presente.

Las Leyes de Ingresos y de Presupuesto de Egresos del Estado de Campeche deberán ser congruentes con los Criterios Generales de Política Económica y las estimaciones de las participaciones y transferencias federales etiquetadas que se incluyan no deberán exceder a las previstas en la iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación y en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal correspondiente.

En el caso de los Municipios, deberán incorporar las disposiciones señaladas dentro de la fracción II a la V, arriba mencionadas.

Las proyecciones y resultados a que se refieren las fracciones II y IV, respectivamente comprenderán sólo un año para el caso de los Municipios con una población menor a 200,000 habitantes, de acuerdo con el último censo o conteo de población que publique el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Dichos Municipios contarán con el apoyo técnico de la Secretaría, para cumplir lo previsto en este artículo.

ARTÍCULO 21.- La Secretaría queda facultada para formular el proyecto de presupuesto de egresos de las entidades y dependencias del Ejecutivo cuando éstas no lo presentaren en el plazo que establece esta Ley, o en los casos en que habiendo presentado no se apeguen a las disposiciones emitidas para tal efecto.

ARTÍCULO 22.- Los plazos de presentación y aprobación de las Leyes de Ingresos y de Presupuesto de Egresos del Estado serán los establecidos en la Constitución Política del Estado de Campeche.

ARTÍCULO 23.- El Ejecutivo del Estado, por conducto de la Secretaría, realizará una estimación del impacto presupuestario de las iniciativas de Leyes o decretos que se presenten a la consideración del H. Congreso del Estado. Asimismo, realizará estimaciones sobre el impacto presupuestario de las disposiciones administrativas que impliquen costos para su implementación.

Todo proyecto de Ley o decreto que sea sometido a votación del Pleno de la Legislatura local, deberá incluir en su dictamen correspondiente una estimación sobre el impacto presupuestario del proyecto.

La aprobación y ejecución de nuevas obligaciones financieras derivadas de la legislación local, se realizará en el marco del principio de balance presupuestario sostenible, por lo cual, se sujetarán a la capacidad financiera del Estado.

ARTÍCULO 24.- Una vez aprobado el Presupuesto de Egresos, para el ejercicio de Gasto, el Estado deberá observar las disposiciones siguientes:

I. Sólo podrán comprometer recursos con cargo al presupuesto autorizado, contando previamente con la suficiencia presupuestaria, identificando la fuente de ingresos;

II. Podrán realizar erogaciones adicionales a las aprobadas en la Ley de Presupuesto de Egresos con cargo a los Ingresos excedentes que obtengan y con la autorización previa de la Secretaría;

III. Con anterioridad al ejercicio o contratación de cualquier programa o proyecto de inversión cuyo monto rebase el equivalente a 10 millones de Unidades de Inversión, deberá realizarse un análisis costo y beneficio, en donde se muestre que dichos programas y proyectos son susceptibles de generar, en cada caso, un beneficio social neto bajo supuestos razonables. Dicho análisis no se requerirá en el caso de Gasto de inversión que se destine a la atención prioritaria de desastres naturales declarados en los términos de la legislación aplicable a la materia.

Para los propósitos señalados en el párrafo anterior, el Estado a través de la Unidad de Programas y Proyectos de Inversión Pública evaluará el análisis socioeconómico, conforme a los requisitos que, en su caso, se determinen para tales efectos; así como integrará y administrará el registro de proyectos de inversión pública productiva del Estado.

Tratándose de proyectos de Inversión pública productiva que se pretendan contratar bajo un esquema de Asociación Público-Privadas, el Estado y sus Entes Públicos deberán acreditar, por lo menos, un análisis de conveniencia para llevar a cabo el proyecto a través de dicho esquema, en comparación con un mecanismo de obra pública tradicional y un análisis de transferencia de riesgos al sector privado.

Dichas evaluaciones deberán ser públicas a través de la página oficial de Internet de la Secretaría;

IV. Sólo procederá hacer pagos con base en el Presupuesto de Egresos autorizado, y por los conceptos efectivamente devengados, siempre que se hubieren registrado y contabilizado debida y oportunamente las operaciones consideradas en éste;

V. La asignación global de servicios personales aprobada originalmente en el Presupuesto de Egresos no podrá incrementarse durante el ejercicio fiscal. Lo anterior, exceptuando el pago de sentencias laborales definitivas emitidas por la autoridad competente.

La Secretaría contará con un sistema de registro y control de las erogaciones de servicios personales;

VI. Deberán tomar medidas para racionalizar el Gasto corriente. Los ahorros y economías generados como resultado de la aplicación de dichas medidas, así como los ahorros presupuestarios y las economías que resulten por concepto de un costo financiero de la Deuda Pública menor al presupuestado, deberán destinarse en primer lugar a corregir desviaciones del Balance presupuestario de recursos disponibles negativo, y en segundo lugar a los programas prioritarios del Estado;

VII. En materia de subsidios se deberá identificar la población objetivo, el propósito o destino principal y la temporalidad de su otorgamiento. Los mecanismos de distribución, operación y administración de los subsidios deberán garantizar que los recursos se entreguen a la población objetivo y reduzcan los gastos administrativos del programa correspondiente.

La información señalada en el párrafo anterior deberá hacerse pública a través de las páginas oficiales de Internet de la Secretaría; y

VIII. Una vez concluida la vigencia del Presupuesto de Egresos, sólo procederá realizar pagos con base en dicho presupuesto, por los conceptos efectivamente devengados en el año que corresponda y que se hubieren registrado en el informe de cuentas por pagar y que integran el pasivo circulante al cierre del ejercicio. En el caso de las Transferencias federales etiquetadas se estará a lo dispuesto en el artículo 36 de esta Ley.

En el caso de los Municipios y sus Entes Públicos, deberán observar lo previsto en este artículo. Lo anterior, con excepción de la fracción III, segundo párrafo, del presente artículo la cual sólo será aplicable para los Municipios de más de 200,000 habitantes, de acuerdo con el último censo o conteo de población que publique el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Las autorizaciones que se señalan en las fracciones de este artículo serán realizadas por las Tesorerías Municipales correspondientes.

ARTÍCULO 25.- A toda proposición de aumento o creación de gasto del Presupuesto de Egresos deberá acompañarse con la correspondiente iniciativa de ingreso o compensarse con reducciones en otras previsiones de gasto.

No procederá pago alguno que no esté comprendido en el Presupuesto de Egresos, determinado por Ley posterior o con cargo a Ingresos excedentes. El Estado y los municipios deberán revelar en la cuenta pública y en los informes que periódicamente entreguen al H. Congreso, la fuente de ingresos con la que se haya pagado el nuevo gasto, distinguiendo el Gasto etiquetado y no etiquetado.

ARTÍCULO 26.- Los Ingresos excedentes derivados de Ingresos de libre disposición del Estado y de los municipios, deberán ser destinados a los siguientes conceptos:

I. Por lo menos el 50 por ciento para la amortización anticipada de la Deuda Pública, el pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores, pasivos circulantes y otras obligaciones, en cuyos contratos se haya pactado el pago anticipado sin incurrir en penalidades y representen una disminución del saldo registrado en la cuenta pública del cierre del ejercicio inmediato anterior, así como el pago de sentencias definitivas emitidas por la autoridad competente, la aportación a fondos para la atención de desastres naturales y de pensiones, y

II. En su caso, el remanente para:

a) Inversión pública productiva, a través de un fondo que se constituya para tal efecto, con el fin de que los recursos correspondientes se ejerzan a más tardar en el ejercicio inmediato siguiente, y

b) La creación de un fondo cuyo objetivo sea compensar la caída de Ingresos de libre disposición de ejercicios subsecuentes.

Los Ingresos excedentes derivados de Ingresos de libre disposición del Estado y de los municipios podrán destinarse a los rubros mencionados en el presente artículo, sin limitación alguna, siempre y cuando el Estado se clasifique en un nivel de endeudamiento sostenible de acuerdo al Sistema de Alertas de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

CAPÍTULO VI
DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO

ARTÍCULO 27.- En el manejo de la hacienda pública, los sujetos de esta Ley deberán procurar el equilibrio entre los ingresos y egresos que deban ejercer.

En el ejercicio del presupuesto, la Secretaría cuidará que no se adquieran compromisos que rebasen el monto de Gasto que hubiere autorizado y no reconocerá adeudos ni pagos por cantidades reclamadas o erogaciones efectuadas en contravención a lo antes dispuesto.

Será causa de responsabilidad de los titulares de las dependencias y entidades de la Administración Pública del Estado, contraer compromisos fuera de las limitaciones de los presupuestos aprobados para las mismas o, en forma tal, que no permita la atención de los servicios públicos.

ARTÍCULO 28.- Los recursos para cubrir adeudos del ejercicio fiscal anterior, previstos en el proyecto de Presupuesto de Egresos, podrán ser hasta por el 2 por ciento de los Ingresos totales del Estado.

En el caso de los Municipios del Estado, los recursos para cubrir los adeudos del ejercicio fiscal anterior, previstos en el proyecto de Presupuesto de Egresos, podrán ser hasta por el 2.5 por ciento de los Ingresos totales del respectivo Municipio.

