pdf Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Campeche

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LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA  DEL ESTADO DE CAMPECHE

 

 

TÍTULO PRIMERO

 

CAPÍTULO ÚNICO

DISPOSICIONES GENERALES

 

ARTÍCULO 1.- La presente ley es de orden público e interés social y tiene por objeto prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, así como establecer los principios, instrumentos y mecanismos para garantizar su acceso a una calidad de vida que favorezca su desarrollo y bienestar.

 

ARTÍCULO 2.- Los principios rectores para el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia son:

 

I.             La igualdad jurídica de género;

II.           El respeto a los derechos humanos de las mujeres;

III.          La no discriminación.

IV.         La libertad y autodeterminación de las mujeres;

V.           El pluralismo social y la multiculturalidad de las mujeres;

VI.         La perspectiva de género que permite incorporar a la mujer como sujeto social; y

VII.        La integración plena y total de las mujeres a la vida democrática y productiva del Estado.

 

Nota: Se reformó la fracción II y se adicionaron las fracciones  IV, V, VI y VII mediante decreto 254  de la LXI legislatura, publicado en el P.O. del gobierno del Estado No.5119 de fecha 14 de Noviembre de 2012.

 

ARTÍCULO 2 bis.- Serán principios procesales en la presente Ley, en aquellos procedimientos civiles y penales, que  ventilen algún tipo de violencia de género, los siguientes:

 

I.               La gratuidad;

II.          La celeridad; y

III.        La confidencialidad.

 

Nota: Se adicionó mediante decreto 254 de la LXI legislatura, publicado en el P.O. del gobierno del Estado No.5119 de fecha 14 de Noviembre de 2012.

 

ARTÍCULO 2 ter.- Los derechos de las mujeres protegidos por esta Ley son:

 

I.           La vida;

II.          La libertad;

III.        La igualdad;

IV.        La intimidad;

V.         La no discriminación;

VI.        La integridad física, psicoemocional y sexual de las mujeres; y

VII.      El patrimonio

 

Nota:Se adicionó mediante decreto 254 de la LXI legislatura, publicado en el P.O. del gobierno del Estado No.5119 de fecha 14 de Noviembre de 2012.

 

ARTÍCULO 3.- La aplicación de la presente ley corresponde al Poder Ejecutivo del Estado, a través de las dependencias y entes públicos estatales que se señalan en esta ley, así como a los Ayuntamientos, en sus respectivos ámbitos de competencia.

 

ARTÍCULO 4.- El Estado y los Municipios preverán en sus respectivos presupuestos de egresos los recursos necesarios para implementar los programas y acciones de prevención y atención a las mujeres víctimas de violencia derivados de la presente ley.

 

ARTÍCULO 5.- Los tipos de violencia contra las mujeres son:

 

I.             Violencia psicológica.- Es cualquier acto u omisión reiterada que dañe la estabilidad psicológica, que puede consistir en negligencia, abandono,  insultos, devaluación, marginación, comparaciones destructivas,  restricción a la autodeterminación y amenazas, las cuales conllevan a la víctima a la depresión, al aislamiento, a la devaluación de su autoestima e incluso al suicidio;

II.           Violencia física.- Es cualquier acto que inflija daño no accidental, usando la fuerza física o algún tipo de arma u objeto que pueda provocar o no lesiones ya sean internas, externas, o ambas;

III.          Violencia patrimonial.- Es cualquier acto u omisión que afecta la supervivencia de la víctima. Se manifiesta en la transformación, sustracción, destrucción, retención o distracción de objetos, documentos personales, bienes y valores, derechos patrimoniales o recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades y puede abarcar los daños a los bienes comunes o propios de la víctima;

IV.         Violencia económica.- Es toda acción u omisión del agresor que afecta la supervivencia económica de la víctima. Se manifiesta a través de limitaciones encaminadas a controlar el ingreso de sus percepciones económicas, así como la percepción de un salario menor por igual trabajo, dentro de un mismo centro laboral;

V.           Violencia sexual.- Es cualquier acto que degrada o daña el cuerpo y/o la sexualidad de la víctima y que por tanto atenta contra su libertad sexual, dignidad e integridad física. Es una expresión de abuso de poder que implica la supremacía masculina sobre la mujer, al denigrarla y concebirla como objeto; y

VI.         Violencia Política en contra de las mujeres en razón de género: es toda acción u omisión, incluida la tolerancia, basada en elementos de género y ejercida dentro de la esfera pública o privada, que tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de una o varias mujeres, el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo, labor o actividad, el libre desarrollo de la función pública, la toma de decisiones, la libertad de organización, así como el acceso y ejercicio a las prerrogativas correspondientes a una precandidatura, candidatura o a un cargo público;

VII.        Violencia Obstétrica.- Es toda acción u omisión por parte del personal médico y de salud, que dañe, lastime, denigre o cause la muerte a la mujer durante el  embarazo, parto y puerperio; así como la negligencia en su atención médica que se exprese en un trato deshumanizado, en un abuso de medicalización y patologización de los procesos naturales, trayendo consigo pérdida de autonomía y capacidad de decidir libremente sobre sus cuerpos y sexualidad; considerando como tales la omisión de la atención oportuna y eficaz de las emergencias obstétricas; practicar el parto por vía de cesárea, existiendo condiciones para el parto natural; el uso de métodos anticonceptivos o esterilización sin que medie el consentimiento voluntario, expreso e informado de la mujer; así como obstaculizar sin causa médica justificada el apego precoz del niño o niña con su madre, negándole la posibilidad de cargarlo y amamantarlo inmediatamente después de nacer;

VIII.      Violencia Digital.- Son los actos de acoso, hostigamiento, amenaza, insultos, vulneración de datos e información privada, divulgación de la información apócrifa, mensajes de odio, difusión de contenido sexual sin consentimiento, textos, fotografías, vídeos y/o datos personales u otras impresiones gráficas o sonoras, verdaderas o alteradas, o cualquier otra acción que sea cometida a través de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, plataformas de internet, redes sociales, correo electrónico, aplicaciones, o cualquier otro espacio digital que atente contra la integridad, dignidad, intimidad, libertad, vida privada o vulnere algún derecho humano de las mujeres; y

IX.         Cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean susceptibles de dañar la dignidad, integridad o libertad de las mujeres.

 

Nota: Se reformó la fracción VI y se adiciona la fracción VII mediante decreto 126 de la LXI Legislatura publicado en el P.O. No.  5502 de fecha 11 de junio de 2014.

Nota: Se reformó la fracción VII y se adicionó una fracción VIII mediante decreto 255 de la LXI Legislatura, publicado en el P.O. del gobierno del Estado No. 5778 de fecha 21 de julio de 2015.

Nota: Se reformaron las fracciones VI y VIII y se adicionó una fracción IX mediante decreto 133 de la LXIII Legislatura, publicado en el P.O. del gobierno del Estado No. 1183 Tercera Sección de fecha 27 de mayo de 2020.

 

 

TÍTULO SEGUNDO

MODALIDADES DE LA VIOLENCIA EN CONTRA DE LAS MUJERES

 

CAPÍTULO I

DE LA VIOLENCIA EN EL ÁMBITO FAMILIAR

 

ARTÍCULO 6.- La violencia familiar es el acto de poder u omisión intencional, dirigido a dominar, someter, controlar o agredir de manera física, verbal, psicoemocional, patrimonial, económica y sexual a las mujeres, dentro o fuera del domicilio familiar, cuyo agresor tenga o haya tenido relación de parentesco por consanguinidad o afinidad, de matrimonio, concubinato o mantengan o hayan mantenido una relación de hecho.

 

En lo relativo a este tipo de violencia se estará a lo dispuesto en la Ley de Prevención y Atención de la Violencia Intrafamiliar para el Estado de Campeche, así como en los Códigos Civil y de Procedimientos Civiles, Penal y de Procedimientos Penales para el Estado de Campeche.

 

CAPÍTULO II

DE LA VIOLENCIA LABORAL Y DOCENTE

 

ARTÍCULO 7.- La violencia laboral la constituye la negativa ilegal a contratar a la víctima o a respetar su permanencia o condiciones generales de trabajo, las amenazas, la intimidación, las humillaciones, la explotación y todo tipo de discriminación por condición de género.

 

ARTÍCULO 8.- La violencia docente se materializa por aquellas conductas que dañen la autoestima de las alumnas con actos de discriminación por su sexo, edad, condición social, académica, limitaciones y/o características físicas, que les infringen los docentes y/o académicos o personal administrativo.

 

ARTÍCULO 9.-  La violencia laboral y la docente pueden consistir en un solo evento dañino o en una serie de eventos cuya suma produce el daño y pueden en algunos casos configurar el acoso o el hostigamiento sexual, en los términos de la legislación penal del Estado.

 

Se entiende por hostigamiento el ejercicio del poder, en una relación de subordinación real de la víctima frente al agresor.

 

Se entiende por acoso sexual una forma de violencia sin que exista una relación de subordinación real de la víctima frente al agresor en los ámbitos laboral y/o escolar, pero en que el agresor, con fines sexuales, usa poder que conlleva a un estado de indefensión y riesgo de la víctima.

 

Nota: Se adicionaron los párrafos segundo y tercero mediante decreto 133 de la LXIII Legislatura, publicado en el P.O. del gobierno del Estado No. 1183 Tercera Sección de fecha 27 de mayo de 2020.

 

CAPÍTULO III

DE LA VIOLENCIA EN LA COMUNIDAD

 

ARTÍCULO 10.- Violencia en la Comunidad: Son los actos individuales o colectivos que transgreden derechos fundamentales de las mujeres y propician su denigración, discriminación, marginación o exclusión en el ámbito público.

 

CAPÍTULO IV

DE LA VIOLENCIA DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS

 

ARTÍCULO 11.- Constituye la violencia de funcionarios públicos los actos u omisiones de las personas que tengan este carácter en los términos de las disposiciones relativas de la Constitución Política del Estado y de la Ley Reglamentaria del Capítulo XVII de la Constitución Política del Estado, que discriminen o tengan como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, así como su acceso al disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los diferentes tipos de violencia.

 

ARTÍCULO 12.- El Estado y los Municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, fomentarán las adecuaciones que correspondan en el ámbito administrativo y procurarán la capacitación que requieran sus servidores públicos, a fin de que en el ejercicio de sus funciones éstos sean capaces de asegurar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.

 

ARTÍCULO 13.- El Estado y los Municipios promoverán las acciones conducentes para prevenir, atender, investigar y sancionar las conductas violentas en contra de las mujeres ejercidas por servidores públicos, así como aquellas que, en su caso, sean necesarias a fin de que se repare el daño inflingido a las víctimas, de conformidad con lo dispuesto por las disposiciones jurídicas aplicables.

 

CAPÍTULO V

DE LA VIOLENCIA FEMINICIDA

 

ARTÍCULO 14.- La violencia feminicida es la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos, en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad y culminar en homicidio y  formas de muerte violenta de mujeres, con perturbación social en un territorio determinado o la existencia de un agravio que impida el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres.

 

ARTÍCULO 15.- Cuando se presenten casos de violencia feminicida, el Gobierno del Estado y los Municipios dispondrán de las medidas que sean adecuadas para garantizar la seguridad de las mujeres, el cese de la violencia en su contra y eliminar las situaciones de desigualdad en que se encuentren, sin perjuicio de que puedan proponer a la Secretaría de Gobierno la emisión de declaratorias de alertas de violencia de género, a fin de que se adopten las medidas y acciones preventivas de seguridad y justicia que procedan.

 

ARTÍCULO 16.- El Gobierno del Estado y los Municipios coadyuvarán con la Federación en la implementación de las medidas y acciones que se determinen en la declaratoria de alerta de violencia de género y participarán en los grupos interinstitucionales y multidisciplinarios que se formen para dar seguimiento a las acciones y medidas señaladas.

 

CAPÍTULO V BIS

DE LA VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA LAS MUJERES

EN RAZÓN DE GÉNERO

 

Nota: Se adicionó mediante decreto 126 de la LXI Legislatura, publicado en el P.O.  del gobierno del Estado No. 5502 de fecha 11 de junio de 2014.

Nota: Se reformó la denominación mediante decreto 133 de la LXIII Legislatura, publicado en el P.O. del gobierno del Estado No. 1183 Tercera Sección de fecha 27 de mayo de 2020.

 

Artículo 16 Bis. La violencia política contra las mujeres en razón de género, es toda acción u omisión, incluida la tolerancia,  basada en elementos de género y ejercida dentro de la esfera pública o privada, que tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de una o varias mujeres, el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo, labor o actividad, el libre desarrollo de la función pública, la toma de decisiones, la libertad de organización, así como el acceso y ejercicio a las prerrogativas correspondientes a una precandidatura, candidatura o a un cargo público.