ARTÍCULO 29.- El Presupuesto de Egresos del Estado deberá prever recursos para atender a la población afectada y los daños causados a la infraestructura pública estatal ocasionados por la ocurrencia de desastres naturales, así como para llevar a cabo acciones para prevenir y mitigar su impacto a las finanzas estatales. El monto de dichos recursos no podrá ser menor al 10% de la aportación realizada por el Estado, para la reconstrucción de la infraestructura dañada que en promedio se registre durante los últimos 5 ejercicios fiscales anteriores, actualizados por el Índice Nacional de Precios al Consumidor, medido a través de las autorizaciones de recursos aprobadas por el Fondo de Desastres Naturales, y deberá ser aportado a un fideicomiso público que se constituya específicamente para dicho fin.

Los recursos aportados deberán ser destinados, en primer término, para financiar las obras y acciones de reconstrucción de la infraestructura estatal aprobadas en el marco de las reglas generales del Fondo de Desastres Naturales, como la contraparte del Estado a los programas de reconstrucción acordados con la Federación.

En caso de que el saldo de los recursos del fideicomiso a que se refiere el primer párrafo de este artículo, acumule un monto que sea superior al costo promedio de reconstrucción de la infraestructura estatal dañada de los últimos 5 años del Estado, medido a través de las autorizaciones de recursos aprobadas por el Fondo de Desastres Naturales, el Estado podrá utilizar el remanente que le corresponda para acciones de prevención y mitigación, los cuales podrán ser aplicados para financiar la contraparte del Estado de los proyectos preventivos, conforme a lo establecido en las reglas de operación del Fondo para la Prevención de Desastres Naturales.

ARTÍCULO 30.- La Secretaría, por sí o a través de sus unidades administrativas competentes, efectuará los cobros y los pagos correspondientes a las dependencias de la Administración Pública del Estado.

Los Poderes Legislativo y Judicial, así como las entidades del Poder Ejecutivo, las personas de derecho público a las que la Constitución Política del Estado de Campeche les otorgue autonomía, así como las universidades y demás instituciones de educación superior del Estado a las que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado de Campeche u otras Leyes otorguen también autonomía, recibirán y manejarán directamente los fondos presupuestales que les correspondan y harán sus pagos mediante las unidades u oficinas que, dentro de sus respectivas estructuras administrativas, destinen para ese efecto.

La ministración de los fondos correspondientes será autorizada, en todos los casos, por la Secretaría, de conformidad con la Ley de Presupuesto de Egresos del Estado, vigente para el ejercicio fiscal que corresponda, y las normas y lineamientos emitidos por la propia Secretaría.

ARTÍCULO 31.- Todo gasto deberá estar amparado por la justificación y comprobación correspondiente, entendiéndose por justificación la orden de pago dada en los términos del artículo anterior, y por el comprobante fiscal digital que expida el interesado, los que deberán reunir los requisitos fiscales correspondientes.

ARTÍCULO 32.- Las partidas del presupuesto podrán ampliarse por el Ejecutivo del Estado en el caso de que los ingresos del erario lo permitan, siempre que no resulten afectados los gastos previstos expresamente en el propio presupuesto y de conformidad con la disponibilidad financiera.

ARTÍCULO 33.- El Ejecutivo del Estado, autorizará los traspasos de recursos entre programas y partidas cuando sea procedente.

Por ingresos extraordinarios entre otros, se entenderán:

I. Excedentes que resulten de los ingresos ordinarios a que se refiera la Ley de Ingresos del Estado vigente en el año de su obtención;

II. Remanentes que tengan los organismos descentralizados, entre sus ingresos y egresos netos, que se consignen como erogaciones recuperables dentro de sus presupuestos;

III. Los que se obtengan como consecuencia de la liquidación o extinción de empresas de participación estatal mayoritaria, fideicomisos públicos, organismos descentralizados y órganos desconcentrados, o del retiro de la participación del Estado en aquellos que no sean estratégicos o prioritarios, o por enajenación de los bienes muebles e inmuebles que no le sean útiles o que no cumplan con los fines para los que fueron creados o adquiridos, así como de los provenientes de la recuperación de seguros;

IV. Los que se obtengan por concepto de apoyos, ayudas y financiamiento diversos, cuya contratación obedezca a la ejecución de programas y proyectos específicos; y

V. Los provenientes de los acuerdos y convenios que el Estado celebre con el Ejecutivo Federal en materia de federalización o modernización.

El ejercicio de los mencionados recursos extraordinarios se considerará de ampliación automática, por lo que el Ejecutivo del Estado deberá informar al H. Congreso de las correspondientes asignaciones, transferencias y aplicaciones, cuando rinda la Cuenta Pública de cada ejercicio fiscal.

ARTÍCULO 34.- El gasto público deberá ajustarse al monto autorizado para los programas y partidas presupuestales.

En el caso de que durante el ejercicio fiscal disminuyan los ingresos previstos en las Leyes de Ingresos del Estado y de los municipios que se encuentre vigente, la Secretaría o la Tesorería Municipal, según corresponda, a efecto de cumplir con el principio de sostenibilidad del Balance presupuestario y del Balance presupuestario de recursos disponibles, deberá aplicar ajustes a los montos de sus Presupuestos de Egresos aprobados en los rubros de gasto en el siguiente orden:

I. Gastos de comunicación social;

II. Gasto corriente que no constituya un subsidio entregado directamente a la población, en términos de lo dispuesto por el artículo 24 fracción VII de la presente Ley, y

III. Gasto en servicios personales, prioritariamente las erogaciones por concepto de Percepciones extraordinarias.

En caso de que los ajustes anteriores no sean suficientes para compensar la disminución de ingresos, podrán realizarse ajustes en otros conceptos de gasto, siempre y cuando se procure no afectar los programas sociales.

Como consecuencia de las reducciones, todas las Unidades Presupuestales harán los ajustes que correspondan a sus presupuestos, los cuales deberán realizarse en forma selectiva y sin afectar las metas sustantivas de Gasto social y de los principales proyectos de inversión optando preferentemente por aquellos de menor impacto social y económico.

ARTÍCULO 35.- Sin autorización del Ejecutivo del Estado, otorgada a través de la Secretaría, las dependencias de la Administración Pública del Estado no podrán concertar o hacer anticipo de pago alguno, ya sea a corto o largo plazo.

ARTÍCULO 36.- El Estado y los municipios a más tardar el 15 de enero de cada año, deberán reintegrar a la Tesorería de la Federación las transferencias federales etiquetadas que, al 31 de diciembre del ejercicio fiscal inmediato anterior, no hayan sido devengados por sus respectivos Entes Públicos.

Sin perjuicio de lo anterior, las Transferencias federales etiquetadas que, al 31 de diciembre del ejercicio fiscal inmediato anterior se hayan comprometido y aquéllas devengadas pero que no hayan sido pagadas, deberán cubrir los pagos respectivos a más tardar durante el primer trimestre del ejercicio fiscal siguiente, o bien, de conformidad con el calendario de ejecución establecido en el convenio correspondiente; una vez cumplido el plazo referido, los recursos remanentes deberán reintegrarse a la Tesorería de la Federación, a más tardar dentro de los 15 días naturales siguientes.

Los reintegros deberán incluir los rendimientos financieros generados.

Para los efectos de este artículo, se entenderá que el Estado ha devengado o comprometido las Transferencias federales etiquetadas, en los términos previstos en el artículo 4, fracciones XIV y XV de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

ARTÍCULO 37.- Las Unidades Presupuestales deberán prever dentro de sus presupuestos las partidas necesarias para dar cumplimiento a sus obligaciones derivadas de convenios de afiliación o regularización de esa afiliación que celebren con instituciones públicas para brindar los servicios de seguridad social a los trabajadores a su servicio.

El Estado podrá obligarse como deudor solidario o subsidiario, o como avalista o garante respecto de las obligaciones a que se refiere el párrafo anterior, así como afectar, como fuente de pago de sus obligaciones, participaciones federales. En cualquier caso, la Secretaría queda autorizada para descontar de los presupuestos de las Unidades Presupuestales, las cantidades que hubiere erogado para cubrir las obligaciones correspondientes.

ARTÍCULO 38.- Los órganos desconcentrados que cuenten con autonomía presupuestal, deberán ejercer sus respectivos presupuestos de egresos en los términos de sus propias disposiciones específicas y las de esta Ley.

ARTÍCULO 39.- Las dependencias y entidades que, por cualquier motivo, al término del ejercicio fiscal que corresponda, conserven recursos presupuestarios, los concentrarán a la Secretaría dentro de los primeros cinco días hábiles del mes de enero inmediato siguiente, con los rendimientos obtenidos en su caso.

Cuando finalizado el ejercicio fiscal, las dependencias y entidades no hubieren ejercido, comprometido o devengado algún recurso, quedará cancelada su ejecución, aun cuando cuenten con autorización de la Secretaría que les haya otorgado durante la vigencia de ese ejercicio fiscal concluido.

ARTÍCULO 40.- Una vez concluida la vigencia de los presupuestos de egresos del Estado, sólo procederá hacer pagos con base en ellos por los conceptos efectivamente devengados en el año que corresponda y siempre que se hubieren contabilizado debida y oportunamente las operaciones correspondientes.

ARTÍCULO 41.- Las dependencias y entidades no deben contraer obligaciones que impliquen comprometer recursos de los subsecuentes ejercicios fiscales, así como la celebración de contratos, convenios, el otorgamiento de concesiones, permisos, licencias y autorizaciones o cualquier otro acto de naturaleza análoga que impliquen la posibilidad de algún gasto contingente o adquirir obligaciones futuras, salvo con la previa autorización de la Secretaría o que alguna otra Ley lo permita o que se trate de contratos plurianuales que se celebren en términos de esta Ley.

En casos excepcionales, debidamente justificados, el Ejecutivo del Estado podrá recomendar, a través de la Comisión Intersecretarial Gasto- Financiamiento, que se celebren contratos de obras públicas, de adquisiciones o de otra índole, que rebasen las asignaciones presupuestales aprobadas para el año correspondiente. En estos casos los compromisos excedentes no cubiertos quedarán sujetos para los fines de su liquidación y pago a la disponibilidad presupuestal del año o años subsecuentes, haciéndose mención de ellos en la siguiente o siguientes iniciativas de Ley de Presupuesto de Egresos del Estado.

En los casos de los pagos que se generen en cumplimiento de los contratos de obligaciones que se deriven de esquemas de Asociaciones Público-Privadas, éstos se regirán por lo establecido en la Constitución Política del Estado de Campeche; la Ley de Obligaciones, Financiamientos y Deuda Pública del Estado de Campeche y sus Municipios y en la Ley de la materia.

ARTÍCULO 42.- Los titulares de las Dependencias de manera unitaria y en representación del Estado podrán celebrar convenios de coordinación, colaboración, concertación y transferencia de recursos o cualquier otro documento contractual que involucre el ejercicio de recursos, con la Federación y/o con los municipios. En la celebración de estos convenios se deberá evitar comprometer recursos que excedan la capacidad financiera del Estado y, en todos los casos, atender a la disponibilidad financiera, suficiencia presupuestaria y flujo de efectivo, contenidos en sus propios presupuestos autorizados para el ejercicio fiscal correspondiente.

ARTÍCULO 43.- Los documentos contractuales y/o títulos de crédito que celebren las dependencias por sí o en representación del Ejecutivo del Estado, así como las Entidades, con organismos o personas físicas o morales que involucren el otorgamiento de recursos presupuestales, independientemente de la fuente de los mismos, corresponderá a la Dependencia o Entidad contratante la recuperación administrativa o judicial de los recursos, cuando éstos se otorguen a título de crédito o mutuo o, cuando independientemente de la naturaleza de su otorgamiento o destino, dichos recursos deban ser reintegrados a la hacienda pública.

Las acciones derivadas de estos documentos contractuales y títulos de crédito a favor del Estado que hayan quedado prescritos por disposición legal o sentencia judicial firme y se encuentren registrados en la contabilidad gubernamental, podrán ser cancelados por la Secretaría a solicitud de la Dependencia que lo tenga registrado en su haber; en el caso de las entidades, estás podrán hacer lo propio en sus respectivas contabilidades.

ARTÍCULO 44.- Los titulares de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, en el ejercicio de sus presupuestos y recursos financieros aprobados y, en el ámbito de sus respectivas competencias, serán los directamente responsables de la formulación y desarrollo de sus programas, de la correcta administración, contratación, aplicación, ejecución y ejercicio de los mismos, de la información financiera y presupuestal que se genere, así como del cumplimiento de sus fines y destinos atendiendo exclusivamente a la instancia, etapa o parte del procedimiento en que participen según sus facultades legales así como de las disposiciones para el ejercicio óptimo de Gasto público, y de que se ejecuten con oportunidad y eficiencia las acciones previstas en sus respectivos programas, a fin de coadyuvar a la adecuada consecución de las estrategias y objetivos establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo, y demás programas formulados con base en la Ley de Planeación del Estado de Campeche, así como de la estricta observancia de las disposiciones de austeridad, ajuste de Gasto corriente, mejora y modernización de la gestión pública y disciplina presupuestales.

Las dependencias y entidades ejecutoras serán responsables del ejercicio y aplicación de los recursos que les sean autorizados. Serán consideradas instancias ejecutoras de estos recursos, aquellas dependencias y entidades, o los servidores públicos adscritos a éstas, que participen o lleven a cabo los procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida o licitación de obras, adquisiciones de bienes o prestación de servicios, ya sea que paguen directamente o no a los contratistas o proveedores, o a través de cualquier otro medio de adquisición, adjudicación o contratación permitidos por la Ley.

Las dependencias y entidades ejecutoras de gasto deberán ajustar su actuación a lo establecido en las Leyes, reglamentos, lineamientos, reglas de operación y demás marco jurídico aplicable y, en su caso, a los convenios que al efecto se celebren para el ejercicio de Gasto. En los supuestos de que al término del ejercicio fiscal existan recursos no devengados, independientemente del origen de los mismos, la misma instancia ejecutora deberá instruir a la Secretaría dentro de los 5 días hábiles siguientes al cierre del ejercicio, con el propósito de que ésta, esté informada del haber y a su vez, pueda proceder en su caso, al reintegro y/o devolución del recurso no devengado cuando sea procedente por mandato del precitado marco jurídico o contractual.

En el caso de los Municipios aplicará este mismo precepto respecto a los servidores públicos municipales que administren, apliquen, eroguen, ejecuten o ejerzan estos recursos que les correspondan conforme a esta Ley, la Ley de Coordinación Fiscal u otros ordenamientos jurídicos fiscales, presupuestales o hacendarios.

La Secretaría y los servidores públicos adscritos a ésta, en ningún caso podrán tener el carácter de instancia ejecutora o fungir con ese mismo carácter en la ministración de los recursos pertenecientes a los fondos de aportaciones federales, gasto federalizado, gasto concurrente o pari passu, ni en ningún otro recurso federal o estatal de los establecidos en esta Ley.

El correcto ejercicio de los recursos destinados a infraestructura, obras, adquisiciones de bienes y servicios, acciones y programas desde el proceso de adjudicación, contratación y entrega será de la exclusiva responsabilidad de la dependencia o entidad ejecutora de los recursos, quien a su vez deberá obtener la documentación comprobatoria del ejercicio de tales recursos conforme a la legislación, convenio o contrato que le sea aplicable.

Los Poderes Legislativo y Judicial, así como los titulares de los Organismos Públicos Autónomos, en el ejercicio de sus presupuestos aprobados, tendrán las mismas responsabilidades referidas en los párrafos anteriores de este artículo en lo que les sea aplicable y, se sujetarán a las disposiciones de este presupuesto en lo que no se contraponga a los ordenamientos legales que los rigen y serán responsables de que se ejecuten con oportunidad y eficiencia las acciones previstas en sus respectivos programas.

La inobservancia o incumplimiento de estas disposiciones presupuestarias serán sancionadas de conformidad con lo establecido en la Ley Reglamentaria del Capítulo XVII de la Constitución Política del Estado de Campeche y demás normas aplicables en materia de responsabilidad de servidores públicos.

ARTÍCULO 45.- Las dependencias y entidades, antes de suscribir convenios u otros documentos contractuales que requieran aportación de recursos financieros, deberán verificar con la Secretaría que exista la disponibilidad de los mismos, con la finalidad de que la Secretaría de Planeación emita los respectivos oficios de autorización y aprobación de acuerdo con la política de gasto.

CAPÍTULO VII
DE LOS CONTRATOS PLURIANUALES

ARTÍCULO 46.- Los ejecutores de gasto podrán celebrar contratos plurianuales de obras públicas, adquisiciones, y arrendamientos o servicios durante el ejercicio fiscal siempre que:

I. Justifiquen que su celebración representa ventajas económicas o que sus términos o condiciones son más favorables;

II. Justifiquen el plazo de la contratación y que el mismo no afectará negativamente la competencia económica en el sector de que se trate;

III. Identifiquen el gasto corriente o de inversión correspondiente;

IV. Desglosen el gasto a precios del año tanto para el ejercicio fiscal correspondiente, como para los subsecuentes; y

V. Cuenten con la recomendación favorable de la Comisión Intersecretarial de Gasto-Financiamiento.

Las dependencias únicamente requerirán de la Secretaría la autorización presupuestaria para la celebración de los contratos a que se refiere este artículo. En el caso de las entidades, se sujetarán a la autorización de su titular conforme a las disposiciones generales aplicables.

Las dependencias y entidades deberán informar a la Secretaría de la Contraloría sobre la celebración de los contratos a que se refiere este artículo, dentro de los 30 días posteriores a su formalización.

Los Poderes Legislativo y Judicial y los entes autónomos, a través de sus respectivas unidades de administración, podrán autorizar la celebración de contratos plurianuales siempre y cuando cumplan lo dispuesto en este artículo y emitan normas generales, para su justificación y autorización.

ARTÍCULO 47.- En el caso de las contrataciones plurianuales a que se refiere el artículo anterior, las dependencias deberán solicitar la autorización presupuestaria de la Secretaría, siempre y cuando la vigencia del contrato respectivo inicie en el mismo ejercicio fiscal o en el siguiente a aquél en el que se solicite.

ARTÍCULO 48.- Las dependencias que pretendan celebrar contratos plurianuales a que se refiere este capítulo se sujetarán a lo siguiente:

I. Deberán solicitar la autorización de la Secretaría dentro del periodo comprendido entre el primer día hábil de enero y el último día hábil de agosto, anexando los siguientes documentos:

a) La especificación de las obras, adquisiciones, arrendamientos o servicios, señalando si corresponden a inversión o gasto corriente;

b) La justificación de que la celebración de dichos compromisos representa ventajas económicas o que sus términos y condiciones son más favorables respecto a la celebración de dichos contratos por un solo ejercicio fiscal;

c) La justificación del plazo de la contratación y de que el mismo no afectará negativamente la competencia económica del sector de que se trate;

d) El desglose de Gasto que debe consignarse a precios del año, tanto para el ejercicio fiscal como para los subsecuentes, así como, en el caso de obra pública, los avances físicos esperados. Los montos deberán presentarse en moneda nacional.