 

Se entenderá que las acciones u omisiones se basan en elementos de género, cuando se dirijan a una mujer por su condición de mujer; le afecten desproporcionadamente o tengan un impacto diferenciado en ella.

 

Puede manifestarse en cualquiera de los tipos de violencia reconocidos en esta Ley y puede ser perpetrada indistintamente por agentes estatales, por superiores jerárquicos, colegas de trabajo, personas dirigentes de partidos políticos, militantes, simpatizantes, precandidatas, precandidatos, candidatas o candidatos postulados por los partidos políticos o representantes de los mismos; medios de comunicación y sus integrantes, por un particular o por un grupo de personas particulares.

 

La violencia política contra las mujeres puede expresarse, entre otras, a través de las siguientes conductas:

 

I.        Incumplir las disposiciones jurídicas nacionales e internacionales que reconocen el ejercicio pleno de los derechos políticos de las mujeres;

II.       Restringir o anular el derecho al voto libre y secreto de las mujeres, u obstaculizar sus derechos de asociación y afiliación a todo tipo de organizaciones políticas y civiles, en razón de género;

III.      Ocultar información u omitir la convocatoria para el registro de candidaturas o para cualquier otra actividad que implique la toma de decisiones en el desarrollo de sus funciones y actividades;

IV.     Proporcionar a las mujeres que aspiran u ocupan un cargo de elección popular información falsa o incompleta, que impida su registro como candidata o induzca al incorrecto ejercicio de sus atribuciones;

V.      Proporcionar información incompleta o datos falsos a las autoridades administrativas, electorales o jurisdiccionales, con la finalidad de menoscabar los derechos políticos de las mujeres y la garantía del debido proceso;

VI.     Proporcionar a las mujeres que ocupan un cargo de elección popular, información falsa, incompleta o imprecisa, para impedir que induzca al incorrecto ejercicio de sus atribuciones;

VII.    Obstaculizar la campaña de modo que se impida que la competencia electoral se desarrolle en condiciones de igualdad;

VIII.   Realizar o distribuir propaganda política o electoral que calumnie, degrade o descalifique a una candidata basándose en estereotipos de género que reproduzcan relaciones de dominación, desigualdad o discriminación contra las mujeres, con el objetivo de menoscabar su imagen pública o limitar sus derechos políticos y electorales;

IX.     Difamar, calumniar, injuriar o realizar cualquier expresión que denigre o descalifique a las mujeres en ejercicio de sus funciones políticas, con base en estereotipos de género, con el objetivo o el resultado de menoscabar su imagen pública o limitar o anular sus derechos;

X.      Divulgar imágenes, mensajes o información privada de una mujer candidata o en funciones, por cualquier medio físico o virtual, con el propósito de desacreditarla, difamarla, denigrarla y poner en entredicho su capacidad o habilidades para la política, con base en estereotipos de género;

XI.     Amenazar o intimidar a una o varias mujeres o a su familia o colaboradores con el objeto de inducir su renuncia a la candidatura o al cargo para el que fue electa o designada;

XII.    Impedir, por cualquier medio, que las mujeres electas o designadas a cualquier puesto o encargo público tomen protesta de su encargo, asistan a las sesiones ordinarias o extraordinarias o a cualquier otra actividad que implique la toma de decisiones y el ejercicio del cargo, impidiendo o suprimiendo su derecho a voz y voto;

XIII.   Restringir los derechos políticos de las mujeres con base a la aplicación de tradiciones, costumbres o sistemas normativos internos o propios, que sean violatorios de los derechos humanos;

XIV.   Imponer, con base en estereotipos de género, la realización de actividades distintas a las atribuciones propias de la representación política, cargo o función;

XV.    Discriminar a la mujer en el ejercicio de sus derechos políticos por encontrarse en estado de embarazo, parto, puerperio, o impedir o restringir su reincorporación al cargo tras hacer uso de la licencia de maternidad o de cualquier otra licencia contemplada en la normatividad;

XVI.   Ejercer violencia física, sexual, simbólica, psicológica, económica o patrimonial contra una mujer en ejercicio de sus derechos políticos;

XVII.  Limitar o negar arbitrariamente el uso de cualquier recurso o atribución inherente al cargo que ocupe la mujer, incluido el pago de salarios, dietas u otras prestaciones asociadas al ejercicio del cargo, en condiciones de igualdad;

XVIII. Obligar a una mujer, mediante fuerza, presión o intimidación, a suscribir documentos o avalar decisiones contrarias a su voluntad o a la ley;

XIX.   Obstaculizar o impedir el acceso a la justicia de las mujeres para proteger sus derechos políticos;

XX.    Limitar o negar arbitrariamente el uso de cualquier recurso o atribución inherente al cargo político que ocupa la mujer, impidiendo el ejercicio del cargo en condiciones de igualdad;

XXI.   Imponer sanciones injustificadas o abusivas, impidiendo o restringiendo el ejercicio de sus derechos políticos en condiciones de igualdad, o

XXII. Cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean susceptibles de dañar la dignidad, integridad o libertad de las mujeres en el ejercicio de un cargo político, público, de poder o de decisión, que afecte sus derechos políticos electorales.

 

La violencia política contra las mujeres en razón de género se sancionará en los términos establecidos en la legislación electoral, penal y de responsabilidades administrativas.

 

Nota: Se adicionó mediante decreto 126 de la LXI Legislatura, publicado en el P.O. del gobierno del Estado No. 5502 de fecha 11 de junio de 2014.

Nota: Se reformó mediante decreto 133 de la LXIII Legislatura, publicado en el P.O.  del gobierno del Estado No. 1183 Tercera Sección   de fecha 27 de mayo de 2020.

 

Artículo 16 Ter. El gobierno estatal y los municipales, así como los organismos autónomos, deberán garantizar e impulsar la defensa del pleno ejercicio de los derechos políticos de las mujeres. Para tal fin, los dos órdenes de gobierno y sus respectivos poderes, en el ámbito de sus competencias, deberán:

 

I.           Realizar las reformas necesarias a sus ordenamientos jurídicos a fin de garantizar a las mujeres una vida libre de violencia en el ámbito político, con disposiciones que garanticen la protección de las mujeres que incursionan en las actividades políticas y sancionen las acciones u omisiones que impidan o dificulten su participación.

II.          Establecer políticas públicas que garanticen a las mujeres el derecho a una vida libre de violencia en el ámbito político.

III.        Establecer acciones a fin de que las mujeres conozcan y hagan uso de las instituciones y los instrumentos legales que existen para defender sus derechos político electorales y, si son víctimas de discriminación o violencia, denuncien, demanden, impugnen.