Las dependencias y entidades deberán presupuestar el gasto para los ejercicios subsecuentes conforme al inciso d) anterior.

La Secretaría emitirá su resolución en un plazo máximo de 10 días hábiles a partir de la presentación de la solicitud.

Transcurrido el plazo anterior sin que la Secretaría emita resolución alguna, las solicitudes se tendrán por autorizadas y ésta deberá informarlo por escrito a petición de la dependencia correspondiente dentro de un plazo de 5 días hábiles.

Las dependencias podrán presentar solicitudes con posterioridad al plazo a que se refiere la presente fracción, las cuales serán analizadas y, en su caso, autorizadas siempre que se trate de gastos administrativos o de apoyo al desempeño de las funciones de la dependencia.

Las solicitudes que presenten las dependencias y entidades, podrán ser de manera consolidada por tipo de obras públicas, adquisiciones, arrendamientos o servicios, y

II. Las dependencias que requieran actualizar los montos plurianuales autorizados que sirvieron de base para celebrar originalmente los contratos derivados de la variación de costos o montos deberán presentar a la Secretaría la justificación correspondiente, así como el avance financiero y, en el caso de obra pública, además el avance físico. Para dicha actualización no requerirán la autorización de la Secretaría en los siguientes casos:

a) El monto total actualizado de las adquisiciones o arrendamientos no rebase el 20 por ciento de los montos plurianuales autorizados, ni el techo del presupuesto modificado autorizado para el año en el concepto correspondiente;

b) El monto total actualizado de las obras no rebase el 25 por ciento de los montos plurianuales autorizados, ni el techo del presupuesto modificado autorizado para el año en el concepto correspondiente.

Las dependencias deberán informar a la Secretaría sobre las actualizaciones a que se refiere esta fracción en un plazo máximo de 10 días hábiles.

En caso de que se rebasen los porcentajes establecidos en los incisos anteriores, se solicitará la autorización de la Secretaría, en los términos de la fracción I de este artículo, anexando la justificación correspondiente.

Las dependencias no contraerán compromisos plurianuales que impliquen riesgos de incumplimiento de sus obligaciones o que restrinjan la flexibilidad requerida para el adecuado ejercicio de Gasto. Para ello, el monto total de este tipo de contratos, sin incluir aquellos derivados de proyectos para prestación de servicios para cualquier año de su vigencia, no rebasará el 20 por ciento de Gasto total aprobado para el año en que se celebren en las partidas de gasto correspondientes. En casos excepcionales y debidamente justificados, la Secretaría podrá autorizar un porcentaje mayor.

Cuando el monto autorizado originalmente resulte insuficiente para llevar a cabo la contratación, se elaborará la justificación correspondiente y se solicitará una nueva autorización de conformidad con la fracción I de este artículo.

ARTÍCULO 49.- Las entidades que pretendan celebrar contratos plurianuales se sujetarán a la autorización de su titular, de conformidad con las disposiciones que al efecto aprueben sus respectivos órganos de gobierno, las cuales deberán considerar como mínimo lo dispuesto en los incisos a) a d) de la fracción I del artículo anterior, así como evitar contraer compromisos contractuales plurianuales que impliquen riesgos de incumplimiento de sus obligaciones o que restrinjan su disponibilidad presupuestaria necesaria para la operación.

Previo a la autorización del titular de la entidad, solicitar la opinión de la Secretaría para la celebración de contratos plurianuales cuyo monto en alguno de los años de vigencia del contrato represente un 5 por ciento o más de Gasto de inversión o de operación de la entidad previsto para cada año, sin incluir en ambos casos las previsiones de gasto de los proyectos de infraestructura productiva de largo plazo y de servicios personales.

La Secretaría emitirá la opinión correspondiente en un plazo máximo de 10 días hábiles, contados a partir de la presentación de la solicitud.

ARTÍCULO 50.- Los montos de los contratos plurianuales deberán ser autorizados previamente a su celebración, en la Ley de Presupuesto de Egresos del Estado de Campeche, de conformidad con lo establecido en el inciso a), fracción II del artículo 20 de esta Ley.

CAPÍTULO VIII
DE LOS SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS Y DONATIVOS

ARTÍCULO 51.- Se faculta al Ejecutivo del Estado para otorgar subsidios con cargo a los impuestos o derechos estatales, en relación con aquellas actividades o contribuyentes respecto de los cuales juzgue indispensable tal medida, con las limitantes establecidas en ésta y otras Leyes, según el caso.

ARTÍCULO 52.- El Ejecutivo del Estado determinará la forma en que deberán invertirse los subsidios que se otorguen a la producción y comercialización conforme a las disposiciones señaladas por el Consejo Nacional de Armonización Contable, así como a los municipios quienes deberán proporcionar a la Secretaría la información que les soliciten sobre la aplicación de los mismos.

ARTÍCULO 53.- El Ejecutivo del Estado, por conducto de la Secretaría, autorizará la ministración y terminación de los subsidios y transferencias previstos en esta Ley con cargo a los presupuestos de las Dependencias y Entidades.

Los Titulares de las Dependencias y Entidades serán responsables, en el ámbito de sus competencias, de que la ministración de subsidios y transferencias que se les haya autorizado con cargo a sus presupuestos se otorguen y ejerzan conforme a lo establecido en esta Ley y demás disposiciones aplicables.

ARTÍCULO 54.- Las dependencias y entidades sólo podrán conceder subsidios, ministrar donativos, otorgar gratificaciones o dar ayuda de cualquier clase, hasta por los montos aprobados en sus presupuestos, siempre y cuando cuenten con los padrones de beneficiarios, estudios socio económicos y la justificación y ampliación conforme a las disposiciones fiscales con la autorización previa y por escrito de la Secretaría que justifique tales erogaciones. La Secretaría se abstendrá de otorgar dichas autorizaciones respecto de subsidios cuando éstos afecten negativamente la recaudación de ingresos que hayan sido previamente afectados a medios de pago de obligaciones contraídas por el Estado, las entidades o los fideicomisos constituidos por el Estado para contratar financiamientos, conforme a las disposiciones legales aplicables.

En materia de subsidios se deberá identificar la población objetivo, el propósito o destino principal y la temporalidad de su otorgamiento. Los mecanismos de distribución, operación y administración de los subsidios deberán garantizar que los recursos se entreguen a la población objetivo y reduzcan los gastos administrativos del programa correspondiente.

La información señalada en el párrafo anterior deberá hacerse pública a través de la página oficial de las dependencias y entidades ejecutoras.

Las Dependencias que reciban donativos en dinero, deberán enterarlos de inmediato a la Secretaría y solicitar la autorización correspondiente de la misma para su aplicación. En caso de donativos en especie, deberán observar las disposiciones que al efecto emitan la Secretaría y la Contraloría, en el ámbito de sus respectivas competencias. Los donativos que reciban las Entidades se sujetarán a lo establecido por sus Juntas de Gobierno y a las disposiciones que al efecto emitan la Secretaría y la Contraloría, en el ámbito de sus respectivas competencias. En ambos casos los donativos deberán registrarse en la contabilidad y reportarse a la Secretaría.

En todos los casos, los subsidios, donativos y demás ayudas serán considerados como otorgados por el Estado.

ARTÍCULO 55.- Los subsidios y las transferencias deberán orientarse para apoyar el desarrollo de actividades prioritarias de interés general, así como sujetarse a los criterios de selectividad, transparencia y temporalidad, con base en lo siguiente:

I. Identificar con precisión a la población objetivo. Asimismo, el mecanismo de operación deberá garantizar que los recursos se canalicen a la población objetivo, evitando su distracción entre aquellos miembros de la sociedad que no los necesitan;

II. Asegurar que el mecanismo de operación y administración facilite la evaluación de los beneficios económicos y sociales de su asignación y aplicación, así como evitar que se destinen recursos a una administración costosa y excesiva, en detrimento de los recursos asignados a la población objetivo;

III. Incorporar mecanismos periódicos de seguimiento, supervisión y evaluación que permitan ajustar las modalidades de su operación o decidir sobre su terminación;

IV. Asegurar la coordinación de acciones entre Dependencias y Entidades, para evitar duplicidad en el ejercicio de los recursos y reducir gastos administrativos;

V. En su caso, buscar fuentes alternativas de ingresos, a fin de lograr una mayor autosuficiencia y una disminución o terminación de los apoyos con cargo a recursos presupuestales; y

VI. Procurar que sea el medio más eficaz y eficiente para alcanzar los objetivos y metas que se pretenden.

ARTÍCULO 56.- Los subsidios y las transferencias destinados a cubrir deficiencias de operación serán otorgados excepcionalmente, siempre que se justifique ante la Secretaría su beneficio económico y social. Las Entidades que los reciban deberán presentar un informe en los términos y condiciones que establezca la Secretaría, en el cual se detallarán las acciones que ejecutarán para eliminar la necesidad de su posterior otorgamiento.

ARTÍCULO 57.- Las Dependencias y Entidades deberán informar a la Secretaría de cualquier modificación en el alcance o modalidades de sus programas, políticas de precios, adquisiciones, arrendamientos, garantías de compra o de venta, cambios en la población objetivo, o cualquier otra acción que implique variaciones en los subsidios y las transferencias presupuestados, o en los resultados de su balance primario. Cuando dichas modificaciones conlleven a una adecuación presupuestaria, deberán obtener la autorización previa de la Secretaría.