IV.        Documentar los casos de violencia contra las mujeres en la actividad política.

V.         Impulsar la investigación en el tema.

VI.        Procurar que en la designación de integrantes de los órganos colegiados de autoridad se encuentren representados de manera paritaria ambos géneros.

 

Nota: Se adicionó mediante decreto 126 de la LXI Legislatura, publicado en el P.O. del gobierno del Estado No.  5502  de fecha 11 de junio de 2014.

Nota: Se reformó mediante decreto 254 de la LXII Legislatura, publicado en el P.O. del gobierno del Estado No. 0626  Segunda Sección  de fecha 16 de febrero  de 2018.

 

 

TÍTULO TERCERO

DEL SISTEMA ESTATAL PARA PREVENIR, ATENDER, SANCIONAR
Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

 

CAPÍTULO I

DEL OBJETO E INTEGRACIÓN DEL SISTEMA ESTATAL

 

ARTÍCULO 17.- El Estado y los Municipios se coordinarán para establecer el Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, el cual tiene por objeto la conjunción de esfuerzos, instrumentos, políticas, servicios y acciones interinstitucionales para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres.

 

ARTÍCULO 18.- El Sistema Estatal se conformará por los titulares, o las personas que estos designen de:

 

I.             La Secretaría General de Gobierno;

II.           La Secretaría de Desarrollo Social y Humano, quien lo presidirá;

III.          La Secretaría de Seguridad Pública;

IV.         La Fiscalía General del Estado;

V.           La Secretaría de Educación;

VI.         La Secretaría de Salud;

VII.        El Instituto de la Mujer del Estado, quien ocupará la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal;

VIII.      DIF Estatal;

IX.         Los organismos y dependencias instituidos en el ámbito municipal para la protección de los derechos de la mujer y los mecanismos para el adelanto de las mujeres;

X.           La Delegación Estatal de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas;

XI.         El Instituto Electoral del Estado.

 

Nota: Se reformó mediante decreto 133 de la LXIII Legislatura, publicado en el P.O.  del gobierno del Estado No. 1183 Tercera Sección   de fecha 27 de mayo de 2020.

 

ARTÍCULO 19.- La Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal elaborará el Reglamento para el funcionamiento del mismo y lo presentará a sus integrantes para su consideración y aprobación en su caso.

 

CAPÍTULO II

DEL PROGRAMA ESTATAL PARA PREVENIR, ATENDER, SANCIONAR
Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

 

ARTÍCULO 20.- La formulación del Programa Estatal será coordinada por el Instituto Estatal de la Mujer. El Programa Estatal deberá ser congruente con el Plan Estatal de Desarrollo y el Plan Nacional de Desarrollo y contendrá las acciones con perspectiva de género para:

 

I.             Impulsar y fomentar el conocimiento y el respeto a los derechos humanos de las mujeres;

II.           Transformar los modelos socioculturales de conducta de mujeres y hombres, incluyendo la formulación de programas y acciones de educación formales y no formales, en todos los niveles educativos y de instrucción, con la finalidad de prevenir, atender y erradicar las conductas estereotipadas que permiten, fomentan y toleran la violencia contra las mujeres;

III.          Educar y capacitar en materia de derechos humanos de las mujeres al personal encargado de la procuración de justicia, policías y demás funcionarios encargados de las políticas de prevención, atención, sanción y eliminación de la violencia contra las mujeres;

IV.         Promover la capacitación en materia de derechos humanos de las mujeres, al personal encargado de la impartición de justicia, a fin de dotarles de instrumentos que les permitan juzgar con perspectiva de género;

V.           Brindar los servicios especializados y gratuitos para la atención y protección a las víctimas, por medio de las autoridades y las instituciones públicas o privadas;

VI.         Fomentar y apoyar programas de educación pública y privada, destinados a concientizar a la sociedad sobre las causas y las consecuencias de la violencia contra las mujeres;

VII.        Diseñar programas de atención y capacitación a víctimas y victimarios que les permita participar plenamente en todos los ámbitos de la vida;

VIII.      Promover que los medios de comunicación no fomenten la violencia contra las mujeres y que favorezcan la erradicación de todos los tipos de violencia, para fortalecer el respeto a los derechos humanos y la dignidad de las mujeres;

IX.         Garantizar la investigación y la elaboración de diagnósticos estadísticos sobre las causas, la frecuencia y las consecuencias de la violencia contra las mujeres, con el fin de evaluar la eficacia de las medidas desarrolladas para prevenir, atender, sancionar y erradicar todo tipo de violencia;

X.           Publicar semestralmente la información general y estadística sobre los casos de violencia contra las mujeres para integrar el Banco Estatal de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres;

XI.         Promover la cultura de denuncia de la violencia contra las mujeres en el marco de la eficacia de las instituciones para garantizar su seguridad y su integridad; y

XII.        Diseñar un modelo integral de atención a los derechos humanos y ciudadanía de las mujeres que deberán instrumentar las instituciones, los centros de atención y los refugios que atiendan a víctimas.

XIII.      Vigilar que los usos y costumbres sociales no atenten contra los derechos humanos de las mujeres.

 

Nota: Se adicionó una fracción XIII mediante decreto 126 de la LXI Legislatura, publicado en el P.O. del gobierno del Estado No. 5502 de fecha 11 de junio de 2014.

 

ARTÍCULO 21.- Se procurará la participación de los sectores público, social y privado, especialmente de los organismos sociales en la formulación, ejecución y evaluación del Programa Estatal.

 

 

TÍTULO CUARTO

DE LA COMPETENCIA EN MATERIA DE PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y
ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA EN CONTRA DE LAS MUJERES

 

CAPÍTULO I

DE LA COMPETENCIA ESTATAL

 

ARTÍCULO 22.- El Gobierno del Estado se coordinará con la Federación para integrar y consolidar el Sistema Nacional y participará en la formulación y ejecución del Programa Nacional.

 

Asimismo, adoptará todas las medidas y acciones previstas en la presente ley para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.