ARTÍCULO 58.- Las Dependencias coordinadoras de sector deberán verificar, previamente, que las transferencias y los subsidios que se otorguen por déficit en la operación de las Entidades, se sujeten a lo siguiente:

I. Que se adopten medidas de racionalidad y que mejoren la equidad y eficiencia de los recursos en el ejercicio;

II. Que se consideren preferenciales los destinados al desarrollo de la ciencia y la tecnología, a la investigación en instituciones públicas, a la formación de capital en ramas y sectores básicos de la economía, y al financiamiento de actividades definidas como estratégicas, que propicien la generación de recursos propios;

III. Que se busquen fuentes alternativas de financiamiento, a fin de lograr una mayor autosuficiencia y una disminución o terminación de los apoyos con cargo a recursos presupuestarios;

IV. Que no se otorguen cuando no estén claramente especificados los objetivos, metas y criterios a que se refiere el artículo 55 de esta Ley; y

V. Que en el avance físico-financiero de sus programas y proyectos se regule el ritmo de la ejecución con base en lo programado.

ARTÍCULO 59.- Las Dependencias coordinadoras de sector podrán solicitar a la Secretaría la suspensión de las ministraciones de recursos, cuando las Entidades beneficiarias no remitan la información solicitada en los términos y plazos establecidos en las disposiciones aplicables. Dicha información deberá ser proporcionada en los términos del artículo siguiente de esta Ley.

ARTÍCULO 60.- Con el propósito de asegurar que los subsidios y las transferencias se apliquen efectivamente a los objetivos, programas y metas autorizadas, así como a los sectores o población objetivo, además de ser plenamente justificados, será responsabilidad de los Titulares de las Dependencias y Entidades evaluar y reportar los beneficios económicos y sociales, con la periodicidad que determinen la Secretaría y la Contraloría, en el ámbito de sus respectivas competencias, y demás disposiciones aplicables.

La Secretaría podrá requerir información sobre los resultados de las evaluaciones que realicen las Dependencias y Entidades, las cuales deberán proponer las acciones necesarias para efectuar las adecuaciones a sus programas.

La falta de la información a que se refiere el artículo anterior o su comprobación, motivará en su caso, la inmediata suspensión de las subsecuentes ministraciones de fondos que por el mismo concepto se hubieren autorizado, así como el reintegro de lo que se haya suministrado.

CAPÍTULO IX
DE LOS SERVICIOS PERSONALES

ARTÍCULO 61.- La Secretaría será responsable de establecer y operar un sistema de registro y control presupuestario de los servicios personales con el fin de optimizarlos.

ARTÍCULO 62.- Las Secretaría deberá emitir los dictámenes presupuestales antes de la aprobación de las estructuras orgánicas y ocupacionales de las dependencias y entidades.

ARTÍCULO 63.- En materia de servicios personales, se observará lo siguiente:

I. La asignación global de recursos para servicios personales aprobada en el Presupuesto de Egresos, tendrá como límite, el producto que resulte de aplicar al monto aprobado en el Presupuesto de Egresos del ejercicio inmediato anterior, una tasa de crecimiento equivalente al valor que resulte menor entre:

a) El 3 por ciento de crecimiento real, y

b) El crecimiento real del Producto Interno Bruto señalado en los Criterios Generales de Política Económica para el ejercicio que se está presupuestando. En caso de que el Producto Interno Bruto presente una variación real negativa para el ejercicio que está presupuestando, se deberá considerar un crecimiento real igual a cero.

Se exceptúa del cumplimiento de la presente fracción, el monto erogado por sentencias laborales definitivas emitidas por la autoridad competente.

Los gastos en servicios personales que sean estrictamente indispensables para la implementación de nuevas leyes generales, nacionales, federales y estatales o reformas a las mismas, podrán autorizarse sin sujetarse al límite establecido en la presente fracción, hasta por el monto que específicamente se requiera para dar cumplimiento a la Ley o reforma respectiva.

II. En el proyecto de Presupuesto de Egresos se deberá presentar en una sección específica, las erogaciones correspondientes al gasto en servicios personales, el cual comprende:

a) Las remuneraciones de los servidores públicos, desglosando las Percepciones ordinarias y extraordinarias e incluyendo las erogaciones por concepto de obligaciones de carácter fiscal y de seguridad social inherentes a dichas remuneraciones, y

b) Las previsiones salariales y económicas para cubrir los incrementos salariales, la creación de plazas y otras medidas económicas de índole laboral. Dichas previsiones serán incluidas en un capítulo específico del Presupuesto de Egresos.

ARTÍCULO 64.- La comprobación del pago de sueldos a los servidores públicos del Estado, será por medio de nóminas o recibos donde conste su nombre, el periodo que comprenda y la firma del interesado o, en su caso, a través de la constancia de transferencia y/o cualquier medio electrónico que para el efecto se establezca con las instituciones financieras que permitan identificar los pagos hechos a los servidores públicos en concepto de sueldos.

ARTÍCULO 65.- Las remuneraciones por horas extraordinarias se regularán por las disposiciones que dicten la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental. En las Entidades, además, se regularán por sus respectivos contratos colectivos de trabajo o condiciones de trabajo. En ambos casos, deberán sujetarse a las disponibilidades financieras respectivamente autorizadas.

ARTÍCULO 66.- El pago de viáticos, honorarios, comisiones, compensaciones y otras percepciones que no sean sueldos y salarios específicamente determinados dentro de los programas de las dependencias, se efectuarán de acuerdo con las disposiciones que expida la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental.

ARTÍCULO 67.- Para la determinación de viáticos sujetos a comprobación se aplicará la tarifa que acuerde el Ejecutivo del Estado a través de la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental.

ARTÍCULO 68.- Salvo lo previsto en otras disposiciones legales, el Ejecutivo Estatal por conducto de la Contraloría determinará en forma expresa y general los casos en que proceda aceptar la compatibilidad para el desempeño de dos o más empleos o comisiones con cargo a los presupuestos de las dependencias o entidades, sin perjuicio del estricto cumplimiento de las tareas, funciones, horarios y jornadas de trabajo que correspondan. En todo caso los interesados podrán optar por el empleo o comisión que les convenga.

ARTÍCULO 69.- En cumplimiento de las disposiciones legales sobre previsión social y pensiones para los servidores públicos del Estado, todos los ejecutores de gasto encargados de cubrir sueldos y salarios están obligados a realizar los descuentos que en las mismas se ordene. El incumplimiento a esta disposición dará lugar a la aplicación de la legislación en materia de responsabilidades administrativas, sin perjuicio de cualesquiera otras responsabilidades que se generen.

ARTÍCULO 70.- Cuando algún servidor público perteneciente a las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, falleciere y tuviere cuando menos una antigüedad en el servicio de seis meses, sus familiares o quien hubiere vivido con él en la fecha del fallecimiento y se hubieren hecho cargo de los gastos de inhumación, tendrán derecho de recibir el importe de hasta cuatro meses de la remuneración del sueldo que estuviere percibiendo el servidor público en esa fecha.

ARTÍCULO 71.- El gasto en servicios personales aprobado en el Presupuesto de Egresos comprende la totalidad de recursos para cubrir:

I. Las remuneraciones que constitucional y legalmente correspondan a los servidores públicos de los ejecutores de gasto por concepto de percepciones ordinarias y extraordinarias;

II. Las aportaciones de seguridad social;

III. Las primas de los seguros que se contratan en favor de los servidores públicos y demás asignaciones autorizadas en los términos de las normas aplicables, y

IV. Las obligaciones fiscales que generen los pagos a que se refieren las fracciones anteriores, conforme a las disposiciones generales aplicables.

ARTÍCULO 72.- Los ejecutores de gasto, al realizar pagos por concepto de servicios personales, deberán observar lo siguiente:

I. Sujetarse a su presupuesto aprobado;

II. Sujetarse a los tabuladores de sueldos o remuneraciones autorizados por el Congreso del Estado, los que observarán el cumplimiento al artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 121 de la Constitución Política del Estado de Campeche. Los servidores públicos recibirán una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión que deberá ser proporcional a sus responsabilidades. Ningún servidor público podrá recibir remuneración mayor a la establecida para el Titular del Poder Ejecutivo del Estado en el Presupuesto de Egresos.