 

ARTÍCULO 23.- Las dependencias y entes públicos estatales previstos en esta ley deberán:

 

I.             Tomar medidas y realizar las acciones necesarias, en coordinación con las demás autoridades del Sistema Estatal, para alcanzar los objetivos previstos en la presente ley;

II.           Ejecutar y dar seguimiento a las acciones del Programa Estatal, con la finalidad de evaluar su eficacia y rediseñar las acciones y medidas para avanzar en la eliminación de la violencia contra las mujeres;

III.          Impulsar la participación de los sectores sociales y privados y de las organizaciones sociales, en la ejecución del Programa Estatal;

IV.         Promover investigaciones sobre las causas y las consecuencias de la violencia contra las mujeres;

V.           Promover una cultura de respeto a los derechos humanos de las mujeres;

VI.         Promover ante las autoridades competentes la adopción de las medidas de protección previstas en esta ley y demás disposiciones aplicables que requiere la mujer que haya sido víctima de violencia;

VII.        Proporcionar a las instancias encargadas de realizar estadísticas, la información necesaria para la elaboración de éstas;

VIII.      Promover programas de información a la población en la materia;

IX.         Recibir de las organizaciones sociales propuestas y recomendaciones sobre la prevención, atención y sanción de la violencia contra mujeres, a fin de mejorar los mecanismos para su erradicación;

X.           Establecer, utilizar, supervisar y mantener todos los instrumentos y acciones encaminados al mejoramiento del Sistema y del Programa Estatales;

XI.         Impulsar la creación de refugios para la atención y protección de las víctimas, conforme al modelo de atención diseñado por el Sistema Estatal;

XII.        Difundir por todos los medios de comunicación el contenido de esta Ley;

XIII.      Celebrar convenios de cooperación, coordinación y concertación con los sectores públicos social y privado en la materia; y

XIV.      Las demás previstas en esta ley y en otras disposiciones aplicables.

 

ARTÍCULO 24.- La Secretaría General de Gobierno tendrá a su cargo:

 

I.             A propuesta del Instituto de la Mujer formular las bases de coordinación entre las autoridades estatales y municipales para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres;

II.           Coordinar y dar seguimiento a las acciones del Gobierno del Estado en materia de protección, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres;

III.          Coordinar y dar seguimiento a los trabajos de promoción y defensa de los derechos humanos de las mujeres, que lleven a cabo las dependencias y entidades de la administración pública estatal;

IV.         Realizar a través del Instituto de la Mujer, un diagnóstico estatal y otros estudios complementarios de manera periódica con perspectiva de género sobre todas las formas de violencia contra las mujeres, en todos los ámbitos, que proporcione información objetiva para la elaboración de políticas gubernamentales en materia de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres;

V.           Derogada;

VI.         Las demás previstas en esta ley y en otras disposiciones aplicables.

 

Nota: Se reformó el primer párrafo y se derogó la fracción V mediante decreto 133 de la LXIII Legislatura, publicado en el P.O.  del gobierno del Estado No. 1183 Tercera Sección de fecha 27 de mayo de 2020.

 

ARTÍCULO 25.- La Secretaría de Desarrollo Social y Humano será la encargada de:

 

I.             Presidir el Sistema Estatal, así como fomentar el desarrollo social desde la visión de protección integral de los derechos humanos de las mujeres con perspectiva de género, para garantizarles una vida libre de violencia;

II.           Formular la política de desarrollo social del Estado considerando el adelanto de las mujeres y su plena participación en todos los ámbitos de la vida;

III.          Promover políticas de igualdad de condiciones y oportunidades entre mujeres y hombres, para eliminar desventajas de género; y

IV.         Las demás previstas en esta ley y demás disposiciones aplicables.

 

Nota: Se reformó el primer párrafo y la fracción I mediante decreto 133 de la LXIII Legislatura, publicado en el P.O. del gobierno del Estado No. 1183 Tercera Sección de fecha 27 de mayo de 2020.

 

ARTÍCULO 26.- La Secretaría de Seguridad Pública, tendrá a su cargo:

 

I.             Diseñar la política integral para la prevención de delitos violentos contra las mujeres, en los ámbitos público y privado;

II.           Procurar la capacitación del personal de la policía que está bajo su mando para atender los casos de violencia contra las mujeres;

III.          Establecer las acciones y medidas necesarias que para la reeducación de la sociedad mediante programas de prevención del delito; y

IV.         Las demás previstas en esta ley y en otras disposiciones aplicables.

 

ARTÍCULO 27.- Corresponderá a la Secretaría de Educación:

 

I.             Promover en las políticas educativas los principios de igualdad, equidad y no discriminación entre mujeres y hombres y el respeto pleno a los derechos humanos;

II.           Desarrollar programas educativos, en todos los niveles de escolaridad, que fomenten la cultura de una vida libre de violencia contra las mujeres, así como el respeto a su dignidad;

III.          Garantizar el derecho de las mujeres a la educación, a la alfabetización y al acceso, permanencia y terminación de estudios en todos los niveles;

IV.         Fomentar el desarrollo de la investigación multidisciplinaria encaminada a crear modelos de detección de la violencia contra las mujeres en los centros educativos;

V.           Incorporar en los programas educativos, en todos los niveles de la instrucción, de competencia estatal, el respeto a los derechos humanos de las mujeres, así como contenidos educativos tendientes a modificar los modelos de conducta social y cultural que impliquen prejuicios y que estén basados en la idea de la inferioridad o superioridad de uno de los sexos y en funciones estereotipadas asignadas a las mujeres y a los hombres;

VI.         Diseñar y difundir materiales educativos que promuevan la prevención y atención de la violencia contra las mujeres;

VII.        Proporcionar acciones formativas a todo el personal de los centros educativos, en materia de derechos humanos de las mujeres y políticas de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres; y

VIII.      Las demás previstas en esta ley y en otras disposiciones aplicables.

 

Nota: Se reformó el primer párrafo mediante decreto 133 de la LXIII Legislatura, publicado en el P.O.  del gobierno del Estado No. 1183 Tercera Sección de fecha 27 de mayo de 2020.

 

ARTÍCULO 28.- Corresponde a la Secretaría de Salud:

 

I.             Diseñar con perspectiva de género, la política de salud, considerando acciones de prevención y atención de la violencia en contra de las mujeres;

II.           Ejecutar con perspectiva de género la política de salud;

III.          Capacitar al personal del sector salud para la detección  de actos de violencia contra las mujeres, así como para la atención de las víctimas;

IV.         Difundir en las instituciones del sector salud, material referente a la prevención y atención de la violencia contra las mujeres;

V.           Canalizar a las víctimas a las instituciones que prestan atención y protección especializada a las mujeres, en su caso;

VI.         Apoyar a las autoridades encargadas de efectuar investigaciones en materia de violencia contra las mujeres, proporcionando la siguiente información:

a)          El número de víctimas que se atiendan en los centros y servicios hospitalarios;

b)          Las situaciones de violencia que sufren las mujeres;

c)          El tipo de violencia por la cual se atendió a la víctima;

d)          Los efectos causados por la violencia en las mujeres; y

e)          Los recursos erogados en la atención de las víctimas.

VII.        Establecer programas y servicios profesionales y eficaces, con horario de veinticuatro horas en las dependencias públicas relacionadas con la atención de la violencia contra las mujeres;

VIII.      Brindar servicios reeducativos integrales a las víctimas y a los agresores, a fin de que logren estar en condiciones de participar plenamente en la vida pública, social y privada;

IX.         Participar activamente, en la ejecución del Programa, en el diseño de nuevos modelos de prevención, atención y erradicación de la violencia contra las mujeres, en colaboración con las demás autoridades encargadas de la aplicación de la presente ley;

X.           Asegurar que en la prestación de los servicios del sector salud sean respetados los derechos humanos de las mujeres;

XI.         Celebrar convenios de cooperación, coordinación y concertación en la materia, y

XII.        Las demás previstas en esta ley y en otras disposiciones aplicables.

 

Nota: Se reformó la fracción VII y se adicionaron las fracciones VIII, IX, X, XI y XII mediante decreto 254 de la LXII Legislatura, publicado en el P.O. del gobierno del Estado No. 0626  Segunda Sección  de fecha 16 de febrero  de 2018.

 

ARTÍCULO 29.- Corresponde a la Fiscalía General del Estado, en materia de violencia en contra de las mujeres:

 

I.             Promover la formación y especialización de Agentes del Ministerio Público y de todo el personal encargado de la procuración de justicia en materia de derechos humanos de las mujeres;

II.           Proporcionar a las víctimas orientación y asesoría para su eficaz atención y protección;

III.          Dictar las medidas necesarias para que la víctima reciba atención médica;

IV.         Brindar a las víctimas o al agresor, en su caso, la información integral sobre las instituciones públicas o privadas encargadas de su atención;

V.           Proporcionar a las instancias encargadas de realizar estadísticas las referencias necesarias sobre el número de víctimas atendidas;

VI.         Brindar protección para salvaguardar la integridad física de las mujeres que denuncien la violencia cometida en su contra; y

VII.        Las demás previstas en esta ley y en otras disposiciones aplicables.

 

Nota: Se reformó el primer párrafo mediante decreto 133 de la LXIII Legislatura, publicado en el P.O.  del gobierno del Estado No. 1183 Tercera Sección   de fecha 27 de mayo de 2020.

 

ARTÍCULO 30.- Corresponde al Instituto de la Mujer del Estado:

 

I.             Fungir como Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal, a través de su titular;

II.           Diseñar, la política integral con perspectiva de género orientada a la prevención, atención, sanción y erradicación de los delitos violentos contra las mujeres;

III.          Coordinar la elaboración del Programa Estatal con las demás autoridades integrantes del Sistema Estatal;

IV.         Formular la propuesta para las bases de coordinación entre las autoridades estatales y municipales para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres;

V.           Realizar el diagnóstico estatal y otros estudios complementarios de manera periódica con perspectiva de género sobre todas las formas de violencia contra las mujeres;

VI.         Organizar y mantener actualizado el Banco Estatal de Datos e Información sobre casos de violencia contra las mujeres en el que se integren, además de los casos señalados, las investigaciones realizadas por los sectores público, social y privado sobre las causas, características y consecuencias de la violencia en contra de las mujeres; las medidas de prevención, atención y erradicación adoptadas en esta materia y las evaluaciones de las mismas, así como la información que generen las instituciones encargadas de promover en el Estado los derechos humanos de las mujeres;

VII.        Proponer a las instancias encargadas de la aplicación de la presente ley, los programas, las medidas y las acciones que se requieran, a fin de erradicar la violencia contra las mujeres;

VIII.      Colaborar con las instituciones del Sistema Estatal en el diseño y evaluación del modelo de atención a víctimas en los refugios;

IX.         Canalizar a las víctimas a programas reeducativos integrales que les permitan participar activamente en la vida pública, privada y social;

X.           Promover y vigilar que la atención ofrecida en las diversas instituciones públicas o privadas, sea proporcionada por especialistas en la materia;

XI.         Difundir a través de diversos medios, los resultados del Sistema Estatal y del Programa Estatal a los que se refiere esta ley; y

XII.        Las demás previstas en esta ley y en otras disposiciones aplicables.

 

CAPÍTULO II

DE LA COMPETENCIA DE LOS MUNICIPIOS

 

ARTÍCULO 31.- Corresponde a los Municipios, en materia de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres:

 

I.             Coordinarse con el Gobierno del Estado en la adopción y consolidación del Sistema Estatal;

II.           Instrumentar y articular, en concordancia con la política estatal, su política orientada a erradicar la violencia contra las mujeres;

III.          Participar en la ejecución y evaluación de las acciones previstas en el Programa Estatal;

IV.         Formular, ejecutar y evaluar el Programa Municipal de Prevención, Atención Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres;

V.           Promover, en coordinación con el Gobierno del Estado, cursos de capacitación a las personas que atienden a víctimas;

VI.         Apoyar la creación de programas de reeducación integral para los agresores;

VII.        Promover programas educativos sobre la igualdad y la equidad entre los géneros para eliminar la violencia contra las mujeres;

VIII.      Apoyar la creación de refugios seguros para las víctimas;

IX.         Llevar a cabo programas de información a la población respecto de la violencia contra las mujeres;

X.           Celebrar convenios de coordinación y concertación con los sectores público, social y privado en la materia a que se refiere esta Ley; y

XI.         Las demás previstas en esta ley y en otras disposiciones aplicables.

                                            

 

TÍTULO QUINTO

DE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN

 

CAPÍTULO ÚNICO

DE LAS ÓRDENES DE PROTECCIÓN

 

ARTÍCULO 32.- Las órdenes de protección son actos de urgente aplicación en función del interés superior de la víctima y son fundamentalmente precautorias y cautelares. Deberán otorgarse por la autoridad competente inmediatamente que conozcan de hechos que impliquen violencia contra las mujeres, en los términos que para tal efecto dispone la legislación Penal del Estado.

 

En materia de violencia política de las mujeres en razón de género, el Instituto Electoral del Estado de Campeche y el Tribunal Electoral del Estado de Campeche, podrán solicitar a las autoridades competentes las medidas a que se refiere el presente capítulo.