III. En materia de incrementos en las percepciones, deberán sujetarse estrictamente a las condiciones establecidas en el artículo 63 de esta Ley;

IV. Sujetarse, en lo que les corresponda, a lo dispuesto en las Leyes laborales y las Leyes que prevean el establecimiento de servicios profesionales de carrera, así como observar las demás disposiciones generales aplicables. En el caso de las dependencias y entidades, deberán observar adicionalmente la política de servicios personales que establezca el Ejecutivo Estatal;

V. No se autorizarán bonos o percepciones extraordinarias salvo autorización previa de la Secretaría o en el caso de los Poderes Legislativo y Judicial, y los entes autónomos, en los términos de las disposiciones que les resulten aplicables;

Las percepciones extraordinarias son aquéllas que no constituyen un ingreso fijo, regular ni permanente, ya que su otorgamiento se encuentra sujeto a requisitos y condiciones variables. Dichos conceptos de pago en ningún caso podrán formar parte integrante de la base de cálculo para efectos de indemnización o liquidación o de prestaciones de seguridad social;

VI. Las dependencias deberán cubrir los pagos en los términos autorizados por la Secretaría y, en el caso de las entidades, adicionalmente por acuerdo del órgano de gobierno;

VII. Abstenerse de contraer obligaciones en materia de servicios personales que impliquen compromisos en subsecuentes ejercicios fiscales, salvo en los casos permitidos en esta Ley. En todo caso, la creación, sustitución de plazas y las nuevas contrataciones sólo procederán cuando se cuente con los recursos previamente autorizados para cubrir todos los gastos inherentes a las contrataciones, incluyendo las obligaciones por concepto de impuestos, aportaciones a seguridad social y demás pagos y prestaciones que por Ley deban cubrirse. Respecto de los recursos para cubrir obligaciones inherentes a las contrataciones que tengan un impacto futuro en el gasto, la Secretaría deberá constituir las reservas que garanticen que dichas obligaciones estén en todo momento plenamente financiadas;

VIII. Abstenerse de contratar trabajadores eventuales, salvo que tales contrataciones se encuentren previstas en el respectivo presupuesto destinado a servicios personales;

IX. Sujetarse a las disposiciones generales aplicables para la autorización de los gastos de representación y de las erogaciones necesarias para el desempeño de comisiones oficiales;

X. No realizar traspasos de recursos de otros capítulos presupuestales al Capítulo 1000 de Servicios Personales o viceversa. Los recursos del Capítulo 1000 son intransferibles, excepto cuando exista autorización de la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental y de la Secretaría;

XI. Las dependencias y entidades deberán sujetarse a la estructura orgánica y ocupacional autorizada por la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental y al dictamen presupuestal emitido por la Secretaría;

XII. No se autorizarán labores en tiempo extraordinario, excepto en los casos en que por la naturaleza de la función se requiera prolongar la jornada por causas plenamente justificadas, su aprobación dependerá de la disponibilidad financiera correspondiente y de las políticas que, en materia de recursos humanos, establezca la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental. Para su pago deberán contar con la autorización previa de esa Secretaría, a solicitud del Titular de la Dependencia o Entidad. En el caso que se necesite laborar en jornadas extraordinarias con periodicidad, los Titulares de las Dependencias y Entidades deberán proponer a esta Secretaría la reorganización de sus cargas de trabajo en el horario requerido a efecto de lograr mayor eficiencia en las funciones que realicen. El pago de las mismas se realizará ajustándose a lo establecido en la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Campeche. Quienes tengan a su cargo la realización de servicios de seguridad pública, procuración de justicia, supervisores de libertad, bomberos, vialidad, salud, servicios de emergencia, funcionamiento y vigilancia de los centros de reinserción social y centros de internamiento para adolescentes y las unidades encargadas de servicios públicos que deban ser brindados de manera ininterrumpida a la población, proveerán todo lo necesario para dar continuidad a los servicios públicos a su cargo; en el caso de los Poderes u Órganos Públicos Autónomos deberán aplicar por analogía esta disposición en lo que les sea aplicable y a través de sus unidades administrativas a quienes competa; y

XIII. Las condiciones de trabajo, los beneficios económicos y las demás prestaciones que se fijen en las condiciones generales de trabajo de la Administración Pública Estatal, no se harán extensivas a favor de los servidores públicos de mandos medios y superiores.

Los titulares de las entidades, independientemente del régimen laboral que las regule, serán responsables de realizar los actos necesarios y la negociación que sea procedente durante los procesos de revisión de las condiciones generales de trabajo o de los contratos colectivos de trabajo, así como durante las revisiones de salario anuales, para que los servidores públicos de mandos medios y superiores al servicio de las entidades queden expresamente excluidos del beneficio de las prestaciones aplicables al personal de base, con excepción de las de seguridad social y protección al salario.

ARTÍCULO 73.- Los movimientos que realicen los ejecutores de gasto a sus estructuras orgánicas, ocupacionales y salariales, así como a las plantillas de personal, deberán realizarse mediante adecuaciones presupuestarias compensadas, las que en ningún caso incrementarán el presupuesto regularizable para servicios personales del ejercicio fiscal inmediato siguiente, salvo en el caso de la creación de plazas conforme a los recursos previstos específicamente para tal fin en el Presupuesto de Egresos.

ARTÍCULO 74.- Los ejecutores de gasto que establezcan percepciones extraordinarias en favor de los servidores públicos a su cargo, por concepto de estímulos al desempeño destacado o reconocimientos e incentivos similares, deberán sujetarse a lo siguiente:

I. Los estímulos deberán otorgarse en los términos del marco jurídico aplicable;

II. Los recursos para cubrir los estímulos deberán estar previstos en sus respectivos presupuestos;

III. Los esquemas para el otorgamiento de los estímulos en las dependencias y entidades deberán contar con la autorización de la Secretaría, por lo que respecta al control presupuestario, y

IV. Los estímulos sólo podrán ser cubiertos a los servidores públicos que cuenten con nombramiento y ocupen una plaza presupuestaria.

ARTÍCULO 75.- Los ejecutores de gasto podrán celebrar contratos de prestación de servicios profesionales independientes con personas físicas con cargo al presupuesto de servicios personales, únicamente cuando se reúnan los siguientes requisitos:

I. Los recursos destinados a celebrar tales contratos deberán estar expresamente previstos para tal efecto en sus respectivos presupuestos autorizados de servicios personales;

II. Los contratos no podrán exceder la vigencia anual de cada Presupuesto de Egresos;

III. La persona que se contrate no deberá realizar actividades o funciones equivalentes a las que desempeñe el personal que ocupe una plaza presupuestaria, salvo los casos autorizados por la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental;

IV. El monto mensual bruto que se pacte por concepto de honorarios no podrá rebasar los límites autorizados conforme a los tabuladores que se emitan en los términos de las disposiciones aplicables, quedando bajo la estricta responsabilidad de las dependencias y entidades que la retribución que se fije en el contrato guarde estricta congruencia con las actividades encomendadas al prestador del servicio. En el caso de los Poderes Legislativo y Judicial y de los entes autónomos, no podrán rebasar los límites fijados por sus respectivas unidades de administración.

La Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental emitirá las disposiciones generales y el modelo de contrato correspondiente para las contrataciones por servicios profesionales independientes en las dependencias.

Tratándose de las entidades, además se apegarán a los acuerdos de sus respectivos órganos de gobierno, los que deberán observar y cumplir las disposiciones generales aplicables.

Los ejecutores de gasto deberán reportar en los informes trimestrales y la Cuenta Pública las contrataciones por honorarios que realicen durante el ejercicio fiscal.

CAPÍTULO X
DE LA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

ARTÍCULO 76.- Cada dependencia y entidad será responsable de su propia contabilidad, de la operación del sistema, así como del cumplimiento de lo dispuesto en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en esta Ley y las decisiones que emita el CACECAM.

Las Unidades Presupuestales deberán apegarse al manual de contabilidad, así como a los acuerdos y documentos contables que defina el CACECAM.

La contabilidad deberá contener registros auxiliares que muestren los avances presupuestarios y contables que permitan realizar el seguimiento y evaluar el ejercicio de Gasto público y la captación del ingreso, así como el análisis de los saldos contenidos en sus estados financieros.

ARTÍCULO 77.- Los registros contables de los entes públicos se llevarán con base acumulativa. La contabilización de las transacciones de gasto se hará conforme a la fecha de su realización, independientemente de la de su pago, y la del ingreso se registrará cuando exista jurídicamente el derecho de cobro.

Los entes públicos deberán mantener un registro histórico detallado de las operaciones realizadas como resultado de su gestión financiera, en los libros diario, mayor, e inventarios y balances.

ARTÍCULO 78.- Para el registro de las operaciones presupuestarias y contables, los entes públicos deberán ajustarse a sus respectivos catálogos de cuentas, cuyas listas de cuentas estarán alineadas, tanto conceptualmente como en sus principales agregados, al plan de cuentas que emita el CACECAM. Para tal propósito, se tomarán en consideración las necesidades de administración financiera de los entes públicos, así como las de control y fiscalización.

El registro de las etapas del presupuesto de los entes públicos se efectuará en las cuentas contables que, para tal efecto, establezca el consejo, las cuales deberán reflejar:

I. En lo relativo al gasto, el aprobado, modificado, comprometido, devengado, ejercido y pagado, y

II. En lo relativo al ingreso, el estimado, modificado, devengado y recaudado.

Serán materia de registro y valuación las provisiones que se constituyan para hacer frente a los pasivos de cualquier naturaleza, con independencia de que éstos sean clasificados como deuda pública en términos de la normativa aplicable. Dichas provisiones deberán ser revisadas y ajustadas periódicamente para mantener su vigencia.

Los procesos administrativos de los entes públicos que impliquen transacciones presupuestarias y contables generarán el registro automático y por única vez de las mismas en los momentos contables correspondientes.

Para el registro único de las operaciones presupuestarias y contables, los entes públicos dispondrán de clasificadores presupuestarios, listas de cuentas y catálogos de bienes o instrumentos similares que permitan su interrelación automática.

La contabilización de las operaciones presupuestarias y contables deberá respaldarse con la documentación original que compruebe y justifique los registros que se efectúen.

El CACECAM aprobará las disposiciones generales al respecto, tomando en cuenta los lineamientos que para efectos de fiscalización y auditorías emitan la Secretaría de la Contraloría, la Auditoría Superior del Estado y cualquier otra autoridad competente conforme a la normatividad correspondiente.

ARTÍCULO 79.- Los entes públicos estarán obligados a conservar y poner a disposición de las autoridades competentes los documentos, comprobatorios y justificativos, así como los libros principales de contabilidad, de conformidad con los lineamientos que para tal efecto establezca el CACECAM.