 

Nota: Se adicionó un segundo párrafo mediante decreto 133 de la LXIII Legislatura, publicado en el P.O. del gobierno del Estado No. 1183 Tercera Sección de fecha 27 de mayo de 2020.

 

 

TÍTULO SEXTO

DE LA ATENCIÓN A VÍCTIMAS Y DE LOS REFUGIOS

 

CAPÍTULO I

DE LA ATENCIÓN A VÍCTIMAS

 

ARTÍCULO 33.- Las víctimas de cualquier tipo de violencia tendrán los derechos siguientes:

 

I.             Ser tratada con respeto a su integridad y al ejercicio pleno de sus derechos;

II.           Contar con protección inmediata y efectiva por parte de las autoridades;

III.          Recibir información veraz y suficiente que les permita decidir sobre las opciones de atención;

IV.         Contar con asesoría jurídica gratuita y expedita;

V.           Recibir información y atención médica y psicológica;

VI.         Ser aceptada en un refugio, mientras lo necesite;

VII.        Ser valoradas y educadas libres de estereotipos de comportamiento y prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad o subordinación;

VIII.      En los casos de violencia familiar, las mujeres que tengan hijas y/o hijos podrán acudir a los refugios con éstos; y

IX.         Los demás señalados en esta ley y otras disposiciones legales.

 

ARTÍCULO 34.- Las autoridades estatales y municipales, en el ámbito de sus respectivas competencias, según corresponda, deberán adoptar las medidas y acciones necesarias para brindar protección, atención médica psicológica y jurídica y demás servicios que requiera la mujer víctima de violencia, incluyendo su canalización a los refugios cuando necesite de un mayor tiempo para su recuperación.

 

ARTÍCULO 35.- El agresor deberá participar obligatoriamente en los programas de reeducación integral, cuando se le determine por mandato de autoridad competente.

 

CAPÍTULO II

DE LOS REFUGIOS PARA LAS VÍCTIMAS

 

ARTÍCULO 36.- El Estado y los Municipios se coordinarán con los diversos sectores social y privado para impulsar la creación de refugios para la atención a las víctimas de violencia.

 

Los refugios que se constituyan, desde la perspectiva de género tendrán a su cargo:

 

I.             Participar en la aplicación del Programa Estatal;

II.           Velar por la seguridad de las mujeres que se encuentren en ellos;

III.          Proporcionar a las mujeres la atención necesaria para su recuperación física y psicológica, que les permita participar plenamente en la vida pública, social y privada;

IV.         Dar información a las víctimas sobre las instituciones encargadas de prestar asesoría jurídica gratuita;

V.           Brindar a las víctimas la información necesaria que les permita decidir sobre las opciones de atención; y

VI.         Realizar todas aquellas inherentes a la prevención, protección y atención de las personas que se encuentren en ellos.

 

Los refugios deberán contar con la infraestructura adecuada y el personal debidamente capacitado para proporcionar los servicios de protección y atención a las víctimas.

 

En ningún caso podrán laborar en los refugios personas que hayan sido sancionadas por ejercer algún tipo de violencia.

 

En las demarcaciones municipales se instalarán refugios para mujeres víctimas de violencia.

 

Nota: Se adicionó un párrafo quinto mediante decreto 133 de la LXIII Legislatura, publicado en el P.O. del gobierno del Estado No. 1183 Tercera Sección de fecha 27 de mayo de 2020.

 

ARTÍCULO 37.- Los refugios deberán ser lugares seguros para las víctimas, por lo que no se podrá proporcionar su ubicación a personas no autorizadas para acudir a ellos.

 

ARTÍCULO 38.- La permanencia de las víctimas en los refugios durará mientras persista su inestabilidad física, psicológica o su situación de riesgo.

 

ARTÍCULO 39.- En ningún caso se podrá mantener a las víctimas en los refugios en contra de su voluntad.

 

ARTÍCULO 40.- El Gobierno del Estado y los Municipios, con la participación que corresponda de los sectores social y privado, promoverán el establecimiento de mecanismos que permitan proveer de los apoyos necesarios para que los refugios cumplan con su objeto.

 

LEY APROBADA POR UNANIMIDAD Y EXPEDIDA POR DECRETO NÚM. 65, P.O.  3835, 04/JULIO/2007.  LIX LEGISLATURA.

 

T R A N S I T O R I O S

 

PRIMERO.- La presente ley entrará en vigor pleno el día primero de enero del dos mil ocho, previa su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

 

SEGUNDO.- El reglamento de esta ley se expedirá dentro de los noventa días posteriores a la entrada en vigor de este decreto.

 

TERCERO.- El Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, se instalará dentro de los treinta días siguientes a la entrada en vigor de la presente ley.

 

CUARTO.- El Reglamento del Sistema Estatal, se expedirá dentro de los sesenta días siguientes a la fecha de su instalación.

 

QUINTO.- Para los efectos señalados en los transitorios segundo, tercero y cuarto, la presente ley surtirá efectos treinta días después de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

 

SEXTO.- Los recursos que se requieran para dar debido cumplimiento a las disposiciones de esta ley, se cubrirán con cargo al presupuesto autorizado a las dependencias centralizadas y descentralizadas del Gobierno del Estado y de los Municipios, para el presente ejercicio fiscal y los subsecuentes, asimismo no requerirán de estructuras orgánicas y administrativas adicionales por virtud de los efectos de esta misma ley.

 

SÉPTIMO.- Se derogan todas aquellas disposiciones legales y reglamentarias en todo lo que se opongan al contenido del presente decreto.

 

Dado en el Salón de Sesiones del Palacio Legislativo, en la ciudad de San Francisco de Campeche, Campeche, a los diecinueve días del mes de junio del año dos mil siete.

C. Oscar Román Rosas González, Diputado Presidente.- C. Jorge Isaac Brown Filigrana, Diputado Secretario.- C. Gloria Aguilar de Ita, Diputada Secretaria.- Rúbricas.

En cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 48, 49 y 71 fracción XVIII de la Constitución Política del Estado, lo sanciono, mando se imprima, publique y circule para su debida observancia.

 

Dado en el Palacio de Gobierno del Estado, en San Francisco de Campeche, Campeche, a los veintidós días del mes de junio del año dos mil siete.- EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO, C.P. JORGE CARLOS HURTADO VALDEZ.- EL SECRETARIO DE GOBIERNO, M. en D. RICARDO MEDINA FARFAN.- RUBRICAS.