ARTÍCULO 80.- Será responsabilidad de la Secretaría la presentación trimestral al H. Congreso del Estado de los resultados de la glosa presupuestal, tanto de ingresos como de egresos, incluyendo el monto de la deuda pública actualizada, los pagos por concepto de intereses, amortización del capital, los pagos derivados de garantías o coberturas que, en su caso, se hayan contratado respecto de la deuda pública, el pago de servicios personales de cada dependencia y entidad, acompañado del analítico de plazas. El reporte contendrá también información sobre las participaciones recibidas y la forma en que se distribuyeron a los Municipios. Los resultados deberán publicarse en la Plataforma Nacional de Transparencia en términos de la legislación en materia de transparencia y acceso a la información pública.

CAPÍTULO XI
DE LA PRESCRIPCIÓN Y CANCELACIÓN

ARTÍCULO 81.- Prescribirán en un año, contado a partir de la fecha en que se tenga derecho a percibir, las acciones para exigir el pago de las siguientes remuneraciones:

I. Sueldos, salarios, honorarios, emolumentos, dietas, aguinaldos, bonos, premios, estímulos, compensaciones, gastos de representación y demás remuneraciones del personal; y

II. Recompensas y pensiones a cargo del erario del Estado.

ARTÍCULO 82.- Los depósitos al cuidado o constituidos ante la Secretaría o el órgano desconcentrado con carácter de autoridad fiscal, inclusive los rendimientos que en su caso generen, prescribirán a favor del erario estatal en el plazo de dos años, contados a partir de la fecha en que pudo ser exigida jurídicamente su devolución o entrega por el depositante o por sus legítimos beneficiarios.

Cuando no sea posible determinar la fecha a que se refiere el párrafo anterior, el plazo de prescripción será de tres años contado a partir de la fecha en que se recibió el depósito por las citadas instancias.

El término de prescripción a que se refiere este artículo se interrumpe por cada gestión de devolución o entrega que, mediante escrito, lleve a cabo el depositante o sus legítimos beneficiarios, y se suspenderá a partir del ejercicio de las acciones promovidas con ese objeto ante los tribunales competentes y hasta que se resuelvan en definitiva.

La Secretaría o el órgano desconcentrado con carácter de autoridad fiscal podrán declarar de oficio la prescripción de los depósitos que constituya y disponer su aplicación al erario estatal en el concepto respectivo de la Ley de Ingresos del Estado del ejercicio fiscal que corresponda.

Lo establecido en este artículo no será aplicable a los depósitos ordenados por las autoridades jurisdiccionales, los que se regirán por lo que éstas acuerden.

ARTÍCULO 83.- Los créditos a cargo del Estado prescribirán en el plazo de dos años, contado a partir de la fecha en que el acreedor pueda legalmente exigir su pago, salvo que las Leyes establezcan otro plazo, caso en el que se estará a lo que éstas dispongan.

El plazo de prescripción a que se refiere el párrafo anterior se interrumpe por cada gestión de cobro realizada, mediante escrito, por quien tenga legítimo derecho para exigir su pago, y se suspende a partir del ejercicio de las acciones promovidas con ese objeto ante los tribunales competentes y hasta la resolución definitiva.

Transcurrido el plazo a que se refiere el primer párrafo de este artículo, las autoridades competentes para ordenar o autorizar los pagos declararán de oficio la prescripción correspondiente.

ARTÍCULO 84.- La cancelación de los créditos fiscales se regirá por lo que al efecto establezca el Código Fiscal del Estado de Campeche o, en su caso, la Ley de Ingresos del Estado de Campeche u otras Leyes o decretos.
CAPÍTULO XII
DE LA CUENTA PÚBLICA

ARTÍCULO 85.- A efecto de integrar oportunamente el informe de la cuenta pública, las dependencias y entidades tendrán la obligación de suministrar a la Secretaría la información que sobre sus contabilidades les requiera ésta.

Para el caso de los HH. Ayuntamientos de los Municipios, por la Tesorería Municipal o su equivalente, por lo que los entes públicos municipales remitirán la información en los términos y por los conductos que la Tesorería Municipal o su equivalente les solicite.

ARTÍCULO 86.- Los estados financieros y demás información programática, presupuestal y contable que emanen de las contabilidades de las entidades comprendidas en la Ley de Presupuesto de Egresos del Estado, serán consolidados por la Secretaría, la que será responsable de formular la Cuenta Pública Anual del Estado y someterla a la consideración del Gobernador.

La cuenta pública del año anterior deberá ser enviada al H. Congreso del Estado a más tardar el 30 de abril. Sólo se podrá ampliar el plazo de presentación cuando medie solicitud del Gobernador del Estado, suficientemente justificada a juicio del H. Congreso del Estado.

Para efectos de lo anterior, las Unidades Presupuestales remitirán sus reportes a la Secretaría antes del diez de marzo del indicado año, para su inclusión en la Cuenta Pública.

En el año en que tenga lugar el cambio ordinario del depositario del Poder Ejecutivo del Estado, deberá presentarse al H. Congreso del Estado un informe de avance financiero correspondiente a los meses de enero a agosto, dentro de los primeros diez días del mes de septiembre.

ARTÍCULO 87.- La Cuenta Pública del Estado deberá atender en su cobertura a lo establecido en esta Ley y contendrá como mínimo la información que ordena el artículo 53 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Las cuentas públicas de los HH. Ayuntamientos de los Municipios deberán contener la información contable y presupuestaria a que se refiere el artículo 48 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, conforme a lo que determine el CACECAM, en atención a las características de los mismos.

CAPÍTULO XIII
DE LA EVALUACIÓN

ARTÍCULO 88.- Las dependencias o las entidades a través de su respectiva dependencia coordinadora de sector, deberán realizar una evaluación de resultados de los programas, por conducto de expertos, instituciones académicas y de investigación u organismos especializados, de carácter nacional o internacional, que cuenten con reconocimiento y experiencia en las respectivas materias de los programas.

Las dependencias o entidades deberán presentar por medio de las Unidades Evaluadoras, los informes finales de sus evaluaciones a la Contraloría y a la Secretaría, a quienes las Leyes obliguen de acuerdo con los plazos establecidos en el cronograma de ejecución en el Programa Anual de Evaluación (PAE) y aún no sean parte del mismo.

Los informes finales de las evaluaciones en el Programa Estatal de Evaluación (PAE) deberán difundirse a través de las páginas de internet de los entes públicos, 30 días posteriores a la conclusión de las evaluaciones.

ARTÍCULO 89.- La evaluación del desempeño se realizará a través de la verificación del grado de cumplimiento de objetivos y metas, con base en indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer los resultados de la aplicación de los recursos públicos. Para tal efecto, las instancias públicas a cargo de la evaluación del desempeño se sujetarán a lo siguiente:

I. Efectuarán las evaluaciones por sí mismas o a través de personas físicas y morales especializadas y con experiencia probada en la materia que corresponda evaluar, que cumplan con los requisitos de independencia, imparcialidad, transparencia y los demás que se establezcan en las disposiciones aplicables;

II. Todas las evaluaciones se harán públicas, deberán apegarse a los lineamientos establecidos en la materia y al menos deberán contener la siguiente información:

a) Los datos generales del evaluador externo, destacando al coordinador de la evaluación y a su principal equipo colaborador;

b) Los datos generales de la unidad administrativa responsable de dar seguimiento a la evaluación al interior de la dependencia o entidad;

c) La forma de contratación del evaluador externo, de acuerdo con las disposiciones aplicables;

d) El tipo de evaluación contratada, así como sus principales objetivos;

e) La base de datos generada con la información de gabinete y/o de campo para el análisis de la evaluación;

f) Los instrumentos de recolección de información: cuestionarios, entrevistas y formatos, entre otros;

g) Una nota metodológica con la descripción de las técnicas y los modelos utilizados, acompañada del diseño por muestreo, especificando los supuestos empleados y las principales características del tamaño y dispersión de la muestra utilizada;

h) Un resumen ejecutivo en el que se describan los principales hallazgos y recomendaciones del evaluador externo;

i) El costo total de la evaluación externa, especificando la fuente de financiamiento;

III. Las evaluaciones podrán efectuarse respecto de las políticas públicas, los programas correspondientes y el desempeño de las instituciones encargadas de llevarlos a cabo. Para tal efecto, se establecerán los métodos de evaluación que sean necesarios, los cuales podrán utilizarse de acuerdo a las características de las evaluaciones respectivas;

IV. Establecerán programas anuales de evaluaciones;

V. Las evaluaciones deberán incluir información desagregada por sexo relacionada con las beneficiarias y beneficiarios de los programas. Asimismo, las dependencias y entidades deberán presentar resultados con base en indicadores, desagregados por sexo, a fin de que se pueda medir el impacto y la incidencia de los programas de manera diferenciada entre mujeres y hombres; y

VI. Deberán dar seguimiento a la atención de las recomendaciones que se emitan derivado de las evaluaciones correspondientes.

ARTÍCULO 90.- La Secretaría y la Contraloría, en el ámbito de sus respectivas competencias, verificarán periódicamente, los resultados de ejecución de los programas y presupuestos de las dependencias y entidades, con base en el sistema de evaluación del desempeño, entre otros, para identificar la eficiencia, economía, eficacia, y la calidad en la Administración Pública Estatal, así como aplicar las medidas conducentes. Igual obligación y para los mismos fines, tendrán las dependencias, respecto de sus entidades coordinadas.

Dicho sistema de evaluación del desempeño a que se refiere el párrafo anterior del presente artículo será obligatorio para los ejecutores de gasto. El precitado sistema incorporará indicadores para evaluar resultados presentados en los informes, el cumplimiento de los criterios establecidos en el párrafo primero del artículo 1 de esta Ley. La Secretaría y la Contraloría emitirán las disposiciones para la aplicación y evaluación de los referidos indicadores en las dependencias y entidades; los Poderes Legislativo y Judicial y las personas de derecho público a las que la Constitución Política del Estado de Campeche les otorgue autonomía, así como las universidades y demás instituciones de educación superior del Estado a las que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado de Campeche u otras Leyes otorguen también autonomía emitirán sus respectivas disposiciones por conducto de sus unidades de administración, o en su caso se apegarán a las disposiciones emitidas.

Los indicadores del sistema de evaluación del desempeño deberán formar parte del Presupuesto de Egresos e incorporar sus resultados en la Cuenta Pública, explicando las causas de las variaciones.

Los resultados a los que se refiere este artículo deberán ser considerados para efectos de la programación, presupuestación y ejercicio de los recursos.

CAPÍTULO XIV
DE LA VIGILANCIA DE LOS RECURSOS Y VALORES

ARTÍCULO 91.- La Secretaría llevará a cabo, de manera directa, la vigilancia y comprobación de las funciones de recaudación, manejo, ejercicio, administración, inversión, pago, reintegro o custodia de los recursos o valores de la propiedad o al cuidado del Estado y, en general, que dichas funciones se realicen conforme a las disposiciones jurídicas aplicables, con independencia de quien las realice o deba realizarlas.

La función de vigilancia que confiere esta Ley a la Secretaría se ejercerá sin perjuicio de las atribuciones que en materia de control y fiscalización correspondan a otras autoridades.

ARTÍCULO 92.- La Secretaría, para el ejercicio de la función de vigilancia a que se refiere el artículo anterior, tendrá las atribuciones siguientes:

I. Efectuar auditorías, revisiones, reconocimientos de existencias y otros actos de vigilancia;

II. Realizar actos de vigilancia que tengan por objeto la revisión de los procesos, procedimientos y sistemas de control relativos a la recaudación, manejo, ejercicio, administración, inversión, pago, reintegro, y custodia de los recursos o valores de la propiedad o al cuidado del Estado y, en general, de las funciones de tesorería, así como participar, en su caso, en los actos relativos al manejo de formas numeradas y valoradas;

III. Solicitar y requerir la información y documentación que estime necesaria a los servidores públicos, a los Auxiliares, a los particulares y demás sujetos relacionados con la recaudación, manejo, ejercicio, administración, inversión, pago, reintegro o custodia de recursos y valores de la propiedad o al cuidado del Estado o, en general, con las funciones de tesorería;

IV. Establecer en las observaciones que formule, las acciones correctivas a efecto de subsanar las irregularidades detectadas en los actos de vigilancia y, en su caso, el plazo que corresponda para concentrar o enterar a la Secretaría las cantidades que procedan;

V. Emitir recomendaciones para prevenir posibles irregularidades o para mejorar los procesos, procedimientos y sistemas de control relacionados con la recaudación, manejo, ejercicio, administración, inversión, pago, reintegro o custodia de recursos y valores de la propiedad o al cuidado del Estado y, en general, con las funciones de tesorería;

VI. Suspender provisionalmente a los servidores públicos y a los auxiliares para realizar funciones de Tesorería;

VII. Informar de las irregularidades detectadas durante el acto de vigilancia a las autoridades competentes para que, en su caso, éstas apliquen las sanciones que procedan;

VIII. Coadyuvar con las Dependencias y Entidades que soliciten el apoyo de la Secretaría en materia de vigilancia de recursos o valores de la propiedad o al cuidado del Estado, y

IX. Las demás que establezcan esta Ley y otras disposiciones jurídicas aplicables.

CAPÍTULO XV
DE LAS SANCIONES

ARTÍCULO 93.- Los actos u omisiones que impliquen el incumplimiento a los preceptos establecidos en la presente Ley y demás disposiciones aplicables en la materia, serán sancionados de conformidad con lo previsto en la legislación en materia de responsabilidades administrativas de los servidores públicos, de la legislación general y estatal en la materia, y demás disposiciones aplicables, en términos del Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

ARTÍCULO 94.- Los servidores públicos y las personas físicas o morales que causen daño o perjuicio estimable en dinero a la hacienda del Estado o de los Municipios, incluyendo en su caso, los beneficios obtenidos indebidamente por actos u omisiones que les sean imputables, o por incumplimiento de obligaciones derivadas de esta Ley, serán responsables del pago de la indemnización correspondiente, en los términos de las disposiciones generales aplicables.

Las responsabilidades se fincarán en primer término a quienes directamente hayan ejecutado los actos o incurran en las omisiones que las originaron y, subsidiariamente, a los que por la naturaleza de sus funciones, hayan omitido la revisión o autorizado tales actos por causas que impliquen dolo, culpa o negligencia por parte de los mismos.

Serán responsables solidarios con los servidores públicos respectivos, las personas físicas o morales privadas en los casos en que hayan participado y originen una responsabilidad.

ARTÍCULO 95.- Las sanciones e indemnizaciones que se determinen por el incumplimiento a las disposiciones de esta Ley tendrán el carácter de créditos fiscales y se fijarán en cantidad líquida, sujetándose al procedimiento de ejecución que establece la legislación aplicable.

ARTÍCULO 96.- Los funcionarios del Estado y los Municipios informarán a la autoridad competente cuando las infracciones a esta Ley impliquen la comisión de una conducta sancionada en los términos de la legislación penal.

ARTÍCULO 97.- Las sanciones e indemnizaciones a las que se refiere esta Ley se impondrán y exigirán con independencia de las responsabilidades de carácter político, penal, administrativo o civil que, en su caso, lleguen a determinarse por las autoridades competentes.


TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

SEGUNDO.- Se abroga la Ley de Control Presupuestal y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Campeche, expedida mediante decreto No. 261 de la LX Legislatura y publicada en el Periódico Oficial del Estado el día 26 de diciembre de 2012, así como todas las modificaciones que en su oportunidad se le hicieron.

TERCERO.- Se derogan todas aquellas disposiciones legales y reglamentarias de igual o menor jerarquía del marco jurídico estatal, en lo que se opongan a lo contenido en el presente decreto.

CUARTO.- Para efectos de lo dispuesto en el artículo 29, el nivel de aportación al fideicomiso para realizar acciones preventivas o atender daños ocasionados por desastres naturales, corresponderá a un 2.5 por ciento para el año 2017, 5.0 por ciento para el año 2018, 7.5 por ciento para el año 2019 y, a partir del año 2020 se observará el porcentaje establecido en el artículo citado.

QUINTO.- Lo dispuesto en la fracción I del artículo 63 del presente decreto, entrará en vigor para efectos del Presupuesto de Egresos correspondiente al ejercicio fiscal 2018.

Adicionalmente, los servicios personales asociados a seguridad pública y al personal médico, paramédico y afín, estarán exentos del cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 63 de la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Campeche y sus Municipios, hasta el año 2020. En ningún caso, la excepción transitoria deberá considerar personal administrativo.

SEXTO.- El porcentaje que hace referencia el artículo 28 de la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Campeche y sus Municipios, relativo a los adeudos del ejercicio fiscal anterior del Estado de Campeche será del 5 por ciento para el ejercicio 2017, 4 por ciento para el 2018, 3 por ciento para el 2019 y, a partir del 2020 se observará el porcentaje establecido en el artículo citado.

En el caso de los Municipios del Estado de Campeche, el porcentaje al que se refiere el artículo 28, será del 5.5 por ciento para el año 2018; 4.5 por ciento para el año 2019; 3.5 por ciento para el año 2020; y a partir del año 2021 se estará al porcentaje establecido en dicho artículo.

SÉPTIMO.- El registro de proyectos de Inversión pública productiva del Estado y el sistema de registro y control de las erogaciones de servicios personales, a que se refiere el artículo 24 fracción III, segundo párrafo y la fracción V, segundo párrafo, respectivamente, de la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Campeche y sus Municipios, deberá estar en operación a más tardar el 1o. de enero de 2018.

OCTAVO.- Los Ingresos excedentes derivados de Ingresos de libre disposición a que hace referencia el artículo 26, fracción I de la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Campeche y sus Municipios, podrán destinarse a reducir el Balance presupuestario de recursos disponibles negativo de ejercicios anteriores, a partir de la entrada en vigor de esta Ley y hasta el ejercicio fiscal 2022.

En lo correspondiente al último párrafo del artículo 26 de la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Campeche y sus Municipios, adicionalmente podrán destinarse a Gasto corriente hasta el ejercicio fiscal 2018 los Ingresos excedentes derivados de Ingresos de libre disposición, siempre y cuando el Estado se clasifique en un nivel de endeudamiento sostenible de acuerdo al Sistema de Alertas, de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

Dado en el Salón de Sesiones del Palacio Legislativo, en la ciudad de San Francisco de Campeche, Campeche, a los veintisiete días del mes de octubre del año dos mil dieciséis.


C. Juan Carlos Damián Vera, Diputado Presidente.- C. Leticia del Rosario Enríquez Cachón, Diputada Secretaria.- C. Sandra Guadalupe Sánchez Díaz, Diputada Secretaria.

EXPEDIDO MEDIANTE DECRETO NÚM. 90 DE LA LXII LEGISLATURA, PUBLICADO EN EL P.O. NÚM. 0321 DE FECHA 18 DE NOVIEMBRE DE 2016.

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