 

 

 

DECRETO No. 254, QUE REFORMÓ LA FRACCIÓN II Y ADICIONÓ LAS FRACCIONES IV, V, VI Y VII AL ARTÍCULO 2 Y, SE ADICIONÓ LOS ARTÍCULOS 2 BIS Y 2 TER, EXPEDIDO POR LA LX LEGISLATURA, PUBLICADO EN P.O.  DEL GOBIERNO DEL ESTADO No. 5119 DE FECHA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2012.

 

T R A N S I T O R I O S

 

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor tres días después de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

 

SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones legales y reglamentarias en lo que se opongan al contenido del presente decreto.

Dado en el Salón de Sesiones del recinto alterno del Congreso del Estado, en la ciudad de San Francisco de Campeche, Campeche, a los veintidós días del mes de agosto del año dos mil doce.- C. Jorge Luis González Curi, Diputado Presidente.- C. Carlos Alberto Arjona Gutiérrez, Diputado Secretario.- C. Ramón Cuauhtémoc Santini Cobos, Diputado Secretario.- Rubricas.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

En cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 48, 49 y 71 fracción XVIII de la Constitución Política del Estado, lo sanciono, mando se imprima, publique y circule para su debida observancia.

 

Dado en el Palacio de Gobierno del Estado, en San Francisco de Campeche, Campeche, a los veintisiete días del mes de agosto del año dos mil doce. EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO, LIC. LIC. FERNANDO EUTIMIO ORTEGA BERNES.- LA SUBSECRETARIA “A” DE GOBIERNO ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO, MTRA. PERLA KARINA CASTRO FARIAS.- RÚBRICAS.

 

 

 

DECRETO 126, QUE REFORMÓ LA FRACCIÓN VI Y ADICIONÓ UNA FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 5,  LA FRACCIÓN XIII AL ARTÍCULO 20 Y UN CAPÍTULO V BIS AL TITULO SEGUNDO,  EXPEDIDO POR LA LXI LEGISLATURA, PUBLICADO EN EL P.O. DEL ESTADO No. 5502 DE FECHA 11 DE JUNIO DE 2014.-

 

TRANSITORIOS

 

PRIMERO.-  El presente decreto entrará en vigor a los tres días siguientes de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

 

SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones legales y reglamentarias que se opongan al contenido del presente decreto.

 

Dado en el Salón de Sesiones del Palacio Legislativo, en la ciudad de San Francisco de Campeche, Campeche, a los tres días del mes de abril del año dos mil catorce. C. Francisco Elías Romellón Herrera, Diputado Presidente.- C. Miguel Ángel García Escalante, Diputado Secretario.- C. Ana María López Hernández, Diputada Secretaria.

 

 

 

DECRETO 255, QUE REFORMÓ LA FRACCIÓN VII Y  ADICIONÓ UNA FRACCIÓN VIII AL ARTÍCULO 5, EXPEDIDO POR LA LXI LEGISLATURA, PUBLICADO EN EL P.O. DEL GOBIERNO DEL ESTADO NO. 5778 DE FECHA 21 DE JULIO DE 2015.

 

TRANSITORIOS

 

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor quince días después de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

 

SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones legales y reglamentarias que se opongan al contenido del presente decreto.

 

Dado en el Salón de Sesiones del Palacio Legislativo, en la ciudad de San Francisco de Campeche, Campeche, a los veinticinco días del mes de junio del año dos mil quince.

 

C. José Adalberto Canto Sosa, Diputado Presidente.-, C. José Eduardo Bravo Negrín Diputado Secretario.-, C. Oscar Eduardo Uc Dzul Diputado Secretario.- Rúbricas.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

DECRETO 254, QUE REFORMÓ EL ARTÍCULO 16 TER; LA FRACCIÓN VII Y SE ADICIONÓ LAS FRACCIONES VIII, IX, X, XI Y XII AL ARTÍCULO 28, EXPEDIDO POR LA LXII LEGISLATURA, PUBLICADO EN EL PERIÓDIO OFICIAL DEL ESTADO No. 0626 SEGUNDA SECCIÓN DE FECHA 16 DE FEBRERO DE 2018.

 

TRANSITORIOS

 

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor a los tres días siguientes al de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

 

SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones legales que se opongan al presente decreto.

 

Dado en el Salón de Sesiones del Palacio Legislativo, en la ciudad de San Francisco de Campeche, Campeche, a los seis días del mes de febrero del año dos mil dieciocho.

 

C. Carlos Ramiro Sosa Pacheco, Diputado Presidente.- C. Marina Sánchez Rodríguez Diputada Secretaria.- C. María del Carmen Pérez López Diputada Secretaria.- Rúbricas.- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

DECRETO 133, QUE REFORMÓ LAS FRACCIONES VI Y VIII DEL ARTÍCULO 5; LA DENOMINACIÓN DEL CAPÍTULO V BIS “DE LA VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA LAS MUJERES” DEL TÍTULO SEGUNDO PARA QUEDAR COMO “DE LA VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA LAS MUJERES EN RAZÓN DE GÉNERO”; LOS ARTÍCULOS 16 BIS Y 18; EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 24; EL PRIMER PÁRRAFO Y LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 25; EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 27 Y EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 29; ASÍ COMO SE ADICIONA UNA FRACCIÓN IX AL ARTÍCULO 5; LOS PÁRRAFOS SEGUNDO Y TERCERO AL ARTÍCULO 9; UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 32 Y UN PÁRRAFO QUINTO AL ARTÍCULO 36 Y, SE DEROGA LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 24 TODOS DE LA LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DEL ESTADO DE CAMPECHE, EXPEDIDO POR LA LXIII LEGISLATURA, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO No. 1183 TERCERA SECCIÓN DE FECHA 27 DE MAYO DE 2020.

 

TRANSITORIOS

 

Primero.- El presente decreto entrará en vigor a los tres días después de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

 

Segundo.- Los municipios del Estado, en la medida de sus posibilidades deberán hacer ajustes presupuestarios necesarios para la aplicación de lo dispuesto en el párrafo quinto del artículo 36 del presente decreto.

 

Tercero.- Se derogan todas las disposiciones legales y reglamentarias del marco jurídico estatal, en lo que se opongan al contenido del presente decreto.

 

Dado en el Salón de Sesiones del Palacio Legislativo, en la ciudad de San Francisco de Campeche, Campeche, a los veintiséis días del mes de mayo del año dos mil veinte.

 

C. Celia Rodríguez Gil, Diputada Presidenta.- C. Rigoberto Figueroa Ortiz Diputado Secretario.- C. Óscar Eduardo Uc Dzul, Diputado Secretario.- Rúbricas.- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

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